El abogado penalista Miguel Barceló advirtió sobre posibles planteos de inconstitucionalidad, cuestionó la falta de infraestructura penitenciaria y sostuvo que la solución debería centrarse en agilizar las causas y mejorar los procedimientos policiales.
El abogado penalista Miguel Barceló cuestionó la recientemente aprobada Ley de Reiterancia del Chaco y sostuvo que la reforma no pondrá fin a la denominada “puerta giratoria”. Según advirtió, su aplicación podría incrementar la cantidad de personas detenidas, profundizar el hacinamiento carcelario y generar numerosos planteos judiciales.
Durante una entrevista concedida a Radio X5, el letrado puso en duda que la modificación del Código Procesal Penal provincial produzca una reducción concreta de los delitos. También señaló que el Estado no cuenta actualmente con la infraestructura, el personal ni los recursos necesarios para afrontar un eventual crecimiento de la población alojada en comisarías y cárceles.
“Estamos generando un problema de superpoblación carcelaria que se va a producir en los próximos meses. Antes de fin de año vamos a tener un problema grave porque no tenemos la infraestructura”, pronosticó.
“Es un maquillaje para mostrar que se está haciendo algo”
Barceló consideró que la reforma ofrece una respuesta política ante el reclamo social por la inseguridad, pero no soluciona las fallas estructurales del sistema penal.
“No va a solucionar nada. Es un maquillaje para que la gente entienda que se está haciendo algo por ella”, afirmó.
El abogado mencionó como referencia a otras jurisdicciones que incorporaron la reiterancia y aseguró que su aplicación no produjo, por sí sola, una reducción de los índices delictivos.
“En Mendoza, Tucumán, Chubut, Formosa, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, ¿descendió el delito? No”, señaló durante la entrevista.
La Ley de Reiterancia fue aprobada por la Cámara de Diputados del Chaco con 27 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. La reforma obliga a considerar la existencia de múltiples procesos penales cuando se configuren los supuestos establecidos en el Código Procesal Penal.
Advirtió sobre posibles planteos de inconstitucionalidad
El penalista sostuvo que algunos aspectos de la nueva legislación podrían entrar en tensión con la Constitución nacional, la presunción de inocencia y los tratados internacionales.
Barceló remarcó que una persona puede acumular investigaciones sin haber recibido ninguna condena y permanecer detenida mientras el Estado demora la resolución de sus expedientes.
“Usted no es responsable, yo no soy responsable de que el Estado no resuelva las causas o los procesos en tiempo y forma”, planteó.
En ese sentido, anticipó que la aplicación de la norma podría generar presentaciones ante distintas instancias judiciales.
“Es cuestión de tiempo para que se produzca un cuello de botella y tengamos que plantear la inconstitucionalidad. Si el Superior Tribunal dice que no, habrá que recurrir a otra instancia y ver qué se resuelve”, expresó.
Alertó sobre una posible utilización política
Barceló también manifestó preocupación por el uso que, según su interpretación, podría hacerse de la reiterancia en casos donde existan varias denuncias, pero ninguna sentencia firme.
“Cualquier ciudadano puede recibir dos o tres denuncias y después no recuperar la libertad, aunque finalmente tenga razón o resulte absuelto. Nadie le devolverá el tiempo que estuvo detenido”, afirmó.
El abogado utilizó como ejemplo las denuncias surgidas en conflictos familiares y señaló que una causa abierta podría ser posteriormente considerada junto con otro episodio judicial.
Sin embargo, la existencia de varias imputaciones no equivale automáticamente a una condena. La prisión preventiva continúa siendo una medida cautelar cuya aplicación debe ser solicitada, evaluada y fundamentada en cada caso concreto.
Cuestionamientos a los procedimientos policiales
Para Barceló, una parte importante del problema no está en la ausencia de leyes, sino en las deficiencias que se registran durante algunos procedimientos policiales.
El penalista explicó que muchas investigaciones pierden sustento porque no se respetan los requisitos para secuestrar elementos, incorporar información de teléfonos celulares o garantizar la cadena de custodia.
“La mayor parte de esos procedimientos cae porque el funcionario policial que hace el acta o produce el secuestro lo hace mal y no cumple la ley. Son errores fundamentales y básicos”, aseguró.
Como ejemplos, mencionó la falta de testigos durante secuestros, declaraciones contradictorias y la incorporación irregular de evidencia digital.
“Para incorporar válidamente el contenido de un celular se deben cumplir determinados requisitos: establecer cómo se obtuvo, preservar la huella hash y realizar un acta. Si esas metodologías no se respetan, el procedimiento es inválido”, explicó.
“No hacen falta leyes más duras, sino aplicar las vigentes”
Consultado acerca de qué debería hacerse para evitar que personas detenidas recuperen la libertad rápidamente, Barceló insistió en mejorar la calidad de las investigaciones y acelerar los procesos.
“No hacen falta leyes más duras; tienen que aplicarse las leyes que están vigentes”, resumió.
El abogado aclaró que no pretende negar la existencia de hechos delictivos ni el reclamo social por mayor seguridad. No obstante, sostuvo que cualquier respuesta estatal debe respetar las garantías constitucionales y cumplir correctamente las reglas procesales.
“El delincuente tiene que estar adentro, pero tienen que hacer bien el procedimiento y respetar la ley. Si no se respeta la Constitución ni el Código Procesal Penal, tarde o temprano todo será declarado nulo y después será responsable el Estado”, concluyó.
