La conducción nacional de la Unión Cívica Radical, encabezada por Leonel Chiarella, resolvió rechazar el proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional y solicitó a sus senadores votar en contra en el Senado. La decisión complica la estrategia de La Libertad Avanza para obtener los 37 votos necesarios para la media sanción, mientras el oficialismo continúa negociando apoyos entre bloques provinciales y persisten dudas sobre la realización de la sesión prevista para el 6 de agosto. El Comité Nacional fundamentó su postura en la defensa de la soberanía, el control de las fronteras y los recursos estratégicos, al considerar que la iniciativa elimina los límites vigentes para la adquisición de tierras.
La conducción nacional de la Unión Cívica Radical resolvió fijar una posición contraria al proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional y solicitó a sus senadores que voten en contra de la iniciativa cuando sea tratada en la Cámara alta. La decisión fue adoptada por el Comité Nacional, presidido por Leonel Chiarella, en medio de las negociaciones parlamentarias previas a la sesión prevista para el 6 de agosto, cuya realización permanece en duda por la falta de los apoyos necesarios para otorgar media sanción al proyecto.
El Comité Nacional comunicó oficialmente su rechazo a la propuesta y, de acuerdo con la información difundida, su presidente mantuvo reuniones con cada uno de los senadores radicales para transmitir el posicionamiento partidario. El objetivo de esos encuentros fue procurar que el bloque mantenga una postura unificada frente a una iniciativa considerada estratégica por el oficialismo nacional.
Desde sectores cercanos a las conversaciones internas señalaron que existe un vínculo permanente entre la conducción partidaria y los bloques legislativos. «Hay buen diálogo de Chiarella con los bloques tanto en Diputados como en el Senado», afirmaron. «Desde hace unas semanas que se está conversando. Peteco —por Eduardo Vischi, presidente del bloque— participó de la mesa nacional. Hay buen diálogo», precisaron.
El Comité Nacional también transmitió a los integrantes de la bancada radical los fundamentos de su rechazo al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo e instó formalmente a votar en contra durante el tratamiento legislativo. En concreto, la definición marca una estrategia destinada a consolidar una mayoría opositora que impida la aprobación de la iniciativa en el Senado.
POSICIONES DENTRO DEL BLOQUE RADICAL
Desde la conducción partidaria explicaron que «hay tres sectores: unos que ya hasta lo dijeron públicamente, otros que están en veremos y un tercero que apoya la provincialización. Estamos tratando de convencer a los últimos dos sectores». Hasta el momento, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente que votarán en contra, mientras otros siete legisladores aún no definieron su postura.
El desarrollo de esas negociaciones modificó el escenario parlamentario previsto por el oficialismo. De acuerdo con fuentes legislativas, la existencia de un número creciente de senadores radicales inclinados por el rechazo redujo las posibilidades de reunir la mayoría necesaria para avanzar con la media sanción del proyecto.
En ese contexto, dirigentes radicales expresaron su expectativa de ampliar el número de votos negativos. «Nosotros queremos sumar más senadores por la negativa, hasta ahora hay tres pero podría haber alguno más. Con esto ya vemos muy difícil su aprobación», expresaron desde el partido centenario.
Escenario parlamentario
Mientras la Unión Cívica Radical consolida su rechazo al proyecto, La Libertad Avanza continúa buscando respaldos entre los bloques provinciales para alcanzar la mayoría requerida en el Senado. Sin embargo, las negociaciones presentan mayores dificultades en provincias fronterizas y en aquellas que cuentan con extensas superficies lacustres o recursos estratégicos vinculados a la tierra.
En el Palacio Legislativo, el oficialismo no logró reunir hasta el momento los treinta y siete votos necesarios para aprobar la iniciativa. Esa situación mantiene abierta la incertidumbre respecto de la posibilidad de concretar la sesión convocada para el 6 de agosto, ya que la falta de apoyos suficientes compromete el tratamiento del proyecto.
El texto legislativo atravesó sucesivas modificaciones desde su ingreso al Congreso y, de acuerdo con fuentes consultadas, ya acumularía quince versiones distintas. A pesar de esos cambios, el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich, integrado por veintiún senadores, todavía no alcanza la cantidad de votos requerida para avanzar con la media sanción.
En ese escenario, la definición que adopten los senadores pertenecientes a bloques provinciales adquiere una relevancia central para el futuro de la iniciativa. El comportamiento de esos espacios legislativos aparece como uno de los factores decisivos para determinar si el proyecto podrá ser tratado o si su discusión deberá postergarse.
¿Rebelión radical preelectoral?
En su comunicado oficial, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical sostuvo que «la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra» y expresó que rechaza el proyecto porque elimina límites considerados «razonables» y «compromete la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país».
Como parte de los argumentos expuestos durante las deliberaciones internas, dirigentes radicales señalaron que analizaron la legislación vigente en distintos países. «Nosotros hicimos un relevamiento de la postura de los EEUU, Australia, Francia y Brasil, que en el primero de los casos es el país referencia de este gobierno y en los otros casos son países de estructura similares a la Argentina. En la mayoría de los casos actualizaron sus normas en los últimos 24 meses. Estados Unidos lo tiene prohibido y el resto le pone límites. El Gobierno acá busca eliminar los límites y la tierra es algo finito, una vez que se vende ya no hay vuelta atrás», afirman.
Durante las reuniones encabezadas por la conducción partidaria también se debatió el alcance económico de la propuesta. «Todos son beneficios para los extranjeros, no hay nada para los productores locales que siguen pagando retenciones e impuestos. Pero no solo para los extranjeros sino para aquellos con capital, porque por un lado se les busca dar beneficios para comprar tierras pero a otros se les pide que paguen la salud y la educación. En este esquema, ¿a quién apunta la norma?», indicaron.