El diputado peronista Santiago Pérez Pons formalizó una denuncia penal contra un proceso impulsado por el gobierno del Chaco para contratar, por cuatro años, una consultora privada que intervendría en áreas clave de la Administración Tributaria Provincial (ATP), con un costo mínimo de $31.340 millones, equivalente a $652.9 millones mensuales.
Con todo, no es el único frente abierto por la gestión del gobernador Leandro Zdero. Otro tema está en el debate público y pasa por la administración de fondos del fideicomiso donde se atiende la pauta publicitaria.
El concurso, abierto y aún sin adjudicar, también quedó bajo observación por un informe previo de $1.887 millones que, según la presentación judicial, fue contratado sin licitación a través de Ecom Chaco SA y habría servido de base para elaborar el pliego.
La denuncia pide investigar las responsabilidades de la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff, y del ministro de Hacienda y Finanzas, José Alejandro Abraam.
Tres empresas de Buenos Aires presentaron ofertas, con una diferencia de apenas 0,58% entre las dos principales. ATS Sistemas y Gestión S.A. cotizó $31.521 millones y Pogua Sistemas SA, $32.976 millones, frente a los $31.340 millones de la propuesta más baja.
Según pudo saber LA VOZ DEL CHACO, el proceso distó de tener siquiera la mínima prolijidad. La empresa que desde hace años lleva adelante la recaudación en Corrientes, como en Córdoba, habría intentado participar en un trámite exprés que se desenvolvió entre gallos y medianoche.
Apenas conocida la decisión de llamar a licitación, intentó comprar los pliegos. Se le informó que no estaban a disposición. Pidió una ampliación del plazo que no fue contestada y sencillamente quedó fuera del proceso, cuya adjudicación ya tendría un caballo del comisario cuyo nombre dará que hablar.
El planteo también cuestiona las condiciones del concurso, que contempla diez ejes de trabajo y no estableció un precio de referencia. Entre las funciones previstas para la consultora figuran el acceso al padrón de Ingresos Brutos, declaraciones juradas, saldos y deudas, además de la elaboración de una matriz de riesgo para definir contribuyentes priorizados para fiscalización.
El alcance incluye también tareas vinculadas con una nueva ley de Impuesto Inmobiliario, su reglamentación, el revalúo de campos y aspectos de seguridad informática de la ATP.
INFORMACIÓN FISCAL Y SISTEMAS
La contratación cuestionada contempla auditorías de vulnerabilidad y acceso al sistema informático de la ATP, con intervención sobre información fiscal de los contribuyentes.
La denuncia reclama garantías específicas para proteger datos sobre facturación, declaraciones juradas y deudas durante los 48 meses del contrato. Al mismo tiempo, señala que la ATP enfrenta falta de insumos, computadoras y licencias, mientras se proyecta destinar $653 millones mensuales a la consultora.
El informe previo que habría servido para elaborar el pliego demandó $1.887 millones y fue abonado en tres cuotas de $629 millones a Ecom Chaco SA, mediante órdenes emitidas el 25 de febrero, el 7 de abril y el 13 de mayo de 2026. Los pagos fueron registrados como «Servicio de consultoría y asesoría en general», pero imputados a partidas de «Informática y sistemas». La denuncia pide determinar la legalidad de esa contratación y de su imputación presupuestaria.
CUESTIONAMIENTOS AL CONCURSO
La denuncia cuestiona que el pliego de la licitación habría sido reproducido página por página de un informe de 216 páginas identificado como «ATS», sigla que coincide con una de las empresas participantes, ATS Sistemas y Gestión SA.
También señala que las firmas dispusieron de apenas dos días hábiles para presentar sus ofertas y que el proceso estableció un seguro de impugnación de $1.567 millones. Ambos aspectos son incorporados al planteo judicial como puntos a esclarecer antes de la adjudicación.
El contrato tendría una vigencia de 48 meses y comprometería más de $22.200 millones de la próxima gestión provincial, correspondientes a 34 meses del período total.
La denuncia reclama suspender la adjudicación hasta esclarecer el origen y pago del informe previo, publicar ese documento y los detalles de las tres ofertas, explicar el marco legal y presupuestario que permitiría comprometer recursos hasta 2030 y revisar las prioridades de gasto para fortalecer el equipamiento y los insumos de la ATP.
PEDIDOS DE CONTROL Y TRANSPARENCIA
La presentación solicita que el Tribunal de Cuentas audite los mecanismos previstos para proteger el secreto fiscal ante el eventual acceso de una consultora privada a los sistemas y datos tributarios de la ATP.
El concurso aún no fue adjudicado y los cuestionamientos abarcan el costo, la elaboración del pliego, la contratación del informe previo, el acceso a información fiscal y el compromiso de recursos provinciales durante cuatro años. La denuncia se sustenta, según el documento, en pliegos, expedientes y órdenes de pago oficiales.