El Tribunal Oral Federal de Resistencia homologó un acuerdo pleno y confirmó la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva para Gustavo Andrés Quizama. La audiencia fue presidida por el juez Juan Manuel Iglesias, con la participación de Osvaldo Alberto Facciano y Rubén Quiñones. La resolución también contempla multa, inhabilitación absoluta y decomiso de bienes.
La causa conocida como “Narcopolicías” registró una nueva definición judicial este martes 17 de noviembre, luego de que el Tribunal Oral Federal de Resistencia homologara un acuerdo pleno y confirmara la condena de seis años y seis meses de prisión efectiva para el cabo primero Gustavo Andrés Quizama, investigado por su participación en la maniobra de sustracción de cocaína durante un procedimiento oficial de incineración de estupefacientes en Colonia Benítez.
La resolución se produjo durante una audiencia bajo el formato de juicio de cesura, desarrollada en el marco del nuevo Código Procesal Penal Federal, en una instancia que se realizó por primera vez bajo este sistema en la jurisdicción.
El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Osvaldo Alberto Facciano y Rubén Quiñones, con la presidencia del primero y la participación virtual de los otros dos magistrados.
Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron los fiscales Patricio Nicolás Sabadini y Juan Gabriel Giménez, mientras que la defensa técnica de Quizama estuvo representada por los abogados Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar.

Macarena Barceló Fogar, defensa de Quizama. El Tribunal Oral Federal de Resistencia confirmó la condena de seis años y medio para Gustavo Quizama. Alegre y Ramírez continúan hacia el juicio oral.
El tribunal homologó el acuerdo pleno
Durante la audiencia, las partes presentaron un acuerdo pleno que fue sometido a consideración del tribunal.
El procedimiento se desarrolló sin un nuevo debate sobre la culpabilidad del imputado, dado que esa cuestión había sido abordada en una instancia anterior mediante un acuerdo parcial.
Con el consentimiento expreso del Ministerio Público Fiscal, la defensa técnica y el acusado, el tribunal declaró admisible el entendimiento y lo homologó en el mismo acto.
De esta manera, quedó confirmada la condena de seis años y seis meses de prisión efectiva, junto con las sanciones accesorias correspondientes.
La decisión representa la culminación de una etapa procesal que había comenzado durante las audiencias de control de la acusación, cuando la defensa de Quizama y la Fiscalía acordaron resolver su situación mediante un procedimiento abreviado.
De un pedido de 11 años a una pena de seis años y medio
En la acusación formal presentada a comienzos de septiembre, el Ministerio Público Fiscal había solicitado para Quizama una pena de 11 años de prisión.
La imputación comprendía el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la cantidad de intervinientes y por la condición de funcionarios públicos, en concurso real con peculado.
Posteriormente, el efectivo reconoció su responsabilidad penal en el marco del acuerdo parcial alcanzado con la Fiscalía.
La jueza federal María Virginia Ise había homologado ese entendimiento durante la etapa de control de la acusación, conforme al artículo 326 del Código Procesal Penal Federal, con un compromiso de pena de seis años y seis meses de prisión efectiva.
El acuerdo contemplaba además 45 unidades de multa e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena.
La instancia celebrada este martes ante el Tribunal Oral Federal permitió completar el procedimiento mediante la homologación del acuerdo pleno y la confirmación de la pena.
La resolución también incluyó el decomiso de bienes, aunque el detalle de los elementos alcanzados por esa medida no fue precisado en la información disponible.
Seis policías condenados mediante acuerdos abreviados
Con la resolución correspondiente a Quizama, son seis los policías que recibieron condenas mediante procedimientos abreviados en la causa.
Anteriormente, Juan Nicolás Almirón Núñez y Néstor Ariel Urne Canteros habían sido condenados a seis años y seis meses de prisión efectiva.
En tanto, Gustavo Jesús Acosta, Gastón Ezequiel Villalba y Francisco Lucas Leonel García recibieron penas de tres años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado.
Los acuerdos permitieron resolver la situación penal de estos efectivos sin la realización de un juicio oral ordinario.
Las diferencias entre las penas impuestas responden a las calificaciones legales y responsabilidades reconocidas en cada procedimiento.


El tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Osvaldo Alberto Facciano y Rubén Quiñones, con la presidencia del primero y la participación virtual de los otros dos magistrados. Por el Ministerio Público Fiscal intervinieron los fiscales Patricio Nicolás Sabadini y Juan Gabriel Giménez, mientras que la defensa técnica de Quizama estuvo representada por los abogados Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar.
Alegre y Ramírez continúan por la vía ordinaria
Tras la condena de Quizama, el proceso ordinario continúa respecto del comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Franco Andrés Ramírez, quienes permanecen detenidos.
Alegre está señalado por la Fiscalía como presunto organizador de la maniobra investigada y enfrenta una pretensión fiscal original de 15 años de prisión.
Por su parte, para Ramírez el Ministerio Público Fiscal solicitó originalmente 12 años de prisión.
Ambos pedidos corresponden a la acusación presentada durante la investigación y no constituyen condenas.
Alegre cuenta con la representación de los abogados Gonzalo David Sánchez y Juan Martín Varas, mientras que Ramírez es defendido por Lucio Gonzalo Otero.
La situación de ambos continúa sometida al procedimiento de control de la acusación, etapa destinada a determinar qué hechos y elementos probatorios podrán ser incorporados al eventual juicio oral.
Hasta la información procesal disponible, no se registran acuerdos de juicio abreviado ni condenas respecto de Alegre y Ramírez.
La investigación por casi 9,5 kilos de cocaína
La causa se originó a partir de los hechos registrados el 18 de diciembre de 2025, durante un procedimiento de incineración de estupefacientes realizado en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez.
Según la hipótesis sostenida por el Ministerio Público Fiscal, un grupo de efectivos de la Policía del Chaco habría participado en una maniobra destinada a sustraer 9,490 kilos de cocaína que se encontraban bajo custodia y debían ser destruidos.
La investigación incluyó declaraciones testimoniales, pericias sobre teléfonos celulares, documentación y registros audiovisuales.
La acusación también describió una presunta maniobra de sustitución de estupefacientes mediante la utilización de bloques de yeso, circunstancia que dio origen a la denominación pública de “Banda del Yeso”.
Una nueva etapa en la causa
La homologación del acuerdo pleno de Quizama representa un nuevo avance en la resolución judicial del expediente.
Con seis policías condenados mediante procedimientos abreviados, la atención se concentra ahora en la situación de Alegre y Ramírez, cuyas responsabilidades penales todavía deberán ser determinadas judicialmente.
El próximo paso será continuar con las decisiones pendientes de la etapa de control de la acusación y establecer si corresponde disponer la apertura del juicio oral.
La resolución dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia también constituye un antecedente relevante en la implementación del nuevo sistema procesal penal federal, al haberse desarrollado una audiencia de cesura bajo esta modalidad en la jurisdicción.

