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    Política

    Capitanich: «No me caben dudas de que vamos a ganar las elecciones en 2027»

    15 de noviembre de 2026
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    Así transcurrió el diálogo en «La otra campana», emitido por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní, por Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy.
    -Es un placer recibir al senador nacional Jorge Capitanich. ¿Cómo está?
    -¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gran gusto saludarlos. Para mí también es un gran gusto estar con ustedes.
    -¿Cómo se encuentra el Partido Justicialista? ¿Quién mejor que usted para comentarnos, en esta crónica que realizamos todos los domingos, cómo vive el peronismo en el Chaco y cómo se está reorganizando de cara a la región y al país, senador?
    -Bueno, nosotros efectivamente hemos cumplido con una tradición, que es la convocatoria a elecciones internas abiertas dentro del justicialismo para el día 4 de julio. Como usted bien lo ha indicado, el Consejo Provincial aprobó la convocatoria por unanimidad.
    Sin embargo, también queremos convalidar y corroborar estas decisiones, no solamente ante la Junta Electoral, sino también mediante la aprobación del Congreso Provincial del Partido. En ese contexto, la convocatoria comprende la elección de la fórmula gubernativa, legisladores provinciales, intendentes y concejales, así como también los cargos partidarios.
    Al mismo tiempo, estamos trabajando coordinadamente con el conjunto de partidos políticos que puedan formar parte de una coalición más amplia y de carácter frentista. Ese proceso también se está desarrollando en el ámbito del justicialismo. Independientemente de ello, estamos formulando un programa de gobierno muy detallado, con objetivos, metas estratégicas, actividades y tareas que nos permitan asumir un gran compromiso desde el punto de vista programático y establecer las estrategias necesarias para hacer crecer la economía provincial.
    En ese sentido, planteamos ejes como la economía ambiental, la economía del conocimiento, la economía productiva, con 20 cadenas de valor, y la economía energética, no solamente para abaratar los costos desde el punto de vista del ingreso familiar, sino también para favorecer y potenciar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
    Como usted sabe, estuvimos analizando el semáforo de las economías regionales que establece y publica regularmente Coninagro desde 2018. Ese indicador refleja claramente que hay ocho semáforos en rojo y, en ese contexto, algunos de ellos involucran directamente a nuestra economía provincial. Si bien mejoramos en determinados rubros, como la miel, a partir de la apertura de mercados con la Unión Europea y otros países del mundo, lo cierto es que el algodón, por ejemplo, está experimentando un deterioro sustancial. La destrucción de la cadena textil constituye un problema sistemático.
    En este escenario, queremos señalar que el Chaco atravesó durante este período varias situaciones preocupantes. En primer lugar, se destruyeron cerca de 10 mil empleos formales. En segundo término, cerraron más de 1.000 pequeñas y medianas empresas. En tercer lugar, durante cuatro años de gestión se acumularía una deuda cercana a los USD1.000 millones, de manera directa e indirecta, registrada y no registrada, incluyendo compromisos extrapresupuestarios.
    También pasamos de una situación de superávit fiscal a otra de déficit, de un escenario de desendeudamiento a uno de endeudamiento y de una actividad productiva con desarrollo a un proceso de destrucción estructural del sistema. Por eso nos preocupa claramente la exclusión social y lo que está sucediendo con la economía. No solamente nos preocupa lo que ocurre con los ingresos familiares.
    En la Argentina, con más de 46 millones de habitantes, hay 21.5 millones de familias endeudadas y cerca de siete millones de familias que registran más de 90 días de morosidad. Esta situación también nos afecta directamente. En el caso del Chaco, las pequeñas y medianas empresas son, además, uno de los sectores más endeudados. Nos preocupa este escenario porque, así como se registró el cierre de 41 mil de los 100 mil quioscos que había, también cerraron cerca de 3.300 panaderías y alrededor de 10 mil trabajadores de ese sector quedaron sin empleo. A esto se suma el deterioro cotidiano de la industria textil, que continúa perdiendo actividad y puestos de trabajo.
    En definitiva, nos preocupa porque este modelo es extractivista y genera exclusión social, profundiza las desigualdades en la distribución del ingreso y afecta sustancialmente a determinadas economías regionales, como la nuestra, en el Chaco.

    Nueva arquitectura global: tradición pacifista y neutralidad

    -En el plano internacional, habría una cumbre entre Estados Unidos, China y Rusia. ¿Qué opina al respecto?
    -El mundo está atravesando una etapa de hegemonía unipolar de Estados Unidos, con una posible transición hacia un esquema de poder ejercido multilateralmente. Puede ser bipolar, con Estados Unidos y China; tripolar, incluyendo a Rusia; cuadripolar, incorporando a India, o, definitivamente, un sistema de carácter multipolar, conforme a los principios establecidos en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. No cabe la menor duda de que existe un problema geopolítico estructural.
    Observamos claramente una expansión belicista y el uso de la fuerza por parte de actores estatales y no estatales. También hay un debate en torno a las esferas geopolíticas de influencia y seguridad, los ataques preventivos como mecanismo de convalidación del abuso de la fuerza y la vulneración permanente del derecho internacional.
    Esta situación ha generado conflictos en numerosos países. Hay, por lo menos, 16 conflictos bélicos protagonizados por múltiples actores estatales y no estatales en distintas regiones del mundo, que involucran a cerca de 87 países si incluimos a los 32 integrantes de la Otan. En consecuencia, los problemas vinculados con la expansión belicista, el incremento de los gastos mundiales en defensa, el cambio climático, la disrupción provocada por la inteligencia artificial y la vulneración sistemática del derecho internacional forman parte de esta nueva arquitectura global. A esto se suma la existencia de revueltas populares en numerosos países, como consecuencia de la insatisfacción democrática y social.
    Por lo tanto, no cabe la menor duda de que la cumbre del jueves, que se realizará en la República Popular China, puede al menos trazar líneas estratégicas para resolver algunos de los conflictos centrales. En primer lugar, está la cuestión de Ucrania y Rusia, que no será un asunto fácil ni sencillo, porque involucra la posesión de territorios y una estrategia de seguridad internacional de largo plazo.
    En segundo lugar, se encuentra el conflicto de Asia occidental y Medio Oriente. No cabe la menor duda de que el enfrentamiento permanente con Irán involucra a las monarquías petroleras y, al mismo tiempo, genera un problema geopolítico de dimensión mundial que repercute en los precios del gas y del petróleo, la inflación y las tasas de interés. Esto impacta no solamente en los activos financieros, sino también en la economía real, y tuvo consecuencias en el proceso electoral del 3 de noviembre en Estados Unidos. Por lo tanto, como decía Perón, la verdadera política es la política internacional.
    Todo lo que ocurre en el campo geopolítico internacional nos afecta. En consecuencia, es muy importante comprender la posición de la política exterior argentina. Esta debe sostener una tradición pacifista, una tradición de neutralidad, el ejercicio pleno de la soberanía y el principio de no alineamiento automático.
    Considero que esas son las cuestiones que Javier Milei ha vulnerado sistemáticamente durante el ejercicio de la primera magistratura.

    Déficit comercial y deuda

    -¿En cuánto impacta la inserción en el mercado chino?
    -Primero, el comercio entre la República Popular China y Argentina durante los últimos 26 años registra un déficit de casi USD100 mil millones.
    En segundo lugar, tenemos una deuda con la República Popular China de USD18 mil millones en operaciones de swap, de los cuales USD5 mil millones están activados.
    En tercer lugar, el liderazgo de China en la industria automotriz y en la producción de vehículos eléctricos, así como el dominio de 57 de las 64 tecnologías críticas a nivel mundial, implica claramente un nuevo rol en el diseño de la geopolítica internacional. Al mismo tiempo, la industria textil nos está afectando de una manera tremenda. La capacidad instalada utilizada equivale al 23%.
    A su vez, la reducción de la superficie sembrada en el Chaco es muy significativa. Probablemente, durante este año, la superficie cultivada sea equivalente a 70 mil hectáreas. Si tomamos como referencia el período comprendido entre 1926 y 2026, el promedio histórico de un siglo pudo ubicarse alrededor de las 300 mil hectáreas en la provincia. Llegamos a registrar picos máximos de casi 720 mil hectáreas, pero actualmente estamos por debajo de las 100 mil.
    En consecuencia, el Chaco está siendo desplazado por Santiago del Estero y Santa Fe, y pasa al tercer lugar, cuando históricamente fue líder durante gran parte del siglo. Se trata de un problema serio que tiene varias dimensiones.
    En primer lugar, la reducción de la superficie sembrada; en segundo término, la disminución del uso de la capacidad instalada de la industria textil; en tercer lugar, el efecto multiplicador sobre la destrucción de empleos; y, finalmente, las consecuencias que todo esto representa para una economía regional como la nuestra.

    Deuda pública superior a los $300 billones

    -¿Cuál es su lectura del presupuesto nacional 2027?
    -Mire, hay una cuestión interesante para remarcar. Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei, por primera vez en la historia constitucional de la República Argentina, desde 1983 hasta la fecha, el número de decretos de necesidad y urgencia superó al de las leyes aprobadas por el Congreso. Esto equivale a 84 decretos frente a 68 leyes. Es decir, entre el 54% y el 56% del total de la normativa no es producido por el Congreso, sino directamente por el Poder Ejecutivo.
    Hay que tener en cuenta, además, dos decretos de 2022, firmados en diciembre de 2023, cuando recién asumió Milei, y la Ley 27.742, denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cuya aprobación requirió un desempate en el Senado, donde se había registrado una votación de 36 a 36, resuelta por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
    Lo que quiero transmitir es que, en definitiva, no existe un verdadero apego a la institucionalidad republicana por parte del Gobierno. Durante dos años administró el país sin presupuesto. Posteriormente, presentó un presupuesto en el que el secretario de Hacienda nos dijo que la tasa de inflación proyectada para 2026 sería del 10,5%. ¿Cuánto será finalmente? Seguramente se ubicará entre el 31,4% y el 34%, es decir, aproximadamente tres veces más que la proyección inicial. Esto era algo que ya anticipaban tanto el relevamiento de expectativas macroeconómicas de las consultoras que participan en el Banco Central como las proyecciones que elaboramos con nuestros propios equipos. La segunda cuestión es que se proyectó una tasa de crecimiento del 5%.
    Sin embargo, hay estimaciones que ubican el crecimiento en el 0,7% y otras en el 1,3%. Habrá que determinar técnicamente si ingresamos en una recesión, a partir de la nueva publicación de los indicadores económicos, con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad.
    En tercer lugar, el ajuste previsto en este presupuesto respecto de 2023 equivale a $73 billones. En cuarto término, existe una exclusión social manifiesta y, al mismo tiempo, un manejo de la deuda que ya supera los $300 billones.
    Lo que observamos es que, cuando tuvieron que tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional, no consultaron al Congreso. Cuando realizaron operaciones de Repo, tampoco consultaron al Congreso. Lo mismo ocurrió con otras operaciones financieras y con las pérdidas de USD10.023 millones vinculadas a las operaciones del Banco Central y la colocación de oro.
    Tampoco en esos casos recurrieron al Congreso. Concretamente, no creen en la República ni en la Constitución. Dicen que van a respetar la libertad, la vida y el patrimonio, pero, en realidad, lo único que respetan es la libertad, la vida y el patrimonio de los sectores más ricos, mientras excluyen a los más pobres y promueven, obviamente, la cultura del descarte.
    Hay varias cuestiones que me parece importante plantear. Por ejemplo, para el Chaco solamente prevén cerca de $14 mil millones destinados a obra pública. Es decir, prácticamente nada.
    En segundo lugar, es una vergüenza que hayan excluido el puente Chaco-Corrientes. Ni siquiera lo consideran en la descripción de las obras. Esto demuestra que especularon y mintieron sistemáticamente desde el 2 de noviembre de 2023 en adelante, cuando afirmaban que el proyecto estaba aprobado por el directorio del BID.
    Mintieron con la complicidad de los representantes de ambas provincias. La verdad es que no hay obra que nos haya costado tanto tiempo. El proyecto ejecutivo y el financiamiento estaban en discusión para que, finalmente, pudiéramos concretar esta infraestructura. ¿Cuánto más tendremos que esperar? ¿Veinte años más? Recuerdo que, cuando era gobernador, permanentemente me dedicaban artículos críticos.
    Ahora no veo a nadie que publique artículos cuestionando a los gobernadores, diputados y senadores que convalidaron efectivamente este despojo para nuestras dos provincias, para toda la Mesopotamia argentina, el nordeste y el Norte Grande. Si tuviera que formular una conclusión definitiva, señalaría tres cuestiones. Primero, el presupuesto sigue siendo un dibujo.
    Segundo, los resultados estimados del Presupuesto 2026 demuestran claramente que nosotros teníamos razón. Tercero, la política de ajuste tiene una expresión muy clara: se plantea un superávit engañoso mediante un ajuste cruel.
    Esa combinación de superávit engañoso y ajuste cruel significa menos obras públicas para las provincias, menos prevención frente a las inundaciones, menores salarios para los trabajadores y mayor precarización laboral. En definitiva, es la misma receta de Videla y Martínez de Hoz, replicada en el siglo XXI.

    «Se puede salir, pero no con este modelo»

    -Hoy vemos al Chaco en una situación muy difícil, más allá de las declaraciones que escuchamos y de las consideraciones que podemos realizar. También analizamos esta realidad desde el justicialismo que usted preside, donde ocupa un lugar importante en la región y en el país, de cara a los nuevos desafíos electorales. Con esa predisposición al trabajo y esa sangre gringa que caracteriza a los chaqueños, descendientes de diversas nacionalidades, ¿podrá el Chaco resurgir y salir de las cenizas, por así decirlo? Me refiero a una situación socioeconómica y financiera compleja, con docentes que reclaman, problemas de seguridad y obras públicas que faltan. ¿Podrá el Chaco, senador?
    -Obviamente que el Chaco puede salir, pero no con este modelo de Milei. Tiene que ser un modelo alternativo. No me cabe la menor duda de que nosotros vamos a ganar las elecciones de 2027 en la Nación, en el Chaco, en las provincias argentinas y en la mayoría de los municipios. La razón es muy sencilla.
    Este modelo pulveriza los ingresos familiares, quiebra las pequeñas y medianas empresas, destruye la industria nacional, promueve un colonialismo sin precedentes, afecta la soberanía y, sobre todo, la unidad espiritual del pueblo argentino. A mí realmente me ha conmovido muy especialmente lo que significó la visita de León XIV a la Argentina, porque reivindicó los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son? El bien común, la subsidiariedad del Estado, la solidaridad, el destino universal de los bienes y la justicia social.
    Me parece muy importante que valoremos el principio del bien común como prédica y como expresión social de la dignidad humana. Es el bien mayor que pertenece a todos, la acción social en plenitud del bien compartido y la acción moral en cumplimiento de la elección del verdadero bien.
    Eso es el bien común para quienes profesamos la fe católica, porque entendemos que el cristianismo es mucho más que una religión o un culto: es una teología, un discurso sobre Dios. Por eso nos parece muy importante transformar la pasión en organización. Considero que hoy, más que nunca, después de esta extraordinaria movilización popular que logró abrir los corazones a partir del mensaje de León XIV, el principio de la justicia social debe constituir una reivindicación para la comunidad cristiana en general.
    Para nosotros, básicamente, la justicia social es una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad al Evangelio. Eso lo expresa magníficamente León XIV. La justicia social es la capacidad de un orden económico, social y político para permitir una vida digna, especialmente a los sectores más frágiles y vulnerables. Ya Juan Pablo II, al igual que Pablo VI, planteó la opción preferencial por los pobres. Francisco también remarcaba el concepto de la cultura del descarte, que expresa las nuevas formas de exclusión. Nosotros tenemos que estar con los más pobres, con los refugiados, con los desplazados, con las víctimas de la violencia y con las personas que viven en las periferias existenciales y urbanas.
    Tenemos que estar a favor de la paz, trabajar por la seguridad internacional, atender el problema del cambio climático y comprender los procesos de migraciones y desplazamientos forzados. También tenemos que recuperar aquello que tan bien expresa Marita cuando señala que la justicia social no consiste solamente en la distribución equitativa de los bienes o en la reparación de las injusticias, sino que tiene una dimensión reparadora vinculada con la recuperación de los vínculos rotos.
    Tenemos que reconstruir ese tejido social destruido por este tipo de políticas egoístas. Aprovecho esta oportunidad que ustedes me brindan para transmitir que el mensaje de León XIV constituye una reflexión muy profunda desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia.
    Para nosotros, los justicialistas, esa doctrina constituye un faro que ilumina nuestra acción, porque entendemos que el justicialismo se inspira en la doctrina social de la Iglesia desde una perspectiva humanista cristiana. Esto significa reconocernos como imagen y semejanza de Dios y comprender que la actitud vencedora de Cristo, que vence a la muerte y al pecado, nos transforma y nos compromete con una vida humana, solidaria y pacífica.

    Opacidad en el proceso de concesiones viales

    -Senador, lo llevo a un tema de agenda que surgió esta semana y seguramente dará que hablar. Aparece el decreto 1358/2026 sobre la Red Federal de Concesiones, vinculada con la obra pública y el control vial. Se trata de una cuestión estratégica, como es la administración de las rutas nacionales. En este caso, están comprendidas las rutas 11, 16 y 89, con un cambio de modalidad en su administración. El plazo ya está corriendo desde el 14 de noviembre de este año hasta el 14 de noviembre de 2027, período durante el cual se puede convocar a licitación para privatizar las rutas. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué impresión le genera este cambio de modalidad?
    -Mire, me preocupa mucho que el proceso de concesión de peajes esté a cargo de este Gobierno sin controles y con una opacidad alevosa. Ya lo hemos denunciado respecto de casi 9.300 kilómetros de la red vial, en el marco de la Ley 27.742 de concesiones.
    Son ocho empresas involucradas en procesos de privatización parcial o total y concesiones que, como integro la comisión de privatizaciones, hemos objetado incluso ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que ineludiblemente debe intervenir en este tema. Quieren vender los activos por una verdadera baratija y otorgar concesiones de muy largo plazo sin garantizar las obras necesarias y suficientes.
    Si van a establecer concesiones por 20 años, aumentando los peajes, para que las empresas solamente corten el pasto, hagan bacheos y coloquen señalización vertical y horizontal, sin realizar las tareas de rehabilitación y mantenimiento que permitan garantizar la sustentabilidad de la red, la verdad es que eso no sirve. Ahora bien, si queremos discutir un modelo de concesiones viales transparente, que contemple el mantenimiento, la rehabilitación, la señalización vertical y horizontal y todas las tareas necesarias para garantizar un servicio de alta calidad, podríamos pensar en un sistema en el que converjan las provincias y la Nación.
    También habría que analizar un esquema de peajes cruzados, de acuerdo con el tránsito medio diario y el uso y la afectación específica de los recursos, como ocurre con el sistema de combustibles de la Ley 23.966 o el decreto 1381, referido al fondo fiduciario hídrico. La verdad es que se gastaron USD1.700 millones mediante la manipulación de los precios de los combustibles y, además, no se utilizaron esos recursos para los fines correspondientes, sino que se canalizaron a través de operaciones de intermediación financiera.
    Mientras tanto, las rutas están cada vez en peor estado. Estoy de acuerdo en discutir una metodología diferente. No puede ser que la Argentina tenga solamente 3.700 kilómetros de autovías y accesos viales. Tendríamos que tener el doble y alcanzar entre 20 mil y 30 mil kilómetros. No puede ser que no tengamos una infraestructura de esa magnitud cuando Estados Unidos cuenta con entre 80 mil y 96 mil kilómetros, siendo un país cuya superficie es más de tres veces superior a la de la Argentina.
    Lo que estoy diciendo es que no me niego a discutir conceptualmente los modelos de concesiones viales, pero sí me opongo a que sea este Gobierno, con la opacidad que lo caracteriza, el que los instrumente. Considero que tiene que ser una discusión en el ámbito del Congreso, de manera extremadamente transparente, que permita asignar adecuadamente los recursos para construir y mantener la red vial que la República Argentina merece. Lo mismo sucede con la red ferroviaria y con el conjunto de la infraestructura.
    Este gobierno está destruyendo la logística integrada, lo que también genera un tipo de cambio real efectivo más bajo y, naturalmente, un problema de competitividad. Estoy absolutamente en desacuerdo con las medidas que toma el gobierno de manera unilateral, por sus consecuencias nocivas y por la opacidad de su contenido.

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