La Justicia Federal devolvió este viernes a la familia Clinis el inmueble donde funcionaba la sucursal de Exen de calle Santiago del Estero 1443, una de las sedes de la cadena de gimnasios alcanzadas por la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero. La entrega se dispuso en carácter de depósito judicial, conforme a una resolución dictada el 25 de septiembre.
La abogada Gabriela Tomljenovic, defensora de integrantes de la familia, confirmó la entrega de la propiedad y aclaró que se realiza bajo una figura judicial específica. «Se entrega en carácter de depositario judicial el inmueble, después veremos cómo seguimos con todo esto», expresó.
La condición de depositario judicial implica que la familia recibe la custodia del inmueble, pero no supone necesariamente el levantamiento de las medidas cautelares que puedan continuar vigentes sobre los bienes investigados. Tampoco significa, por sí misma, que el gimnasio esté autorizado a retomar sus actividades, una cuestión sobre la que todavía no se informaron novedades.
Según pudo saberse, el cargo fue aceptado por el padre de dos de los imputados. La entrega formal del lugar se concretó este viernes por la mañana, con la participación de Gendarmería Nacional y una escribana para dejar constancia del estado del edificio. La devolución alcanzaría solo al inmueble y no al equipamiento.
Las máquinas de esa sede habían sido retiradas a mediados de agosto, once días después de los allanamientos. En aquel momento, los peritos estimaron el valor del equipamiento de la sucursal en alrededor de 245.813 dólares. Ese monto formaba parte de una valuación cercana a 1,43 millones de dólares para cinco de los locales de la cadena.
Trascendió además que, de los siete gimnasios incluidos en el expediente, este sería el único cuyo inmueble pertenece a la familia. En los últimos días, la defensa había advertido que el lugar todavía no le había sido entregado de manera efectiva, pese a que la orden ya estaba dictada.
La sede de Santiago del Estero también había sido una de las tres sucursales, junto con las de Illia y Las Heras, que los trabajadores de la cadena propusieron reabrir mediante un fideicomiso. La jueza rechazó ese esquema el 15 de septiembre, al considerar que implicaba una intervención judicial excesiva en la administración de una actividad privada.
La entrega del inmueble se formalizó pocos días después de un giro en la causa. A comienzos de esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó los procesamientos con prisión preventiva de los cinco imputados y dictó la falta de mérito. El tribunal consideró que no estaba suficientemente acreditado el origen ilícito de los fondos, y a partir de esa decisión todos recuperaron la libertad.
Los camaristas aclararon que la falta de mérito no equivale a una absolución ni al cierre de la investigación. También dispusieron mantener los embargos y las medidas cautelares sobre los bienes. Por eso, aunque la resolución sobre el inmueble es anterior a ese fallo, el edificio regresa a la familia pero sigue sujeto al control del juzgado.
La sede de Santiago del Estero fue allanada el 7 de agosto, durante el megaoperativo de 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes. Las medidas fueron ordenadas por la jueza Zunilda Niremperger, del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. Esos procedimientos alcanzaron sucursales de la cadena, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables.
La causa continúa en etapa de investigación, y las personas involucradas mantienen su estado de inocencia mientras no exista una condena firme.