El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía del oficial ayudante Job Emanuel Iturri, el policía que en abril había abierto fuego dentro de la comisaría de Colonias Unidas e hirió en el brazo a un compañero. La medida se formalizó mediante el Decreto N° DEC-2026-1804-APP-CHACO, firmado por el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, y fue comunicada este martes a toda la fuerza a través de un radiograma urgente de la Dirección de Personal de la Policía del Chaco.
El decreto responde a la comisión de faltas gravísimas previstas en el artículo 98 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, entre ellas «ebriedad calificada y sustancias psicoactivas» y conductas caratuladas como contrarias al honor policial e infidelidad en el servicio. La resolución también invoca faltas graves por incumplimiento a la ética profesional, agravadas por las circunstancias previstas en el artículo 81 del mismo reglamento.
El episodio que dio origen al expediente había ocurrido el 28 de abril, cuando Iturri efectuó al menos ocho disparos contra la guardia de prevención dentro de la propia comisaría de Colonias Unidas. Uno de los tiros impactó en el brazo del agente Lucas Gómez, que fue trasladado de urgencia al Hospital Perrando, derivado luego al Sanatorio Chaco Centro y recibió el alta médica días después.
Tras el hecho, Iturri fue suspendido preventivamente con retención de haberes y permaneció detenido en el marco de la investigación judicial. Recuperó la libertad el 12 de mayo por disposición de la Justicia y, como la normativa vigente limita a veinte días la suspensión de los oficiales subalternos, la fuerza dispuso su reincorporación administrativa a partir del 18 de mayo. Sin embargo, no obtuvo el apto médico necesario para volver a prestar servicio y quedó afectado a un tratamiento por afección toxicológica, sin arma reglamentaria ni tareas operativas.
El decreto firmado esta semana pone fin a esa situación de manera definitiva: Iturri deja de pertenecer a la fuerza policial. La norma establece además que la Policía deberá recabar informes periódicos sobre la causa penal que investiga el episodio y adoptar las medidas correspondientes en caso de que recaiga una eventual sentencia condenatoria, que continúa su trámite en la Justicia provincial.