La Cámara de Diputados del Chaco volverá a sesionar el lunes 28 de septiembre a las 16, con un temario que los bloques acordaron en el último encuentro en el recinto y en el que se destaca el proyecto para congelar las tarifas de luz y agua por seis meses.
Si bien la sesión estaba prevista inicialmente para el miércoles 30, durante el cuarto intermedio los legisladores resolvieron adelantarla a partir de una moción del presidente del interbloque Chaco Puede, Iván Gyöker.
El orden del día tiene cinco puntos. El primero es el expediente 140/26, que apunta a cubrir la vacante en el Consejo de la Magistratura. Después llegan el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), los proyectos sobre sobreendeudamiento familiar y las iniciativas vinculadas a las tarifas de luz y agua.
La combinación responde a la negociación de las últimas semanas. El oficialismo busca aprobar el RINI desde que el proyecto volvió a comisión en la sesión extraordinaria del 2 de septiembre. La oposición, en cambio, había condicionado su tratamiento a que se incluyeran el endeudamiento de las familias y las tarifas, según planteó en diálogo con N9 el diputado Santiago Pérez Pons.
El RINI «Chaco Invierte»
El proyecto de ley 1804/26, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca promover la radicación, ampliación y modernización de inversiones en la provincia. Contempla beneficios de financiamiento, reducciones en Ingresos Brutos, exención del Impuesto de Sellos y certificados de crédito fiscal. También establece un esquema de estabilidad tributaria para las inversiones que se incorporen al régimen.
Según los fundamentos, los beneficios buscan impactar en el entramado productivo local, con condiciones ligadas al empleo y a la participación de proveedores radicados en Chaco.
Dos programas para familias endeudadas
El Proyecto de Ley 470/2026 propone crear el Programa Chaqueño de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar. Apunta a facilitar la cancelación, refinanciación o consolidación de deudas de consumo. Alcanzaría a trabajadores públicos y privados, a jubilados y pensionados provinciales y a empleados municipales de las localidades que adhieran. También incluye a quienes cobran en el Nuevo Banco del Chaco, a monotributistas de las categorías A a D y a trabajadores independientes, con límites de ingresos.
El crédito serviría exclusivamente para saldar deudas previas, como saldos de tarjetas, préstamos personales y obligaciones con bancos, mutuales, cooperativas y otros proveedores de crédito. La cuota no podría superar el 30% del ingreso neto mensual. La tasa tendría un tope de TAMAR, la tasa de referencia del mercado, más 10 puntos porcentuales. La iniciativa suma además un Fondo Provincial de Garantía y Compensación de Tasa para subsidiar intereses y otorgar garantías.
Adjunto a ese expediente, el Proyecto 1726/2026 crea el Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal, con requisitos más específicos. Para acceder, las personas deberían tener deudas de consumo y registrar atrasos en la Central de Deudores del Banco Central. También deberían tener ingresos familiares inferiores a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles y compromisos financieros superiores al 30% de los ingresos netos del hogar.
Este segundo proyecto fija una tasa nominal anual máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 meses y cuotas de hasta el 30% de los ingresos familiares. Para personas con discapacidad o con familiares con discapacidad a cargo, las condiciones mejoran: tasa de hasta el 25%, plazo mínimo de 36 meses, cuotas de hasta el 25% de los ingresos y un posible período de gracia de tres meses. Además, se reservaría al menos el 20% del monto del programa para ese grupo.
Luz y agua: congelamiento y facturas más claras
En materia tarifaria, el Proyecto de Ley 414/2026 propone suspender durante 180 días cualquier aumento en las tarifas de SECHEEP y SAMEEP, incluidos los incrementos derivados de las revisiones tarifarias de 2026. En ese plazo tampoco podrían hacerse cortes ni retiros de medidores por falta de pago a usuarios residenciales y jubilados. La protección alcanzaría también a beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad, electrodependientes y microemprendimientos familiares registrados.
La iniciativa obliga a las empresas a ofrecer planes de regularización de deudas sin intereses punitorios mientras rija la suspensión. Según sus fundamentos, el objetivo es evitar que los aumentos agraven la situación económica de hogares y sectores productivos. El proyecto fue presentado el 16 de marzo.
Por último, el Proyecto 386/2026 plantea una Ley de Transparencia Tarifaria para hogares y PyMEs. Las prestadoras deberían detallar en cada factura el valor del consumo, impuestos, tasas, cargos adicionales, subsidios y bonificaciones, junto con la variación respecto del período anterior. Cualquier aumento debería comunicarse con 30 días de anticipación.
El texto incorpora también un simulador digital gratuito para que los usuarios estimen cuánto pagarían ante cambios en la tarifa según su consumo y categoría. Los incumplimientos se sancionarían según las normas de defensa del consumidor, y la reglamentación debería estar lista 60 días después de la promulgación.