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    Comienza nuevo juicio contra acusado de abuso

    2 de diciembre de 2021
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    A partir de hoy, la Cámara en lo Criminal de Villa Ángela comenzará a juzgar a Laureano Roda, denunciado por su hijastra A.V.G., de 24 años, por haber abusado sexualmente de ella cuando contaba con apenas 4 años.
    Será el segundo juicio contra el imputado, ya que el primero, en el que fue sobreseído, fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia por falta de perspectiva de género y por no garantizarse los derechos de la víctima durante el proceso.
    Para abril de este año estaba previsto el inicio del nuevo juicio, pero se vio paralizado por un planteo de la defensa del imputado para que la anulación del primero sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por considerarla como «cosa juzgada», lo que fue rechazado por el máximo tribunal de la provincia.

    OBSERVACIONES
    Entre las irregularidades que se produjeron durante el primer juicio, según la visión del STJ, se destaca que ni la fiscala de Cámara, Silvana Rinaldis, ni el abogado que representó a la víctima, Francisco Pajor Flores, solicitaron pena para el acusado, por lo que la Cámara del Crimen de Villa Ángela debió absolverlo. Tampoco la notificaron sobre las instancias de ese primer juicio oral, lo que provocó que se vencieran los plazos legales para apelar la sentencia absolutoria.
    Tanto Rinaldis como Pajor Flores fueron denunciados por la víctima. La primera, por incumplir sus deberes de funcionaria pública al no informarla sobre el estado de la causa y por no perseguir ni reprimir delitos al no acusar al imputado a pesar de las pruebas existentes, principalmente su propio testimonio. En tanto a su exabogado lo acusó por presunta estafa y prevaricato de abogado por arrogarse su representación. Ninguna de las denuncias fue investigada, publicó el portal Gente de Pueblo. Es decir, para la Justicia chaqueña ambos actuaron correctamente.

    OTRA VISIóN
    Sin embargo, esta vez ni el tribunal ni el fiscal serán los mismos (tampoco la querellante), ya que así lo dispuso la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia del Chaco luego de anular la sentencia y ordenar que se realice un nuevo juicio, en diciembre de 2019, tras un planteo de casación del por entonces abogado querellante de la víctima, Paulo Pereyra.

    El nuevo juicio
    Por el lado de la acusación, estarán la fiscala de Investigación Valeria Sand y la abogada Silvina Canteros, como querellante particular representando a la víctima. En tanto el tribunal se conformará con jueces de Cámara de otro fuero, en este caso de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo: Claudia Torassa, Patricia Rocha y Diego Caballero.
    Roda llega acusado por el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado; abuso sexual gravemente ultrajante agravado, reiterado, en concurso real con corrupción de menores, agravado, en concurso real».

    Polémica por
    intento de cambio en la carátula

    Kevin Nielsen, integrante del Comité contra la Tortura, se refirió a la oposición planteada en el marco de la causa en la que están imputados diez agentes policiales por los hechos ocurridos en mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.
    «La diferencia que existe entre los apremios de vejación y de tortura tienen que ver con una gradualidad en el sufrimiento», afirmó. La calificación por tortura que piden las tres querellas será resuelta en una audiencia el 4 de febrero.
    Hace aproximadamente un mes, el fiscal especial en Derechos Humanos, Luciano Santos, clausuró la investigación de la causa por violencia institucional, por la cual hay diez policías de la comisaría Tercera de Fontana, imputados por delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento, en el marco de los hechos ocurridos a finales de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de esa localidad.
    «El fiscal solicita la elevación de la causa a juicio por entender que tiene todas las pruebas para que este caso sea juzgado. Desde las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la querella por parte de la familia, representada por la Defensa Pública, estamos de acuerdo con la clausura de la investigación, no así con la carátula con la que se pretende elevar esta causa a juicio», comentó.
    Con el planteo, las tres querellas presentaron una oposición a la calificación, que será resuelta el 4 de febrero por el Juzgado de Garantías 3, a cargo de Rosalía Zózzoli.
    «En audiencia se va a definir si se mantiene la carátula actual por vejaciones o si, en cambio, la jueza de Garantías ordena al fiscal cambiar la carátula a la de tortura, que es la que nosotros sostenemos. Esto tiene que ver con la adecuada calificación que deben tener estos hechos, producto de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y chaqueño, particularmente la Convención contra la Tortura», apuntó.
    Recordó que esta no es la primera oposición a un intento de elevar a juicio por parte de la Fiscalía.
    «Ya nos opusimos en el intento de elevarlo sin la imputación de la comisario Beatriz Lucena. Ahora estamos de acuerdo con la cantidad de imputados, las pruebas recabadas, pero no acordamos con la calificación legal. Pedimos que este caso sea elevado a juicio con la carátula correcta y que sea reparatoria a las víctimas, esa carátula es la de tortura», aseguró.
    Explicó la que la diferencia entre una carátula por vejaciones y la de tortura radica en la intensidad del sufrimiento. «Esa es la diferencia que existe. Entre los apremios de vejación y de tortura hay una cuestión de gradualidad en el sufrimiento. Esto es muy interesante porque, inclusive, el fiscal de Derechos Humanos, atento a los pedidos de la querella, de calificar como tortura, ordena nuevas pericias a las víctimas para poder analizar la situación psíquica de ellas. Así es que las pericias son contundentes en acreditar el grave sufrimiento que sufrieron y aún hoy sufren las víctimas de estos hechos: dificultad para conciliar el sueño, llantos, angustia, depresión, dificultades laborales e incluso estado de crisis ante la presencia de un patrullero. Tenemos el grave sufrimiento acreditado, la carátula adecuada es la de tortura», aseguró.

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