El ataque de palomas y cotorras a los cultivos en el Chaco sigue siendo un problema que deja secuelas y pérdidas para el productor y para la economía de la provincia.
Un informe hecho por la Bolsa de Comercio del Chaco, en su informe mensual de octubre, señala que tomando en cuenta la producción de la campaña girasolera chaqueña pasada, y asumiendo que, si bien hubo lotes que perdieron hasta el 60% del rinde por daños de palomas, tomamos una pérdida general estimada en el 15%, vemos que toda la economía chaqueña perdió más de $149 mil millones, mientras que solamente por menor emisión de guías la provincia perdió en recaudación un monto superior a los $2.665 millones.
Con los números expuestos toma relevancia que estas son acciones necesarias y urgentes, que traerán beneficios directos a la producción e indirectos a todas las actividades relacionadas que la misma dinamiza, pero a su vez, tendrá beneficios también para el propio Estado, por mayor recaudación, mayor inversión, mayor consumo, mayor generación de divisas, mayor ahorro.
El informe indica que continúa la enorme preocupación en todo el arco productivo chaqueño volcado a la oleaginosa, pues los avances en el control de palomas y cotorras por parte del Estado han sido prácticamente nulos.
Sostenemos desde nuestra institución que la estrategia de control no puede ser aislada, descoordinada, ni realizada en forma individual con los métodos que a cada productor le parezca.
Se descuenta que los esfuerzos individuales son ineficientes y hasta pueden ser perjudiciales en términos ambientales.
Se recuerda que está vigente la Ley 6837 del Chaco que establece la creación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (Coprosave). Esta norma tiene como finalidad organizar la defensa sanitaria de la producción agrícola provincial frente a plagas o agentes perjudiciales y que por decreto 204/12 se la reglamenta.
En su artículo primero se establece que el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Agricultura, será el organismo de aplicación de la ley y que su finalidad es elaborar estrategias fitosanitarias, evaluar la situación sanitaria y realizar planes de acción.
Adicionalmente, en el artículo 5° se establece que el organismo de aplicación podrá declarar la emergencia sanitaria vegetal cuando a su criterio signifique peligro para la producción vegetal en la provincia.
No basta con el reconocimiento de que es un problema «recurrente de años y décadas» pues los productores ya arriesgan suficiente con el riesgo climático y comercial.
Agrega el informe de la BCCH que habiéndose reconocido por el mismo Ministerio de Producción en noviembre de 2025 una pérdida que va entre el 30% y 60% de la producción por daños de palomas y cotorras, parece suficiente evidencia para poder declarar la emergencia sanitaria, y utilizar todos los mecanismos institucionales que la norma prevé y afectar recursos necesarios para encarar acciones inmediatas.

