El senador nacional Jorge Capitanich expuso en la reunión plenaria de las Comisiones de Ambiente y Legislación General del Senado sobre su proyecto de Ley de Activos Financieros Ambientales. La iniciativa propone crear un marco para identificar, certificar y valorizar los servicios que generan los ecosistemas argentinos y convertir ese valor ambiental en una herramienta de financiamiento y desarrollo.
“Buscamos transformar el valor de nuestros recursos ambientales en una herramienta concreta para el desarrollo. Tiene una importancia estratégica para la República Argentina”, sostuvo Capitanich durante su exposición.
El proyecto, denominado “Marco regulatorio para la emisión y desarrollo de activos financieros ambientales”, propone establecer un sistema para identificar y certificar servicios ecosistémicos verificados, asignarles un valor y generar mecanismos para su representación digital y eventual comercialización en mercados de capitales.
El objetivo es promover la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad, generando al mismo tiempo incentivos económicos para quienes contribuyen a mantener las funciones de los ecosistemas.
La iniciativa alcanza a los ecosistemas del territorio argentino, incluyendo bosques nativos, humedales, glaciares, selvas, estepas, esteros y zonas marinas y de montaña, tanto de titularidad pública como privada.
Diagnóstico
El punto de partida del proyecto es un diagnóstico: Argentina posee un patrimonio natural diverso que genera servicios ecosistémicos de importancia para la vida y para la economía, pero buena parte de ese valor no tiene actualmente una remuneración económica directa.
Capitanich señaló que “la falta de incentivos económicos directos ha llevado a la degradación de los activos ambientales, lo que afecta el derecho constitucional de un ambiente sano”.
“Se puede considerar a los países en desarrollo como acreedores ambientales, ya que sus ecosistemas brindan sostenibilidad a la economía mundial”, en un contexto global de riesgo sistémico en cuanto al cambio climático y el calentamiento del planeta.
Capitanich explicó que el proyecto impulsado propone pasar de un modelo de conservación punitivo a uno de incentivos financieros basado en tecnología moderna, bajo una enfoqué ecosistémico: “quien conserva, restaura o ayuda a mantener funciones ecosistémicas, recibe incentivos económicos”.
¿Qué propone el proyecto?
El marco regulatorio contempla mecanismos de retribución por los servicios ecosistémicos generados en el territorio nacional mediante un sistema de emisión y colocación de Activos Financieros Ambientales.
El proyecto define como servicios ecosistémicos, entre otros, la mitigación de emisiones, la regulación hídrica, la conservación de suelos, la biodiversidad y la belleza paisajística. Estos servicios forman parte de los flujos generados por el capital natural y constituyen beneficios esenciales para la vida y la economía.
Los Activos Financieros Ambientales serían unidades digitales representativas de certificados o derechos sobre servicios ecosistémicos previamente verificados. Para su emisión se contempla una certificación previa y monitoreo geoespacial periódico o continuo, mientras que la Comisión Nacional de Valores tendría a su cargo el control de la emisión y oferta pública.
Uno de los componentes innovadores de la iniciativa es la incorporación de la tokenización ambiental, entendida como la representación digital de servicios ambientales certificados mediante tecnología blockchain.
El proyecto incorpora además criterios de transparencia, trazabilidad, verificabilidad e integridad ambiental, con el objetivo de garantizar que los activos estén respaldados por servicios ecosistémicos efectivamente certificados y evitar la doble contabilización.
La valoración de los servicios estaría a cargo de la autoridad de aplicación, de acuerdo con estándares de la Contabilidad Económica Ambiental de Naciones Unidas, e incluiría mecanismos de validación nacional e internacional y revalidaciones periódicas.
A partir de la sanción de la norma, se verán beneficiados personas humanas y jurídicas, y comunidades indígenas y rurales, que tengan el compromiso formal de conservación y manejo sostenible del ambiente, tanto en propiedades privadas, públicas y comunitarias.
Capitanich señaló que “los destinos de los fondos obtenidos en la colocación de activos financieros ambientales deberían destinarse a la infraestructura crítica regional, la regularización dominial y seguridad jurídica de la tierra, manejo sostenible para productores locales y comunidades originarias, a proyectos productivos orgánicos/artesanales y turismo ecológico, al monitoreo y fiscalización ambiental, y pagos directos a beneficiarios”.
Por último, sostuvo que “se habilita la posibilidad de constituir fideicomisos públicos provinciales-nacionales, con rendición anual auditada”, y que el incentivo del proyecto está dado por exenciones impositivas de hasta 10 años para las inversiones en activos financieros ambientales.