Representantes de comunidades indígenas, trabajadores de la salud, docentes, productores y organizaciones sociales de General San Martín plantearon problemas de atención sanitaria, alimentación escolar, acceso al agua y acompañamiento a los jóvenes durante una audiencia pública realizada el viernes en el Centro Regional de Estudios Superiores (Cres).
Tras escuchar las exposiciones, los diputados se comprometieron a elaborar un informe para el Ejecutivo y fijaron una reunión de seguimiento para el 10 de diciembre.
La convocatoria, bajo el lema «Diputados escuchan al pueblo», fue impulsada por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, presidida por Rodolfo Schwartz. Participaron María Luisa Chomiak, Carina Botteri Disoff, Adrián Zukiewicz y Rubén Guillón. El intendente Mauro Leiva también saludó la iniciativa.
Según el comunicado difundido por el PTP-PCR Chaco, entre los asistentes hubo integrantes de la Multisectorial de San Martín, referentes indígenas y campesinos, enfermeros, bioquímicos, técnicos de producción, docentes bilingües interculturales, jubilados, jóvenes y familias.
Las intervenciones describieron dificultades que atraviesan distintos sectores de la comunidad y reclamaron respuestas de los organismos responsables.
la atención sanitaria
Uno de los planteos centrales estuvo relacionado con la tuberculosis. Representantes comunitarios señalaron la existencia de 13 casos en un barrio y denunciaron dificultades para acceder a medicamentos, controles y seguimiento de los tratamientos.
Durante las exposiciones también se advirtió que la falta de una alimentación regular dificulta sostener los tratamientos. Los asistentes señalaron que algunas personas los interrumpen porque no toleran la medicación en esas condiciones y reclamaron que la respuesta sanitaria contemple también la situación alimentaria de las familias.
En ese marco, se propuso recuperar la atención de una salita comunitaria mediante la reincorporación de un auxiliar de enfermería que había prestado servicios en el lugar. Según lo expuesto, esa tarea se sostenía con una retribución de $150 mil por 22 horas mensuales, posteriormente suspendida.
Los planteos motivaron pedidos de informes a los organismos competentes sobre la situación de la tuberculosis. El seguimiento de las prestaciones y de los reclamos sanitarios quedó incorporado a los compromisos asumidos durante la audiencia.
Escuelas y alimentación
La situación educativa fue otro de los ejes. Se describieron dificultades vinculadas con la falta de agua, el deterioro de sanitarios y la reducción de la jornada escolar. Además, se señaló que la Escuela 895, a la que concurren alrededor de 800 estudiantes entre ambos turnos, no cuenta con comedor.
De acuerdo con las exposiciones recogidas en el comunicado, docentes y familias realizan aportes para acercar alimentos a los alumnos. Los participantes también plantearon la falta de merenderos en los barrios y la necesidad de fortalecer los espacios de asistencia alimentaria.
Los reclamos pusieron en relación las condiciones materiales de las escuelas con las posibilidades de sostener la enseñanza. La provisión de agua, los baños y la alimentación aparecieron como necesidades concretas que requieren intervención de distintas áreas del Estado.
Los jóvenes, por su parte, manifestaron dificultades para continuar carreras universitarias y de nivel superior. Entre los obstáculos mencionaron la falta de becas y de alojamiento para estudiantes de comunidades indígenas que necesitan trasladarse para estudiar.
Acompañamiento comunitario
Durante la audiencia también se expresó preocupación por suicidios de jóvenes. Los participantes mencionaron cinco casos en tres meses y solicitaron información oficial y medidas de prevención y acompañamiento. El planteo fue incorporado a los pedidos de informes, junto con la situación sanitaria.
Las intervenciones describieron problemas de acceso al empleo, pérdida de espacios recreativos y dificultades para abordar los consumos problemáticos. También destacaron el trabajo que una psicóloga social y un equipo vienen sosteniendo desde hace un año para acompañar a jóvenes y familias.
Otro de los reclamos estuvo relacionado con la suspensión de prestaciones de Renta Mínima, de $28 mil. Según lo expuesto, esos ingresos estaban vinculados con tareas de vigilancia comunitaria realizadas por un grupo de 25 padres. Los asistentes pidieron recuperar herramientas de sostenimiento económico y organización barrial.

