La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) formalizó el último paso administrativo para que el Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (Rimi) funcione plenamente, mediante la habilitación del esquema destinado a recuperar los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado (IVA) originados en inversiones productivas realizadas por pequeñas y medianas empresas.
El procedimiento fue instrumentado mediante la articulación del Sistema Integral de Recupero (SIR) con el Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), dos herramientas digitales que permitirán gestionar las solicitudes y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas por el régimen.
A través de esta estructura, las empresas podrán tramitar el reconocimiento de los créditos fiscales vinculados con las adquisiciones e inversiones productivas que hayan realizado, siempre que se encuentren debidamente comprendidas en los parámetros establecidos por la normativa.
APLICACIÓN EFECTIVA
La puesta en funcionamiento del mecanismo constituye una instancia central para la aplicación efectiva del Rimi, debido a que permite transformar el beneficio fiscal previsto por la legislación en un procedimiento administrativo concreto.
Hasta esta etapa, las empresas necesitaban contar con las condiciones normativas y los mecanismos de reconocimiento de sus inversiones; con la definición de los códigos y requisitos de gestión, Arca estableció el circuito necesario para solicitar la devolución de los importes correspondientes.
El alcance de la medida comprende los créditos fiscales del IVA facturados por inversiones productivas, cuyo recupero podrá solicitarse una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde el momento de su cómputo.
Los importes reconocidos podrán destinarse a cancelar impuestos propios de las empresas o tramitarse para su devolución, de acuerdo con las condiciones y los procedimientos establecidos por el organismo recaudador.
¿Cómo nació el Rimi?
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (Rimi) nació originalmente en enero de 2025 como una iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, incluida dentro del Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.
Su objetivo fundacional fue crear una herramienta de alivio fiscal y estímulo económico destinada específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), funcionando como un complemento necesario frente al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), que estaba reservado únicamente para proyectos de gran escala.
Tras más de un año de debates parlamentarios y reordenamientos legislativos, la iniciativa encontró su cauce definitivo en marzo de 2026 al ser incorporada en el Título XXIII de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral.
Con su promulgación el 6 de marzo de 2026, el Estado nacional formalizó este marco promocional para incentivar la adquisición de bienes de capital y el desarrollo de obras de infraestructura que permitan mejorar la competitividad del entramado productivo local.
Para hacer operativa la ley, el gobierno nacional dictó en abril el decreto 242/2026, mediante el cual se reglamentaron los requisitos técnicos, las condiciones de acceso y los topes de inversión exigidos según el tamaño de cada empresa.
Esta normativa estableció un esquema escalonado de montos mínimos en dólares estadounidenses, permitiendo que tanto las microempresas como las medianas de tramo 2 puedan presentar proyectos acordes a su capacidad financiera, sin quedar excluidas por barreras de entrada inalcanzables.
El alcance sectorial del régimen abarca una amplia variedad de actividades económicas estratégicas, incluyendo la industria manufacturera, el sector agropecuario, la minería, la construcción, el turismo y la prestación de servicios vinculados a la producción.
Sin embargo, la normativa excluye explícitamente a las actividades financieras, la intermediación bursátil y ciertas operaciones inmobiliarias meramente especulativas, asegurando que los recursos fiscales se dirijan hacia la generación real de capacidad instalada y empleo.
Devolución
La devolución de los créditos fiscales del IVA constituye uno de los componentes centrales del esquema destinado a las pymes, porque permite recuperar importes asociados con inversiones productivas sin tener que esperar necesariamente a que se generen débitos fiscales suficientes para absorberlos.
De esta manera, el mecanismo busca facilitar la disponibilidad de recursos vinculados con la adquisición de bienes y otros desembolsos comprendidos en el régimen, bajo las condiciones de control y acreditación establecidas por Arca.
La política de incentivos a la inversión también incorporó otro instrumento destinado a empresas que no reúnen las condiciones para acceder al Rigi ni al Rimi.
Se trata del Régimen de Incentivo a las Inversiones Relevantes (Riil), cuya aprobación por parte del Senado fue mencionada como parte de la ampliación del esquema de promoción económica. Esta iniciativa contempla inversiones mínimas de USD12 millones y prevé beneficios vinculados con la devolución del IVA y la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias.
Alcance
La normativa establece que podrán acceder al mecanismo las empresas comprendidas en el artículo 179 de la Ley 27.802, siempre que cumplan conjuntamente con los requisitos determinados por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la propia Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La condición de beneficiario, por lo tanto, no depende exclusivamente de la clasificación empresarial, sino también de la acreditación de las exigencias específicas previstas para el régimen.
El beneficio alcanza a los créditos fiscales del IVA que hayan sido facturados como consecuencia de inversiones productivas y que cumplan con el plazo mínimo de tres períodos fiscales mensuales desde su cómputo.
Una vez reunidas esas condiciones, los contribuyentes podrán solicitar que los importes sean restituidos o aplicados a la cancelación de sus propias obligaciones impositivas, conforme al procedimiento administrativo habilitado por el organismo recaudador.

