Lo confirmó el STJ en la noche de este domingo. “Este tipo de ataques de índole delictual y malicioso habría comprometido información de algunos servidores del Poder Judicial», se reconoció.
Este domingo, a través de un comunicado, el Superior Tribunal de Justicia informó que “ha tomado conocimiento de un ataque de un malware del tipo ransomware que han sufrido algunos servidores del Poder Judicial de la Provincia del Chaco”.
“Este tipo de ataques -se agrega- de índole delictual y malicioso habría comprometido información de algunos servidores del Poder Judicial, como lo ha hecho en otros organismos públicos tanto nacionales como provinciales. Por el momento, no se tiene acabada definición de la real situación en que se encuentran los sistemas, servidores y servicios”, se asegura.
Y se informa que “por lo tanto, se ha dispuesto que la Dirección de Tecnologías de la Información brinde un informe sobre el origen del ataque y las consecuencias y el alcance de los daños relevados”.
Además, se indicó que “se realizarán las denuncias administrativas y penales correspondientes”.
Por otra parte, y dada la indeterminación de las consecuencias del ataque, “se ha dispuesto la suspensión de todos los servicios de índole digital (INDI, IURE, IURE -Ingreso de demandas-, SIGI, SIGI profesional, servidores, internet, conexiones de red, conexiones VPN, correos oficiales, domicilios electrónicos, y todo otro servicio digital que brinda el Poder Judicial) hasta el domingo 16 de enero de 2022”.
Sin perjuicio de ello, el Poder Judicial precisó que “continuará funcionando en esta feria con los y las agentes designados, con las limitaciones dadas por la suspensión de servicios digitales dispuesta, procurando los organismos jurisdiccionales y oficinas administrativas, en la medida de las posibilidades, dar las respuestas necesarias a la ciudadanía”.
Asimismo, se solicita a los y las auxiliares de la justicia, Consejo y Colegios de Abogados y Abogadas de toda la Provincia, dependencias de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, “el resguardo de cualquier documento o archivo digital con que cuenten, en caso de que sea necesaria su presentación ante los organismos intervinientes por posibles pérdidas”.