Procesaron a la intendenta de Urien por enriquecimiento ilícito

El juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, procesó a la intendenta de Enrique Urien, Liliana Pascua, en la causa en la cual se la acusa de los delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación contra la administración pública. También le trabó embargo por un monto superior a los $45 millones.
En el escrito al que tuvo acceso este medio, el juez señaló que en esta etapa de la causa, se pudo confirmar una serie de irregularidades que habilitan el procesamiento de la intendenta.
En primer lugar, se constató que una vivienda construida en Enrique Urien, de la que Pascua es propietaria, fue edificada dentro del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, la cual se encuentra «autoadjudicada y ocupada por la imputada Liliana del Carmen Pascua».
No solo eso: la vivienda fue construida con parámetros completamente alejados de los mínimos lineamientos de construcción que prevé el programa referido. Es decir: se edificó una casa mucho más fastuosa de lo que debería.
«Por lo tanto, la imputada Pascua, siendo intendenta municipal de la localidad, abusó de la confianza que lleva el programa referido, teniendo en cuenta la descentralización que se les otorga a las autoridades municipales en el rediseño de políticas locales», sostuvo el juez.
El magistrado remarcó además que la intendenta «desvirtuó en beneficio propio, adjudicándose y modificando la vivienda» a la cual le ha añadido comodidades que exceden «casi de modo obsceno» los fines que inspiró la creación del Programa Federal de Vivienda y Mejoramiento de Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales, tales como sacar el techo original, construir una planta alta, construcción de baños adicionales, «un mobiliario suntuoso, más si tenemos en cuenta los fines paliativos de la pobreza que inspiraban a la ley, tales como la instalación de siete aires acondicionados», señaló el magistrado.
«Como si esto fuera poco no hay que perder de vista que la vivienda de (…) Villa Ángela es propiedad de Liliana Pascua, (…) que resulta infinitamente incompatibles con una persona en situación de riesgo, pobreza, económicamente excluida y/o en situación de criticidad, peor aún siendo intendenta», añadió Aranda.
«En esta instancia del proceso, se tiene por suficientemente acreditado que Pascua cometió el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, por la relación de poder que detenta como intendenta de Enrique Urien y que paradójicamente le otorga el programa de viviendas mencionado, como autoridad ejecutora local, no solo en beneficio personal, sino también de familiares directos y personas afines políticamente de la misma, situación que no encuentra con los requisitos establecidos por el programa», sentenció.
Esta causa nació tras una denuncia presentada ante la Justicia Federal por el diputado radical Alejandro Aradas, en octubre del año pasado.
Tomando como base una publicación del portal de noticias Infoqom, Aradas recordó que en 2013 el gobernador Jorge Capitanich anunció la construcción de diez viviendas para el paraje La Viruela, que fue devastado por un tornado, pero la intendenta Pascua decidió relocalizar las mismas para construirlas en el ejido de Urien y finalmente fueron entregadas en 2016.
Esas viviendas, sostiene la denuncia, que estaban destinadas a familias indígenas vulnerables, terminaron siendo ocupadas en su gran mayoría por familiares, amigos e inclusive por la propia Pascua. Los allegados beneficiados de manera presuntamente irregular fueron su cuñado, un tío, su madre y la expresidenta del Concejo Deliberante, muy cercana a Pascua.
Es más: varias construcciones fueron edificadas de manera que no se ajustan a lo normado en el plan ya que difieren sustancialmente con las características austeras.