A medida que pasan los días, lejos de disiparse, las protestas y manifestaciones frente a los juzgados de familia y la niñez de Resistencia, se endurecen y dilatan. Sin encontrar las respuestas esperadas, padres, madres, abuelas y abuelos, tíos y tías, impedidos de contacto y a la espera de la resolución de diferentes causas y procesos judiciales, decidieron continuar con la vigilia, iniciada por Ángel Pozzaglio, quien se encuentra encadenado en el ingreso, que lleva cuatro días, y montar un acampe en el lugar.
Asimismo, tras la intervención de organizaciones sociales el miércoles pasado, diferentes sectores repudiaron públicamente el accionar, como lo hizo el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios, y la intergremial judicial. Ayer, un cordón policial comenzó la custodia del edificio, a pedido de las autoridades.
Por su parte, desde las organizaciones y familiares, defendieron su postura y metodología, asegurando haber agotado recursos administrativos y legales existentes, y volvieron a cargar contra el sistema judicial, sus dilaciones y falencias. Por su parte, María José Kiszka, referente de padres y madres impedidos por la justicia, aseguró los juzgados no están tomados. «Familias enteras de manera pacífica esperan una oportunidad para revincularse, y poder saber que niños y niñas están bien,
Al tiempo que desde la organización Infancias Compartidas señalaron que continúan en estado de alerta y movilización ante la inacción del Estado y los organismos nacionales. «La situación de los juzgados de familia en la provincia es crítica y alarmante, con este panorama desde que comenzó un acampe por tiempo indeterminado frente al juzgado de Resistencia visibilizando a la sociedad sobre esta problemática», anunciaron en sus redes y agradecieron a los medios de comunicación, organizaciones y vecinos que apoyan los reclamos.
Repudio del STJ
El Superior Tribunal de Justicia interpretó como «situaciones de violencia», protestas que se llevan en el lugar desde el lunes en el edificio ubicado en la calle French 166 de Resistencia, por lo que a través de un parte de prensa repudió el uso de la fuerza contra inmuebles o personas del Poder Judicial.
En ese sentido, el máximo órgano judicial exhortó a los sectores sociales y comunitarios, como así también a toda la ciudadanía, al irrestricto respeto de las instituciones republicanas, como es el Poder Judicial y, «en especial, a cada uno de los agentes que prestan funciones -magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas-, permitiendo el normal funcionamiento de los organismos».
Además informaron que fue solicitada la intervención del procurador general, del fiscal de turno, de la ministra de Seguridad y Justicia y del jefe de la Policía para «garantizar la seguridad de las personas tanto del Poder Judicial como profesionales y justiciables que concurren al edificio, permitiendo el ingreso y egreso pacífico y el correcto funcionamiento de las dependencias».
Finalmente, destacaron que «los reclamos exteriorizados refieren a causas judiciales en trámite y sujetas al estado procesal de las mismas y a la decisión, bajo el principio de independencia judicial, de las magistradas», y comprometieron «la mayor celeridad en los procesos». Al tiempo que entendieron «que los hechos de violencia como los ocurridos no hacen más que dificultar el trabajo y conllevan a mayores demoras en la tramitación de las causas, en lugar de coadyuvar a la solución de los conflictos ventilados en los expedientes», advirtieron.
magistrados y empleados
En la misma línea, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco expresó también su «total repudio a los actos de violencia llevados a cabo en sede de los juzgados de Familia de la Primera Circunscripción Judicial». La institución señaló que «los conflictos deben resolverse pacíficamente, a través de los canales procesales habilitados por las normas jurídicas al efecto y que el recurrir a la violencia como forma de expresarse implica un menosprecio al estado de derecho, al sistema de gobierno y a la paz social». Por lo cual manifestaron su solidaridad con todos los magistrados, funcionarios y agentes que han tenido que atravesar tan aberrante afectación en la integridad y dignidad personal de cada uno», entendieron.
Lo propio hizo la intergremial judicial conformada por el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco y Asociación Judicial del Chaco, quienes también repudiaron totalmente los hechos de violencia. Al mismo tiempo solicitaron a las autoridades de los tres poderes del Estado que garanticen la seguridad de las personas que trabajan en los tribunales y a los que concurren a tribunales.
«Más allá de los justos y legítimos reclamos individuales y colectivos, se repudia la inusitada violencia de un grupo de ciudadanos que han realizado una toma ilegal de un edificio público del Poder Judicial, cerrando el ingreso y egreso, privando de la libertad durante varias horas a otros justiciables, incluidos menores de edad, personas vulnerables, trabajadores judiciales, jueces y auxiliares de la justicia, quienes tuvieron que permanecer encerrados en el lugar, sin garantías, a la merced de un grupo de exaltados lo que no se corresponde con el sistema democrático que defendemos y defenderemos», consideraron.
Asimismo, cuestionaron la nota presentada por el Consejo de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, que denunciaron: «Una insoportable mora en los trámites de los expedientes», afirmación que calificaron de «insensata, hipócrita y cruel, ya que es de público conocimiento que en el actual contexto de pandemia mundial y de crisis económica que azota a nuestro país y ocasiona el exponencial aumento de causas, demandas, litigios y conflictos en todos los fueros de la justicia, no se ve reflejado en un incremento de presupuesto y de personal para atender en tiempo y forma. Sin embargo, los trabajadores hacen lo humanamente posible, para llevar adelante el sistema prestando servicio con horas extras no remuneradas, capacitándose día a día, para atender las infinitas necesidades de justicia de la población con un capital humano y presupuestario reducido, como es el que cuenta el Poder Judicial del Chaco, sin nunca haber escuchado una solicitud del Consejo de Abogados para equiparar esta injusticia», detallaron.
Abogados y su postura
La nota presentada por el Concejo de Abogados de Resistencia, al Superior Tribunal de Justicia, que fue cuestionada por los trabajadores judiciales, denuncia «la crítica situación que atraviesa el fuero de la familia en la primera circunscripción producto de la insoportable mora en los trámites de los sensibles expedientes que allí se tramitan», recordaron. «La mora que denunciamos importa a la espera de meses para que se provean peticiones que son impostergables, puesto que implican los más agudos dramas humanos, que se plantean en la sociedad y que involucra a niños y adolescentes, es decir a sujetos de la más expuesta vulnerabilidad y por ende de las más exigente tutela efectiva judicial», y en este sentido enumeraron: «Alimentos, intervenciones en situaciones de violencia, régimen de comunicación, adopciones», ejemplificaron.
Por esto consideraron que «la demora en atender estos planteos indiscutiblemente urgentes, en plazos razonables, supone denegar atención jurisdiccional oportuna y mantener, agravar o causar situación de restricción o violación de derechos fundamentales de las personas que claman por tutela judicial».
Tras lo cual consideraron que «demorar la atención de estas peticiones significa mantener situaciones de graves afecciones a los derechos humanos e incluso exponer a las personas a un daño irreparable y hasta fatales», advirtieron. Por último, entendieron que «nos encontramos en un estado de violación de derechos humanos consumado por la mora judicial que entendemos debe merecer nuestra inmediata intervención», destacaron y por último solicitaron una audiencia al alto tribunal con las juezas y magistradas del fuero y la defensora general por la representación de las asesorías.