El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido y que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa.
A partir de esa pista, el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación.
El expediente derivó en una hipótesis de lavado de activos, publicó el portal judicial Litigio: para la Fiscalía, parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal a través de distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de una cadena de gimnasios de características premium.
LOS LUGARES ALLANADOS
Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido de Sabadini.
Participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de contadores, peritos informáticos, personal de Arca y funcionarios de la Unidad Fiscal Resistencia.
Los allanamientos alcanzaron una serie de domicilios particulares, sucursales de la cadena Exxen, inmuebles vinculados a la actividad comercial y concesionarias de automóviles, tanto en Resistencia y otras localidades del Chaco como en Corrientes.
En Resistencia, los procedimientos se realizaron en domicilios ubicados en Entre Ríos 309, Mitre 709 y San Buenaventura 30, además de distintos establecimientos comerciales. Entre ellos se encuentran las sucursales Exxen Illia de Arturo Illia 457; Exxen Santiago de Santiago del Estero 1443; Exxen Las Heras de avenida Las Heras 750; Exen Club, ubicado en el Paseo Libertad, en la colectora de la ruta nacional 16 y avenida Sabín; y Exxen Barranqueras de Brown 4285.
También fueron allanados inmuebles vinculados con Clinis Automotores, ubicados sobre avenida Mac Lean 520 y 550, este último correspondiente al galpón de la concesionaria, y en Gobernador Rolando Tauguinas 196, en la colectora de la ruta nacional 16, en Nicolás Avellaneda.
En Pampa del Infierno, los procedimientos alcanzaron un domicilio ubicado en calle Alvear 23 y la sucursal Exen Pampa, situada sobre Belgrano S/N.
En tanto, en la ciudad de Corrientes fueron allanados un departamento ubicado en Chaco 904, segundo piso, y el inmueble de Mendoza 970, correspondiente al edificio del Hotel Guaraní, donde se proyectaba la instalación de la sucursal Exxen Guaraní.
LA EXPANCIÓN
Uno de los principales puntos sobre los que avanzó la investigación fue el crecimiento de Exxen. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con siete establecimientos.
Para Sabadini, la velocidad de ese crecimiento y el dinero destinado al equipamiento y las obras no encontrarían correspondencia con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo investigado.
«Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado», sostuvo el fiscal en su requerimiento, según informó Fiscales, web oficial de la Procuración General de la Nación.
La fiscalía puso especial atención en las inversiones realizadas para poner en funcionamiento los gimnasios, sus instalaciones y el equipamiento adquirido. La hipótesis es que esos establecimientos podrían haber funcionado como una vía para incorporar fondos de origen ilícito al circuito formal.
La Policía del Chaco realizó un inventario físico de las máquinas y estructuras existentes y tomó como referencia los valores proporcionados por el fabricante y los precios publicados en su catálogo.
De acuerdo con esa estimación, el equipamiento de las cinco sedes tendría un valor aproximado de USD1.434.241.
Pero el dato que llamó la atención de los investigadores surgió al comparar esa valuación con las facturas de compra. Para las cuatro sucursales de Resistencia y la sede de Barranqueras, el valor estimado del equipamiento alcanzó los USD989.793, mientras que las facturas relevadas representaban unos USD407.743.
La diferencia calculada por la investigación fue de aproximadamente USD582.049, equivalente al 58% del activo fijo relevado.
Para la Fiscalía, esa diferencia constituye uno de los elementos que deben ser profundizados para determinar el origen de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes.
LA HIPÓTESIS
La acusación sostiene que las siete personas imputadas habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito.
El posible origen de esos fondos es uno de los aspectos centrales de la investigación. En la imputación, la Fiscalía atribuyó a los acusados haber puesto en circulación fondos posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública.
La hipótesis se conecta directamente con el comienzo del expediente, ya que la información aportada por el arrepentido había relacionado al grupo familiar investigado con una organización narcocriminal que ya era investigada por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.
Según Sabadini, las sociedades investigadas podrían haber sido utilizadas para concretar la denominada fase de integración del lavado de activos. En ese contexto, el fiscal cuestionó especialmente la «vertiginosa y simultánea inyección de capitales en equipamiento e infraestructura edilicia».
MÁS BAJO LA LUPA
La investigación no se limitó a los gimnasio, también analizaron movimientos bancarios, billeteras virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales, registros de vehículos e inmuebles, información tributaria y movimientos migratorios.
En su requerimiento, Sabadini señaló que también se detectaron adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y un nivel de vida que, según la Fiscalía, no se correspondería con los perfiles económicos declarados.
Nicolás Clinis, CEO de Exxen Gym, implicado en la causa
«Se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios», sostuvo el fiscal, quien también hizo referencia a la estética, el lujo y las prestaciones de los establecimientos.
Los allanamientos también dejaron al descubierto la presencia de equipamiento destinado a la minería de criptomonedas.
Uno de los lugares señalados fue el inmueble ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con el grupo Exxen. Allí, además, personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica. Se encontraron irregularidades eléctricas similares en el gimnasio ubicado en Arturo Illia y en la sede de Santiago del Estero.
TRES DETENIDOS HASTA AHORA
La causa tiene siete personas imputadas: cinco hombres y dos mujeres. La fiscalía solicitó la detención de cinco de ellos por considerar que existían riesgos procesales vinculados con el peligro de fuga y el posible entorpecimiento de la investigación.
Hasta el momento fueron detenidos Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane. En tanto, Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, quienes también tienen orden de detención, se encontrarían fuera del país.
Según fuentes judiciales, estarían en Brasil y del Paraguay, donde desarrollarían actividades vinculadas al mundo del fitness y el cuidado de la salud. Ante esta situación, la Fiscalía Federal de Resistencia solicitó la captura internacional de ambos pedidos que fueron refrendados por la jueza Niremperger.
Las otras dos personas imputadas, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek, permanecen en libertad, aunque quedaron formalmente notificadas de la acusación.
Ahora, buena parte de esos elementos deberá ser sometida a análisis contable, financiero e informático. El objetivo será determinar si las inversiones realizadas, las operaciones comerciales y los bienes adquiridos pueden ser explicados mediante ingresos lícitos o si, como sostiene provisoriamente la fiscalía, forman parte de una estructura destinada a introducir dinero de origen delictivo en la economía formal.