La crisis del transporte público del área metropolitana volvió a ser tratado en la Legislatura. La Comisión de Industria, Comercio y Defensa del Consumidor, Transporte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados resolvió convocar nuevamente al subsecretario de Transporte del Chaco, José Luis Picaluk, para que concurra el próximo 1 de septiembre y exponga sobre la situación que atraviesa el sistema.
Se trata del tercer llamado al funcionario provincial realizado en el marco de las reuniones que la comisión viene manteniendo con los diferentes actores del Sistema de Transporte del Área Metropolitana (SITAM). La nueva citación fue resuelta después de que los diputados recibieran esta semana a representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Chaco, que llevaron a la Legislatura la preocupación de los trabajadores ante el deterioro del servicio y las dificultades económicas de las empresas.
Picaluk es, hasta el momento, uno de los principales responsables del sistema que no concurrió a las reuniones convocadas por la comisión. Por el cuerpo legislativo ya pasaron representantes empresarios y ahora lo hizo el sindicato de los choferes, mientras los diputados buscan completar el panorama con la posición del Ejecutivo provincial.
La presidenta de la comisión, Katia Blanc, cuestionó esa ausencia y sostuvo que la Legislatura pretende actuar como instancia de diálogo entre los sectores involucrados. “Tenemos que ser el puente entre los trabajadores, las pymes chaqueñas, empresas de colectivos, y el Gobierno provincial”, afirmó.
La legisladora también cargó contra las políticas que, a su entender, profundizaron las dificultades del sector. “Tenemos un gobierno provincial y un gobierno nacional que les dan la espalda a nuestras pymes chaqueñas del transporte y a los usuarios”, sostuvo Blanc.
el foco en los
puestos de trabajo
Durante la reunión, el secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, planteó ante los diputados que alrededor de 700 familias dependen actualmente de la actividad del transporte en el área metropolitana. Advirtió además que las dificultades no se limitan al Gran Resistencia, sino que alcanzan a empresas que prestan servicios en distintas localidades del interior provincial.
“Buscamos preservar el sistema y las fuentes de trabajo”, señaló Abraham al explicar la posición que viene manteniendo el sindicato frente a la crisis.
El dirigente gremial indicó que los trabajadores realizaron concesiones para evitar que las dificultades empresarias terminaran provocando una mayor pérdida de puestos laborales. En ese sentido, señaló que ante los procedimientos preventivos de crisis iniciados por ERSA y TCM se aceptaron transitoriamente salarios inferiores con el objetivo de sostener la actividad.
La preocupación de la UTA se produce en un escenario atravesado por problemas empresariales, interrupciones de servicios y conflictos salariales. Abraham vinculó buena parte del deterioro del sistema con la eliminación de los subsidios nacionales y del Fondo Compensador para el transporte público del interior del país a comienzos de 2024.
El gremialista también planteó ante los legisladores las dificultades que provocaron las demoras en el pago de salarios y aguinaldos y reclamó respuestas del Gobierno provincial frente a una situación que, según señaló, termina afectando tanto a los trabajadores como a los usuarios.
La cuestión salarial se convirtió así en uno de los componentes de un problema más amplio: empresas que aseguran no poder sostener los costos de funcionamiento, trabajadores que buscan conservar sus empleos y pasajeros que sufren las consecuencias cuando disminuyen frecuencias o directamente dejan de circular determinadas líneas.
Una crisis que ya
llegó a los barrios
La comisión legislativa viene siguiendo la situación desde julio, cuando la suspensión de algunos servicios dejó a sectores del Gran Resistencia sin conexión directa mediante transporte público.
En aquel momento, Blanc había advertido que “el ahogamiento de las pymes también llegó al sector del transporte público” y reclamó la intervención del Estado provincial para sostener una actividad que constituye un servicio esencial para miles de personas.
La interrupción de recorridos de algunas líneas obligó a usuarios de distintos barrios a caminar varias cuadras para encontrar servicios alternativos y puso nuevamente en discusión la frecuencia, cobertura y sustentabilidad económica del sistema metropolitano.
El conflicto también derivó en presentaciones empresarias para avanzar con procedimientos preventivos de crisis, mientras la Legislatura comenzó una ronda de consultas con los distintos sectores involucrados.
Por la comisión ya pasaron referentes de empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor (FATAP). Esta semana fue el turno de los trabajadores representados por la UTA. La expectativa de los legisladores está puesta ahora en que el 1 de septiembre finalmente concurra Picaluk y permita incorporar al debate las explicaciones y perspectivas de la autoridad provincial de Transporte.
Otro de los cuestionamientos planteados por Blanc apunta al funcionamiento del Ente Regulador del Transporte (Enretra), organismo en el que confluyen representantes provinciales y municipales y cuya intervención considera necesaria para ordenar la discusión sobre la prestación del servicio.