La fiscal María Noel Benítez requirió el sobreseimiento total y definitivo de Osvaldo Eliseo Sandoval por prescripción de la acción penal. Paralelamente, ordenó librar oficios a Personal, Claro y Movistar para obtener registros de comunicaciones correspondientes al 10 de junio de 2019. La investigación por el femicidio de Lorena Romero continúa abierta después de más de siete años.
La causa judicial por el femicidio de Lorena Noemí Romero registró nuevas actuaciones durante esta semana. El Equipo Fiscal N°11 de Resistencia, a cargo de la fiscal María Noel Benítez, solicitó al Juzgado de Garantías N°1 el sobreseimiento total y definitivo de Osvaldo Eliseo Sandoval, quien había sido imputado por encubrimiento agravado. Al mismo tiempo, dispuso requerimientos a tres compañías de telefonía celular para avanzar en la reconstrucción de las comunicaciones registradas el día de la desaparición de la joven.
Ambas decisiones fueron formalizadas el 10 de noviembre de 2026, en el expediente N°20814/2019-1, que investiga los hechos relacionados con la desaparición y posterior muerte de Lorena Romero, ocurridos en junio de 2019.
Las medidas se producen cuando han transcurrido más de siete años desde el inicio de la investigación, que continúa en etapa preparatoria y todavía no fue elevada a juicio.
El pedido de sobreseimiento por prescripción
Mediante una presentación dirigida al juez de Garantías N°1, Luciano Franco Javier Roy, la fiscal María Noel Benítez solicitó el sobreseimiento total y definitivo de Osvaldo Eliseo Sandoval, al considerar extinguida por prescripción la acción penal correspondiente al delito de encubrimiento agravado.
En su escrito, la representante del Ministerio Público Fiscal fundamentó el requerimiento en los artículos 59, 62 y 67 del Código Penal, así como en las disposiciones pertinentes del Código Procesal Penal provincial.
Según la Fiscalía, el último acto procesal con efecto interruptivo de la prescripción fue el primer llamado a declaración indagatoria, fechado el 9 de septiembre de 2019.
A partir de esa fecha, Benítez consideró que transcurrió un período superior al legalmente previsto para mantener vigente la acción penal por el delito atribuido a Sandoval.
El pedido constituye un cambio relevante en la situación procesal del imputado. No obstante, la presentación fiscal no implica automáticamente su desvinculación definitiva: será el juez de Garantías quien deberá pronunciarse sobre el requerimiento.
La vinculación de Sandoval con el expediente
De acuerdo con la descripción de los hechos incluida en la presentación fiscal, Sandoval fue investigado por su vinculación con un automóvil Chevrolet Astra blanco que, según la hipótesis de la investigación, habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Lorena Romero.
El vehículo era de su propiedad y, conforme a lo consignado en el expediente, durante las pericias se encontraron siete cabellos que fueron atribuidos a la víctima mediante un cotejo microscópico.
Sobre la base de los elementos reunidos durante la investigación, Sandoval había sido imputado por el supuesto delito de encubrimiento agravado.
Sin embargo, el planteo actual de la Fiscalía no se fundamenta en una determinación sobre su inocencia o responsabilidad, sino en la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo.
La solicitud de sobreseimiento alcanza exclusivamente a Sandoval y no supone el cierre de la investigación respecto de las demás personas vinculadas a la causa.
Nuevos requerimientos a empresas de telefonía celular
En paralelo al pedido de sobreseimiento, el Equipo Fiscal N°11 ordenó librar oficios a las gerencias de requerimientos judiciales de Telecom Personal, Claro y Movistar.
Las solicitudes tienen como finalidad obtener información histórica sobre antenas y celdas de telefonía celular que brindaban cobertura en determinados sectores de Puerto Vilelas y Resistencia durante el 10 de junio de 2019.
El requerimiento comprende tres ubicaciones y franjas horarias específicas: avenida Río Paraná sin número, en Puerto Vilelas, entre las 16 y las 17; la intersección de Fortín Rivadavia y San Lorenzo, en Resistencia, entre las 20 y las 21; y Fortín Alvarado 844, también en Resistencia, entre las 22 y las 23.
Para cada sector, la Fiscalía solicitó información técnica sobre las antenas, su ubicación geográfica, orientación y área de cobertura.
También requirió registros de líneas celulares que hubieran realizado o recibido llamadas, intercambiado mensajes de texto o utilizado conexiones de datos a través de esas antenas durante las franjas horarias investigadas.
El pedido incluye la identificación de los titulares de las líneas correspondientes.
Plazo de 24 horas y carácter urgente
Los oficios, fechados el 10 de noviembre, fueron identificados con carácter de «muy urgente» y establecen un plazo de 24 horas desde su recepción para que las empresas remitan la información requerida.
La Fiscalía fundamentó la medida en la necesidad de complementar las diligencias ya realizadas y obtener datos técnicos que permitan efectuar un análisis retrospectivo de las comunicaciones.
Según la documentación judicial, al inicio de la investigación no se contaba con la totalidad de la información técnica que actualmente se pretende incorporar.
No obstante, la antigüedad de los registros representa una dificultad para la medida, debido a que se solicita información correspondiente a junio de 2019.
La disponibilidad de esos datos dependerá de los sistemas de conservación de cada compañía y de las obligaciones aplicables a los distintos tipos de registros.
Hasta el momento, la documentación examinada no contiene respuestas de las operadoras que permitan establecer si la información solicitada continúa disponible.
Una nueva declaración testimonial
Las actuaciones recientes también incluyen la citación de una integrante de la División Delitos contra las Personas de la Policía del Chaco.
Mediante una providencia del 10 de noviembre, la Fiscalía fijó una audiencia testimonial para el 26 de noviembre de 2026, a las 9, en la sede del Equipo Fiscal N°11, ubicada en avenida 9 de Julio 236 de Resistencia.
La persona convocada es la cabo primero Alicia Araceli Acevedo, quien deberá comparecer de manera presencial.
La resolución no precisa los aspectos sobre los cuales será interrogada ni el alcance de su eventual aporte a la investigación.
Una investigación que continúa después de siete años
Lorena Noemí Romero, de 21 años, desapareció el 10 de junio de 2019 en Resistencia. Días después, partes de sus restos fueron halladas a orillas del río Paraná, en jurisdicción de Reconquista, provincia de Santa Fe.
La investigación judicial involucró a Ezequiel Maximiliano Ramos, Ramón Ramos, Walter Ramón Ramos, Gonzalo Gerardo Calizaya Medina y Osvaldo Eliseo Sandoval, quienes, de acuerdo con las actuaciones fiscales recientes, se encuentran en libertad.
Durante los últimos meses, la causa registró nuevas declaraciones testimoniales, requerimientos de información y estudios periciales destinados a esclarecer las circunstancias del crimen.
En paralelo, las defensas cuestionaron la prolongada duración de la investigación y reclamaron definiciones sobre la situación procesal de sus representados.
El nuevo pedido de sobreseimiento de Sandoval constituye una respuesta concreta respecto de uno de esos planteos, aunque su resolución definitiva permanece en manos del Juzgado de Garantías.
Mientras tanto, la Fiscalía continúa impulsando medidas para reconstruir los acontecimientos del 10 de junio de 2019.
A más de siete años del femicidio de Lorena Romero, el expediente permanece abierto, con nuevas diligencias en curso y sin una fecha establecida para su eventual elevación a juicio.