Con los primeros días del año llegan los anuncios y autorizaciones de aumentos por parte del gobierno nacional, que comienzan a marcar el camino de la readecuación tarifaria, principalmente tras meses de congelamientos por la pandemia. Así, los primeros incrementos autorizados se dieron en prepagas y algunos servicios de telecomunicaciones, peajes, aunque sin duda la mayor expectativa está puesta en la matriz energética.
Uno de los sectores que se encuentran aguardando definiciones, y ejerciendo presiones, es el de los combustibles, que se encuentran congelados desde mayo, lo que dejó al precio de este producto como uno de los más bajo de la región, ocasionando problemas de desabastecimiento y baja rentabilidad que afectan fuertemente al sector. Según estiman los especialistas, este congelamiento produjo un retraso en los precios del 17% al 20%.
Si bien desde la Secretaría de Energía aseguran que aún no hay información de aumentos previstos, los rumores comienzan hablar de actualizaciones para los próximos días de manera escalonada y se comienzan a escuchar afirmaciones como aumento inminente.
La aplicación de la primera suba tras más de siete meses pareciera estar a la vuelta de la esquina, y desde la industria dan cuenta que podría concretarse en la primera semana de enero, en coincidencia además con la fecha pico de ventas de combustibles por el inicio de las vacaciones. La última vez que los surtidores del país tuvieron una modificación fue el 16 de mayo pasado. Al calor de la campaña electoral, YPF plantó bandera y anunció que no aumentaría más sus precios y así lo hizo hasta la fecha, generando no solo un atraso significativo en los precios, sino incluso que las refinerías -incluyendo las propias- tengan que importar a pérdida los combustibles que no se elaboran en el país.
impuesto
Asimismo, una de las actualizaciones en el precio está prevista para marzo, fecha en la que el Gobierno postergó la suba de impuestos a los combustibles, el cual debía aplicarse desde el primero de diciembre, no obstante, con el objetivo de evitar nuevos aumentos, el Gobierno postergó hasta marzo la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). Ambos tributos, que tienen un impacto directo en los precios finales de las naftas y el gasoil en los surtidores.
Los impuestos a los combustibles se actualizan en forma trimestral de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del Indec, pero desde finales de la administración de Mauricio Macri y en varias oportunidades durante la gestión de Alberto Fernández se fueron trasladando hacia adelante para evitar incrementos que afecten al índice general de inflación.
desabastecimiento
En tanto la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines de Argentina (Cecha), alertó que se registra un faltante de combustible que se se verá agravado de no corregir estas asimetrías entre el mercado interno y el internacional. Hay un desfase y retraso en el precio del combustible que no fue solucionado por el Gobierno. Entonces, las petroleras cierran el grifo y entregan combustible con cuotas impuestas por las petroleras y se hace complicado un abastecimiento adecuado. El principal faltante se registra en el gasoily el comienzo de la campaña agrícola para la segunda quincena de enero profundizará esta situación.
Las petroleras están entregando combustible cuotificado; es decir, todas las estaciones de servicio reciben una cuota de venta sobre lo que fue expendido el mes anterior. Si llegase un pico de consumo, por la cosecha, el turismo, no hay dudas de que el mercado no va a poder ser abastecido.
Al respecto, desde YPF aclararon que la compañía está abasteciendo una demanda un 6% por encima de los niveles de diciembre de 2019 y aseguran que, sin embargo, no se registran problemas de abastecimiento en toda la red de estaciones bajo bandera YPF.
YPF posee más de 1.600 estaciones de servicio en todo el país y casi el 10% de esas estaciones son operadas en forma directa, durante este época establece un operativo logístico especial que le permite garantizar el abastecimiento, reforzando el despacho de combustibles y enumeran: 70 unidades adicionales a la flota y 130 conductores; una optimización del despacho desde las terminales para acortar distancias y tiempos; y se profundizaron los controles de seguridad en estaciones y transportistas para evitar quiebres de stock, entre otras medidas.
Buscan unificar el valor en todo el país
Senadores del oficialismo que pertenecen a la Comisión de Energía adelantaron a surtidores.com.ar, que tiene la intención de profundizar medidas tendientes a terminar con las implicancias de coyuntura que acarrean las decisiones temporales sobre el precio de los combustibles.
El legislador Sergio Leavy, quien es vicepresidente de la comisión, se mostró decidido a impulsar desde la Cámara baja una legislación que modifique de raíz las actuales condiciones comerciales del combustible en las estaciones de servicio.
«Para ello tomo como prioridad de la agenda 2022, una iniciativa del senador mandato cumplido Dalmacio Mera, tendiente a homogeneizar el precio de los combustibles en todas las estaciones de servicio YPF del país. Queremos que YPF sea el que rija el valor unificado para todas las provincias argentinas y terminar de esa manera con las discusiones que causan las medidas de emergencia en materia de naftas y gasoil», dijo Leavy a surtidores.com.ar.
Para ello, estimó prudente tomar como principal medida una reformulación profunda del sistema completo de logística y transporte del hidrocarburo para darle solución a los costos de flete tomados como principal inconveniente en materia de equidad de precios al surtidor.
«No es lógico que nosotros los salteños tengamos producción en nuestra provincia y nos llegue el combustible de bases que están en zonas más alejadas y, por el contrario, que desde nuestras plantas se abastezcan las bocas de expendio de provincias que tiene sus propias destilerías», destacó el representante de Salta.
El proyecto de ley que buscará sanción en las sesiones ordinarias de 2022 apela a la herramienta que posee el Estado argentino, de contar con YPF SA «como una empresa de bandera que posee la capacidad de incidir en el precio de venta al público, debido a que posee con una participación en el mercado superior al 50%».
Considera que si bien YPF jurídicamente es una sociedad anónima, realiza una actividad declarada de interés público.