El conflicto salarial en el Poder Judicial del Chaco se profundizó con el proyecto enviado por el gobernador Leandro Zdero a la Cámara de Diputados para crear el concepto «Intangibilidad», un adicional remunerativo y no bonificable que busca equiparar progresivamente los haberes de determinados magistrados y funcionarios con la media nacional, cubriendo el 85%, 90%, 95% y finalmente el 100% de la diferencia en cuatro semestres, con revisiones trimestrales posteriores.
La iniciativa, que el propio Ejecutivo reconoce demandará «un significativo esfuerzo financiero para la Provincia», desató una protesta frente al Tribunal de Cuentas bajo la consigna «No al desenganche», porque los gremios advierten que puede quebrar la estructura porcentual que vincula históricamente los salarios del personal con los de los magistrados y cuestionan además que los trabajadores se enteraron del proyecto por los medios.
«Tomamos conocimiento a través de los medios de prensa, lastimosamente», señalaron.
LA REACCIÓN
DE LOS GREMIOS
Los gremios judiciales cuestionan que la «Intangibilidad» alcance únicamente a determinados magistrados y funcionarios, al advertir que esa diferenciación podría quebrar la estructura de proporcionalidad salarial entre las distintas categorías del Poder Judicial.
Durante la protesta frente al Tribunal de Cuentas, desde el sindicato remarcaron que «la iniciativa es dividir, dividir a los trabajadores» y alertaron sobre una posible conformación de «trabajadores de primera y trabajadores de segunda o de tercera o de cuarta».
Desde el gremio aclararon que el reclamo no busca equiparar los salarios de los empleados con los de los jueces, sino preservar una relación acorde con las funciones y responsabilidades de cada cargo. «No queremos ganar el 100% de lo que gana el juez, queremos ganar en forma equitativa de acuerdo al cargo que cumple cada uno», señalan.
Proyecto sin diálogo previo
El modo en que los trabajadores conocieron el proyecto fue otro de los puntos de conflicto.
Los gremios cuestionaron que el Ejecutivo avanzara con la iniciativa sin una instancia previa y específica de diálogo con el personal o sus organizaciones.
El reclamo salarial ya se encontraba en tratamiento en distintas instancias judiciales y durante la misma jornada se desarrollaba una audiencia vinculada con la controversia.
En ese contexto, los sindicatos consideraron que el envío del proyecto a la Legislatura modificó el escenario de la negociación al establecer un mecanismo diferenciado para las remuneraciones de determinados magistrados y funcionarios.
Los representantes gremiales también cuestionaron resoluciones dictadas durante una causa que se extiende desde hace varios años y plantearon objeciones sobre decisiones que, según sostienen, tuvieron efectos favorables para el sector de los magistrados.
Para los sindicatos, la controversia comprende no solo la estructura de salarios y su proporcionalidad, sino también los derechos laborales que consideran consolidados y los mecanismos mediante los cuales se adoptan decisiones dentro del Poder Judicial.