La Corte Suprema dejó firme la condena a cuatro años de prisión contra Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. El Tribunal Oral Federal ordenó a Gendarmería localizarlo en su último domicilio registrado en Chaco y trasladarlo a una unidad penitenciaria.
La Justicia Federal ordenó la detención inmediata de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, condenado a cuatro años de prisión por haber utilizado una investigación vinculada al narcotráfico para intervenir ilegalmente los teléfonos de su esposa y de un hombre que había sido pareja de ella durante la adolescencia.
La medida fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por la defensa y dejara firme la condena.
Un dato que vincula directamente el caso con la provincia es que Gendarmería Nacional recibió la orden de localizar a Molina en su último domicilio registrado en Chaco.
Una vez detenido, deberá permanecer provisoriamente en una dependencia de esa fuerza hasta que se concrete su traslado a una cárcel del Servicio Penitenciario Federal.
La decisión fue adoptada por los jueces Ruben David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino.
UNA CAUSA NARCO UTILIZADA PARA ESPIAR
El caso salió a la luz de manera fortuita el 15 de marzo de 2019, cuando se realizaba un relevamiento de expedientes y elementos secuestrados en el Juzgado Federal N°1 de Corrientes.
Para entonces, Molina ya había dejado la secretaría y se encontraba detenido en otra investigación relacionada con una presunta asociación ilícita que habría operado dentro del propio juzgado, junto al exjuez federal Carlos Vicente Soto Dávila, para favorecer a narcotraficantes.
Durante aquel relevamiento, un empleado encontró 28 discos con grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas que habían quedado guardados en el despacho anteriormente ocupado por Molina.
Los discos estaban identificados con el número de un oficio correspondiente a una causa de narcotráfico de 2013. Sin embargo, cuando se revisaron los registros apareció una irregularidad determinante: los teléfonos intervenidos no pertenecían a sospechosos de aquella investigación.
Eran las líneas de Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y Norberto Fabián Sucatzky, allegado de la mujer y exnovio de su adolescencia.
SOSPECHABA QUE SU ESPOSA LE ERA INFIEL
La investigación judicial estableció que las escuchas se realizaron entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014.
Según se acreditó durante el proceso, Molina confeccionó un oficio utilizando el formato, sellos y estructura del Juzgado Federal e incorporó los números telefónicos como si correspondieran a personas investigadas por tráfico de drogas.
El entonces juez Soto Dávila terminó firmando la documentación. Posteriormente declaró que lo había hecho sin leerla detenidamente debido a la confianza que tenía en su secretario.
La investigación también determinó que las líneas intervenidas correspondían a Chaco y no tenían relación con la causa narco, cuyos investigados se encontraban en Buenos Aires y Mendoza.
Las escuchas, lejos de contener conversaciones vinculadas al narcotráfico, registraban diálogos privados y familiares.
Durante el juicio, integrantes de Gendarmería que habían participado de la investigación narco original afirmaron que nunca solicitaron intervenir teléfonos con característica correspondiente a Chaco.
Uno de los oficiales declaró además que Molina lo llamó directamente para anticiparle la medida y le indicó que los discos debían enviarse cerrados al juzgado, sin que fueran escuchados ni desgrabados por los efectivos.
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN
El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a Molina el 29 de julio de 2025 a cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo, al considerarlo responsable de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real.
En abril de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia.
Finalmente, la Corte Suprema, con la intervención de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.
Con la condena firme y agotada la vía recursiva, el Tribunal Oral Federal dispuso ahora su captura inmediata y posterior traslado a una cárcel común.