El Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (Sejch) reclamó al Consejo de la Magistratura que, al momento de seleccionar jueces, fiscales y defensores no se evalúen solamente los conocimientos académicos y jurídicos de los postulantes, sino también su capacidad para conducir equipos, resolver conflictos y garantizar ambientes laborales saludables.
La secretaria general del gremio, Graciela Aranda, explicó en declaraciones a Radio Natagalá que la organización presentó dos notas ante el organismo encargado de seleccionar a magistrados y funcionarios judiciales.
La propuesta surgió, según señaló, ante la reiteración de denuncias por violencia laboral dentro de distintas dependencias del Poder Judicial.
«Planteamos que no solo se tenga en cuenta la excelencia o la idoneidad académica y jurídica de los aspirantes a esos cargos, sino también su capacidad de liderazgo, de manejo de equipos y la empatía que tienen con los trabajadores», sostuvo Aranda.
La dirigente afirmó que el sindicato recibe con frecuencia planteos de empleados que denuncian malos tratos, abuso de autoridad, discriminación, amenazas y expresiones despectivas por parte de superiores jerárquicos. Indicó que las situaciones no se encuentran limitadas a Resistencia, sino que también se registran en dependencias judiciales del interior provincial.
«Llegamos a un extremo. Nos consta, por los antecedentes y por los casos que presentan nuestros compañeros, que cada vez más se ejerce violencia laboral contra los trabajadores judiciales», advirtió.
Según explicó, las denuncias abarcan diferentes formas de violencia. Algunas están relacionadas con gritos y descalificaciones, mientras que otras incluyen amenazas de sanciones, sumarios o decisiones que pueden afectar la continuidad y la trayectoria laboral de los empleados.
«A veces significa abuso de autoridad; otras veces, maltrato, discriminación o falta de respeto. Hay gritos y palabras totalmente despectivas que violentan a las personas y generan un ambiente insano de trabajo», describió.
El temor a represalias
Aranda señaló que uno de los principales instrumentos de presión sería la amenaza de aplicar el reglamento interno del Poder Judicial. Esta situación, indicó, cobra especial gravedad cuando afecta a trabajadores que todavía no fueron confirmados en sus cargos y dependen de un informe favorable de sus superiores.
Como ejemplo, mencionó el caso reciente de un empleado que ingresó al Poder Judicial después de rendir un examen y quedar incluido en un orden de mérito.
Durante los primeros ocho meses, explicó, el trabajador debe esperar la confirmación en el cargo y necesita para ello una evaluación positiva de su jefe inmediato.
«Ese jefe lo maltrata, lo ultraja, le grita, lo trata de bruto y de inútil», relató. La dirigente sostuvo que estas conductas terminan afectando la capacidad de aprendizaje de una persona que recién comienza a desenvolverse dentro de una dependencia judicial.
Aranda recordó que el trabajo en cada fuero posee procedimientos y criterios específicos que requieren un período de adaptación, incluso para quienes cuentan con formación universitaria en Derecho. «Muchas veces hay que entender y comprender el procedimiento judicial. Aún los profesionales recibidos de abogados tienen que adaptarse y conocer cuál es el criterio de un Juzgado Civil, Laboral, Penal o de la Justicia de Paz», explicó.
En ese contexto, consideró que las agresiones y las descalificaciones no contribuyen a mejorar el desempeño, sino que provocan el efecto contrario. «Eso hace que el trabajador, en vez de aprender, se bloquee. Y aparece la amenaza de que no le van a confirmar el cargo», manifestó.
La secretaria general del Sejch sostuvo que el temor a sufrir represalias lleva a numerosos empleados a guardar silencio. Aunque algunos se acercan al sindicato para contar lo ocurrido, solicitan que sus identidades y hasta su presencia en la sede gremial se mantengan bajo absoluta reserva.
«Existe temor en la mayoría de los trabajadores. Vienen al gremio, nos plantean las situaciones, pero nos piden total reserva, incluso que no se diga que aparecieron por el sindicato, por el terror que tienen a sus jefes inmediatos», afirmó.
La Oficina de
Violencia Laboral
La dirigente recordó que inicialmente existió un área de Recursos Humanos encargada de intervenir ante conflictos internos, aunque cuestionó sus resultados. Según relató, en algunos casos la presentación realizada por el trabajador era informada a su superior, lo que terminaba profundizando el problema.
«Le comentaban al jefe que el trabajador había ido a presentar una queja y eso generaba más violencia todavía», señaló.
Posteriormente, en 2022, se creó la Oficina de Violencia Laboral del Poder Judicial, destinada a recibir y abordar esta clase de denuncias. Aranda reconoció la existencia de esa herramienta, pero advirtió que todavía persisten fuertes dificultades para que las víctimas se animen a formalizar sus planteos.
«La oficina recibe los casos y tiene conocimiento de los compañeros que se atreven a denunciar. El problema es el temor que existe», insistió.
A partir de la cantidad de consultas y denuncias que llegan al sindicato, el Sejch decidió plantear el problema ante el Consejo de la Magistratura. Aranda afirmó que prácticamente todos los días hábiles reciben testimonios sobre conflictos y situaciones de violencia en lugares de trabajo.
«Veíamos con frecuencia, de lunes a viernes, casos constantes de violencia, tanto en Resistencia como en el interior. Eso hizo que rápidamente pidiéramos que el Consejo de la Magistratura tenga en cuenta la protección que debe recibir el trabajador y todo el equipo», explicó.
El gremio propone que, antes de avanzar con una designación, se determine si la persona seleccionada posee las condiciones necesarias para ponerse al frente de una dependencia, mantener el diálogo y construir relaciones laborales saludables.
Para Aranda, un desempeño académico destacado no garantiza por sí solo que un postulante esté preparado para conducir personal. Por esa razón, reclamó que los concursos incorporen herramientas específicas para valorar las aptitudes humanas y de liderazgo.
«Hay que evaluar si la persona está capacitada para estar al frente de una dependencia, mantener un diálogo y tener relaciones sanas con su equipo», remarcó.
Consecuencias sobre la salud y el servicio de justicia
La dirigente también alertó que la violencia laboral tiene consecuencias sobre la salud física y mental de los empleados. Aseguró que existen trabajadores que deben solicitar licencias psiquiátricas, mientras que otros continúan concurriendo a sus lugares de trabajo aun cuando se encuentran enfermos.
«Los equipos muchas veces están totalmente violentados y se vuelven insanos. Lo grave es que esto repercute en la salud del trabajador. Tenemos una cantidad de compañeros con licencias psiquiátricas», afirmó.
También mencionó la existencia de empleados afectados físicamente después de atravesar durante años situaciones conflictivas. Según explicó, el deterioro de la salud termina repercutiendo sobre el funcionamiento de las oficinas y, por extensión, en la atención que recibe la ciudadanía.
Aranda agregó que algunos conflictos concluyen con la apertura de sumarios administrativos. Aclaró que el sindicato no considera injustas todas las investigaciones, pero aseguró que existen procedimientos que serían utilizados como forma de castigo.
«No digo que todos los sumarios sean injustos, pero sí puedo decir que hay muchos sumarios injustos que son consecuencia de represalias», sostuvo.
El Sejch recibió una respuesta del Consejo de la Magistratura luego de las presentaciones, aunque decidió hacer público el reclamo para insistir en la necesidad de modificar los criterios de evaluación. El objetivo, remarcó Aranda, no es solamente proteger a los empleados, sino evitar que los conflictos internos afecten el funcionamiento general del Poder Judicial.
«Esto repercute en el servicio de justicia. Hay compañeros muy enfermos que van a trabajar igual, otros que están con licencias psiquiátricas y también trabajadores cuya salud física se deteriora con el paso de los años», señaló.
La dirigente concluyó que la idoneidad requerida para ocupar una magistratura o una función jerárquica debería contemplar tanto la formación jurídica como la aptitud para escuchar, dialogar y conducir grupos humanos.
«Necesitamos que se tenga en cuenta la capacidad de conducción de quienes sean designados por el Consejo. No alcanza solamente con el conocimiento académico y jurídico; también deben estar realmente capacitados para liderar un equipo de trabajo», concluyó.