La causa por violencia institucional perpetrada por agente policiales de la Comisaria Tercera de Fontana contra personas de la comunidad Qom, ocurrida en mayo del 2020, fue elevada a juicio, pero no se tendrá en cuenta el delito de torturas, que es lo que reclamaban la familia violentada y los organismos de Derechos Humanos.
Debido a esta determinación, el inicio del juicio no tiene fecha aún ya que las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura y la abogada querellante por la familia, Karina Paz, presentaron un recurso de oposición.
El 4 de febrero sería la audiencia en el Juzgado de Garantías. Ese día, la jueza Rosalía Zozzoli tendría que resolver si el juicio será en cámara, donde se incluiría el delito de torturas, o en juzgado correccional, donde solo se consideraría el delito de vejaciones agravadas.
Actualmente hay 10 imputados, incluyendo a la máxima autoridad de la Comisaría, por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. Sin embargo, no se incluye el delito de tortura, a pesar del relato de las victimas sobre su padecimiento físico y psicológico, y que fuera solicitado en varias oportunidades por las personas afectadas y las querellas.
EL HECHO
El 31 de mayo de 2020, aproximadamente las 4.30, efectivos policiales de la Comisaria Seccional Tercera de la ciudad de Fontana irrumpieron violentamente y de manera ilegal en la vivienda de Elsa Fernández, quien se encontraba descansando con sus hijos, cuatro de ellos menores.
Los policías atacaron a esta familia de manera brutal, ejerciendo altos niveles de violencia física, verbal y psicológica y detuvieron a dos varones y a dos mujeres, una de ellas adolescente, sin justificación alguna.
Dentro de la Comisaría Tercera, continuaron los insultos, amenazas de muerte y agresiones, malos tratos, torturas, e incluso una de las jóvenes denuncia abuso sexual por parte de los agentes policiales.