En medio de las inundaciones que afectan a numerosas localidades del Nordeste argentino por las crecidas de los ríos Paraná y Paraguay, la diputada nacional por Chaco Julieta Campo presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, social, sanitaria, alimentaria y productiva en las zonas damnificadas de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. La legisladora reclamó, además, que el Gobierno nacional garantice la ejecución de los recursos del Fondo de Infraestructura Hídrica y cuestionó al gobernador Leandro Zdero por considerar que debería asumir una posición más firme ante la Nación para obtener respuestas frente a la situación que atraviesan las familias afectadas.
La propuesta legislativa contempla declarar zona de desastre durante 365 días a los departamentos, municipios y localidades ribereñas alcanzados por las inundaciones registradas desde comienzos de octubre. El proyecto busca establecer mecanismos extraordinarios de asistencia para la población, garantizar recursos destinados a la atención sanitaria y alimentaria, y facilitar la recuperación de las actividades productivas perjudicadas por el avance del agua.
La iniciativa se presenta en un contexto de creciente preocupación por la situación de las poblaciones ribereñas, donde numerosas familias debieron abandonar sus viviendas o trasladar sus pertenencias ante el avance de la creciente. A las evacuaciones y autoevacuaciones se suman las dificultades para acceder a servicios esenciales, los problemas de transitabilidad y las pérdidas económicas que afectan tanto a pequeños productores como a trabajadores de las zonas inundadas.
Desde la banca peronista señalaron que el objetivo es impulsar una respuesta que trascienda las diferencias políticas y permita atender las consecuencias de la emergencia climática.
“Nosotros formamos parte de la oposición, pero queremos construir respuestas para la gente que hoy está sufriendo las consecuencias del fenómeno climático El Niño. Porque llega la inundación y no pregunta de qué partido sos”, expresaron.
En ese sentido, Campo dirigió sus cuestionamientos al gobernador chaqueño y reclamó una intervención más decidida ante las autoridades nacionales para obtener los recursos destinados a obras de infraestructura hídrica. “A mí lo que me preocupa es que Zdero esté siendo blandito con los porteños y duro con los chaqueños, porque en realidad él debería plantarse con el Gobierno nacional y exigirle que cumpla con el Fondo de Infraestructura Hídrica, que es lo que no está sucediendo”, sostuvo.
La diputada agregó: “Necesitamos que lo haga porque él no es gobernador de La Libertad Avanza, él es gobernador de los chaqueños y tiene que responder para los chaqueños”.
El planteo apunta a la necesidad de contar con financiamiento nacional para afrontar tanto las consecuencias inmediatas de las inundaciones como las intervenciones de infraestructura destinadas a reducir la vulnerabilidad de las localidades afectadas. Entre las obras contempladas en el proyecto figuran defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo, sistemas de desagües, viviendas e infraestructura urbana y rural.
La propuesta establece que las áreas comprendidas en la emergencia deberán delimitarse mediante un trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y provinciales, tomando como referencia los informes de los organismos técnicos competentes. Hasta tanto se complete ese procedimiento, quedarán incluidas las localidades que registren personas evacuadas en los partes oficiales.
Asistencia
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación del Fondo de Asistencia Alimentaria y Sanitaria para la Emergencia Hídrica (FAASEH), un instrumento destinado a financiar la provisión de alimentos, agua potable, medicamentos, vacunas y atención médica para las poblaciones afectadas.
El fondo también contempla recursos para la prevención de enfermedades asociadas a las inundaciones, la atención materno-infantil, los servicios de salud mental, los traslados sanitarios y el funcionamiento de los centros de evacuación.
Según el texto difundido por la legisladora, el financiamiento provendría de créditos correspondientes a la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, mediante un mecanismo que impediría reducir partidas destinadas a salud, educación, asistencia social y agua potable, así como las transferencias a provincias y municipios.
La distribución de los recursos sería automática y mensual, en proporción a la cantidad de personas damnificadas en cada jurisdicción. También se contemplan criterios objetivos para la asignación de Aportes del Tesoro Nacional vinculados con la emergencia.
En cuanto a la asistencia directa, el proyecto establece suplementos extraordinarios equivalentes a una prestación mensual durante tres meses para los titulares damnificados de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y las prestaciones alimentarias nacionales.
Asimismo, propone suspender durante la emergencia los descuentos correspondientes a créditos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el propósito de aliviar la situación económica de los hogares afectados.
En materia tributaria, la iniciativa prevé prórrogas de vencimientos, planes especiales de pago sin intereses y la suspensión de nuevas ejecuciones fiscales y medidas cautelares contra las personas comprendidas en la emergencia.
Para instrumentar estos beneficios, se propone crear un Registro Único de Damnificados, cuyo certificado permitirá acreditar la condición de afectado por las inundaciones, sin perjuicio de los requisitos particulares establecidos para cada prestación.
Modificaciones en la ley de discapacidad
El exsenador nacional por Chaco Víctor Zimmermann se refirió a los alcances del proyecto de ley sobre discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y destacó las modificaciones previstas para el financiamiento de las prestaciones, los requisitos de acceso a las pensiones y la inclusión laboral. Según explicó, la iniciativa busca establecer reglas para garantizar la continuidad de los servicios y definir las responsabilidades de los organismos involucrados. Entre los principales puntos, mencionó la continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, la actualización del nomenclador y la incorporación de mecanismos presupuestarios para sostener el sistema. En materia de pensiones, el proyecto establece como requisitos el Certificado Único de Discapacidad y un límite de ingresos equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También contempla la compatibilidad de la pensión con el empleo formal dentro de ese umbral, actualizaciones por inflación y auditorías periódicas con derecho a descargo.“
Zimmermann destacó, además, que la propuesta mantiene incentivos para la contratación laboral de personas con discapacidad, mediante una reducción del 50% de las contribuciones patronales durante tres años. Asimismo, contempla la cobertura sanitaria a través de Incluir Salud y establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para cancelar compensaciones pendientes a los prestadores, con un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma. Finalmente, el exlegislador valoró el respaldo obtenido por la iniciativa en Diputados y sostuvo que su tratamiento permite avanzar en el ordenamiento del sistema de prestaciones y sus mecanismos de financiamiento y control. “La discapacidad no puede quedar atrapada en la incertidumbre administrativa ni en la disputa política, debe ocupar un lugar permanente en una agenda de derechos, inclusión y oportunidades para todos los argentinos”, expresó
Medidas para el campo
La situación de los productores agropecuarios también ocupa un lugar en la iniciativa, especialmente ante las dificultades que generan los anegamientos de campos, caminos rurales y establecimientos ganaderos.
El proyecto contempla declarar la emergencia o el desastre agropecuario en las explotaciones comprendidas y establecer un régimen simplificado y gratuito para el traslado de ganado desde las zonas inundadas hacia lugares seguros.
La medida busca facilitar la evacuación de animales y reducir las pérdidas productivas, en un escenario en el que el avance del agua obliga a numerosos establecimientos a reorganizar sus actividades y trasladar hacienda.
En paralelo, se propone priorizar las obras necesarias para recuperar las condiciones de habitabilidad y funcionamiento de las localidades afectadas, incluyendo intervenciones en defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo, desagües e infraestructura vial, urbana y rural.
Otro de los aspectos contemplados es la continuidad de los servicios esenciales. El proyecto invita a las provincias a adherir a la ley y disponer, dentro de sus respectivas competencias, la suspensión de la facturación y la prohibición de cortes de electricidad y agua potable en las zonas alcanzadas por la emergencia.
Finalmente, la iniciativa establece mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos destinados a la asistencia. Para ello, dispone la publicación trimestral de los fondos asignados y ejecutados, además de la presentación de informes al Congreso de la Nación cada 90 días sobre la evolución de la emergencia y las medidas implementadas.