Es ley una modificación que garantiza derechos, dijo la diputada.
Una iniciativa que apunta a fortalecer el consentimiento de las personas con discapacidad ante prácticas médicas ginecológicas se convirtió en ley este jueves.
Los cambios introducidos en las leyes N° 26.130 y N° 17.132 permiten fortalecer la voluntad y autonomía en intervenciones quirúrgicas conocidas como ligadura de trompas de Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía.
La norma también busca erradicar las esterilizaciones forzadas, que lesionan el derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación, manteniendo su fertilidad y el derecho a formar una familia.
La impulsora es la diputada nacional Lucila Masin y celebra que se aprobara un proyecto “fruto del trabajo realizado con exlegisladoras y organizaciones dedicadas a la temática en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, como REDI y FUSA”.
El proceso demandó años de debates en las comisiones legislativas de Salud y Acción Social y Discapacidad en 2017 y consultas a especialistas.
En detalle
Siguiendo lineamientos internacionales, se modificó la ley que rige las intervenciones de contracepción quirúrgica garantizando a toda persona mayor de 18 años el derecho de acceder a una ligadura de trompas y de conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud.
En otras palabras, se pone de relieve la decisión y elección de las personas con discapacidad.
Mientras que las adecuaciones al Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares remarcan el valor del consentimiento informado de la persona ante la práctica de una intervención que provoque la imposibilidad de engendrar o concebir.
En igualdad de condiciones con cualquier persona, se fortalece la capacidad de decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos. En consecuencia todos los aspectos apuntan a evitar restricciones totales o parciales al conocimiento de lo que implica una práctica de contracepción quirúrgica.
La reforma prevé mecanismos dispuestos en el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial, para asegurar autonomía a la hora de tomar decisiones.
La presentación fue acompañada por las firmas de Cristina Britez y de los exdiputados Carlos Castagneto, Laura V. Alonso y José Ciampini.