El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia rechazó este martes dos planteos interpuestos por las defensas de Ariel Alberto Sosa y Hugo Sebastián Sosa en el marco de la causa conocida como la del “Clan Sosa”, mediante los cuales buscaban reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de sus actuales condenas por lavado de activos.
La resolució del juez de Cámara Enrique Jorge Bosch, coincide con el dictamen del Ministerio Público Fiscal, estableciendo que el ordenamiento penal argentino no admite un “banco de días” o saldo abstracto de encierro entre causas independientes.
En el primer fallo, el tribunal denegó la solicitud formulada por los abogados particulares Jorge Eduardo Alcántara y Daniel Alejandro Fischer en representación de Ariel Alberto Sosa, quien cumple de manera ininterrumpida desde el 15 de junio de 2025 una pena firme de 4 años y 6 meses de prisión impuesta mediante la Sentencia N° 16/2026.
La defensa había requerido un “cómputo integral y compensación” para que se descuenten 392 días correspondientes a la prisión preventiva que Sosa sufrió en un proceso anterior del año 2017/2018, expediente que finalmente concluyó con su absolución.
En una resolución gemela dictada hoy, el juez Bosch también rechazó un planteo de idénticas características presentado originalmente por los mismos letrados particulares en favor de Hugo Sebastián Sosa —actualmente asistido por la defensa pública oficial—, quien cumple desde el 23 de febrero de 2024 una condena firme de 7 años de prisión dictada en la misma sentencia por lavado de activos.
En este caso, se solicitaba descontar los períodos de encierro cautelar que había afrontado en dos expedientes previos que finalizaron sin condena: la causa federal FSM 67218/2017 (en la que fue sobreseído) y la causa N° 3768/2018-2 tramitada ante la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde estuvo detenido en dos tramos hasta ser absuelto por homicidio agravado en septiembre de 2021.
FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL
Al rechazar ambas presentaciones, el magistrado aclaró en primer término que el concepto de “compensación” resulta ajeno al derecho penal argentino, ya que la pena estatal no funciona como una deuda ni un crédito que pueda saldarse con sufrimientos o detenciones pasadas en procesos desvinculados.
En esa línea, el fallo subrayó que el artículo 24 del Código Penal limita el cómputo de la prisión preventiva al ámbito interno de cada causa (intra-causa), mientras que el artículo 58 únicamente habilita a ponderar detenciones sufridas en otros expedientes cuando existen múltiples condenas firmes susceptibles de unificación.
Dado que los procesos anteriores invocadas por ambos condenados concluyeron en absoluciones y sobreseimiento —y no guardan conexidad fáctica ni temporal con los hechos de lavado de activos juzgados en Resistencia—, el Tribunal resolvió que ambos deberán cumplir de manera íntegra los plazos fijados en sus respectivas condenas.

