El conflicto universitario volvió a expresarse ayer en el Chaco con una jornada que reunió el reclamo de docentes y no docentes de las universidades nacionales con el de trabajadores del sistema científico.
En Resistencia, organizaciones de ambos sectores confluyeron al mediodía en una protesta en la zona de las avenidas Castelli y Las Heras, mientras la discusión por salarios y financiamiento volvió a poner en el centro el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde Codiunne, su secretaria general, Marisu Liwsky, advirtió que la convocatoria del gobierno nacional a una paritaria para el 1 de septiembre no alcanza para resolver el conflicto, porque la negociación salarial de este año no reemplaza la recomposición correspondiente a las pérdidas acumuladas durante 2024 y 2025.
La jornada formó parte del paro nacional de 24 horas convocado en las universidades públicas y coincidió con las acciones previstas por trabajadores del sistema nacional de ciencia y técnica.
En el Chaco, esa confluencia tuvo una característica particular: Codiunne ya tenía programada una actividad junto con los sectores científicos y decidió incorporar el reclamo universitario a esa protesta. «En realidad es un paro que salió por la ventana», describió Liwsky a Radio Facundo Quiroga, al explicar cómo se resolvió la medida, y cuestionó el peso que tuvo la Universidad de Buenos Aires (UBA) en su convocatoria.
«Nosotros ya teníamos previsto coordinar acciones con la Jornada Nacional de Ciencia y Técnica y en defensa de la soberanía de la ciencia, empalmamos y nos adherimos a la jornada de lucha con la universidad», explicó.
La protesta local se realizó al mediodía en la rotonda de Castelli y Las Heras, en las inmediaciones de dependencias universitarias y del Conicet donde se pudo ver a los trabajadores con banderas solicitando a los conductores que suenen sus cláxones en apoyo al reclamo.
Los organizadores convocaron a participar con banderas y camisetas argentinas como forma de representar la defensa de la ciencia nacional y la universidad pública.
mirada desde
el Nordeste
La discusión sobre la modalidad de la protesta dejó además al descubierto diferencias dentro del propio movimiento gremial universitario. Liwsky cuestionó lo que considera una mirada excesivamente centralizada en Buenos Aires al momento de definir medidas que luego se trasladan al conjunto de las universidades nacionales. «Critico el centralismo desde los unitarios y federales. Somos de la Liga Federal», resumió.
Según relató, Codiunne planteó durante el plenario realizado el lunes que ya existían actividades programadas en las provincias y que una convocatoria definida desde la UBA no podía desconocer las particularidades de las demás universidades.
La dirigente señaló que las necesidades salariales «son las mismas con distintas condiciones externas». A modo de ejemplo, sostuvo que quienes viven en Buenos Aires tienen una mayor variedad de ofertas y posibilidades para buscar precios que las existentes en otras regiones del país.
Sin embargo, marcó tres problemas que atraviesan a todo el sistema: los salarios, los recursos para funcionamiento y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
«Lo que sí es lo mismo es el sueldo, lo que sí también es lo mismo es la misma situación, no están pasando los fondos para gastos de funcionamiento y lo que es lo mismo es el mismo enojo», afirmó.
Una ley que cumple 300 días
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario constituye para Codiunne el principal punto pendiente en la relación entre el gobierno nacional y las universidades.
Liwsky señaló que la próxima semana se cumplirán 300 días desde la aprobación de la norma sin que se hayan instrumentado los mecanismos reclamados por las organizaciones universitarias.
La dirigente recordó que la ley obtuvo una amplia mayoría legislativa y posteriormente resistió el veto presidencial, pero cuestionó que su aplicación haya quedado suspendida mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
«Lo que prevé la Ley de Financiamiento Universitario es recuperar todo lo perdido en 2024-2025, en salario, en becas y en presupuesto de las universidades, que perdimos muchísimo», explicó Liwsky.
Ese punto es, precisamente, el que los sindicatos diferencian de la negociación paritaria correspondiente a este año.
convocatoria
en el plenario
Mientras los representantes sindicales estaban reunidos el lunes, el Ministerio de Capital Humano comunicó la convocatoria a una nueva reunión paritaria para el próximo 1 de septiembre.
La noticia fue recibida como la apertura de una instancia de negociación, aunque Codiunne mantiene expectativas moderadas sobre sus posibles resultados.
Liwsky explicó que la paritaria debe abordar los salarios correspondientes a 2026, mientras que el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario arrastra una deuda anterior.
De allí que, para los gremios, una negociación no pueda sustituir a la otra. «Estaba la expectativa de que, independientemente de la paritaria, porque la paritaria es para fondos para salarios de 2026, lo que prevé la Ley de Financiamiento Universitario es recuperar todo lo perdido en 2024-2025», insistió.
La dirigente cuestionó además el argumento oficial sobre la falta de recursos necesarios para aplicar la norma. Recordó que cuando se alcanzó el acuerdo del 10 de junio los fondos destinados a las universidades aparecieron desde el Tesoro nacional.
Según su interpretación, aquello demostró que existe la posibilidad de financiar al sistema cuando el Gobierno decide hacerlo. «Aparecen fondos porque estaban muy complicados con el enojo que había para desactivar el conflicto que iba creciendo, pero ahora no hay fondos para aplicar la ley», cuestionó.
«Ojalá nos sorprenda»
Liwsky reconoció que la apertura de la instancia paritaria podría generar una oportunidad para avanzar, aunque señaló que las expectativas de Codiunne son bajas.
Según explicó, ya estaba previsto para septiembre un incremento del 3%, porcentaje que los sindicatos consideran insuficiente frente a la inflación y el deterioro acumulado del poder adquisitivo.
«Las expectativas no son muchas porque ya está acordado que para septiembre tenían que disponer el 3%, pero no está por alcanzar», sostuvo y agregó: «Vamos a ver, ojalá que nos sorprenda el Gobierno, esa capacidad de sorprendernos todavía no la perdimos».
Mientras esperan la reunión, el plan de lucha continuará. La próxima semana estarán previstas jornadas de protesta y visibilización que incluirán abrazos simbólicos a las universidades, volanteadas y clases públicas.
Las organizaciones buscarán aprovechar esas actividades para volver a instalar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario cuando se cumplan aproximadamente 300 días de su aprobación.
Codiunne anticipó además que, si no existen avances, hacia la semana del próximo 24 o la siguiente podrían definirse nuevas medidas de fuerza. «Es probable que tengamos medidas donde haya paros de 24 y 48 horas», adelantó Liwsky.
La discusión en la Justicia
Otro componente del conflicto es la judicialización de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Liwsky sostuvo que existe una medida cautelar firme y que los gremios esperan una resolución judicial que obligue al Gobierno nacional a cumplir con la legislación.
La dirigente cuestionó que una norma aprobada por el Congreso pueda quedar suspendida mediante un decreto y consideró que esa decisión vulnera los mecanismos institucionales.
También señaló que las liquidaciones correspondientes a julio y agosto no contemplaron todavía los fondos que, según la interpretación sindical de la cautelar, deberían incorporarse.
El reclamo universitario combina así tres dimensiones: la negociación salarial de 2026, la recuperación de lo perdido durante los dos años anteriores y la discusión presupuestaria que alcanza a becas y funcionamiento de las casas de altos estudios.
El Gobierno dice que cumple
Desde el Ministerio de Capital Humano rechazaron las acusaciones de los gremios y cuestionaron la medida de fuerza. La cartera que conduce Sandra Pettovello calificó el paro como «ilegítimo» y atribuyó su realización a motivaciones políticas. Desde el Gobierno nacional aseguraron además que se encuentran al día las transferencias correspondientes al sistema universitario.
Capital Humano sostiene que, por medio de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se cumplen las obligaciones relacionadas con salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. El Ejecutivo también reivindicó el acta paritaria firmada el 10 de junio y afirmó que los incrementos acordados se están abonando según los montos y plazos establecidos.
Para los gremios, sin embargo, el cumplimiento de ese acuerdo no responde al reclamo relacionado con la pérdida salarial de 2024 y 2025. Esa diferencia explica por qué la convocatoria para el 1 de septiembre no consiguió desactivar las medidas.