Este 10 de febrero se cumplieron tres años de la muerte de Sebastián Ponce De León, ocurrida a raíz de las torturas recibidas durante su detención por policías de la Comisaría Primera de la localidad de Barranqueras. En esta causa el Comité para la Prevención de la Tortura se constituyó como querellante luego de que la investigación apuntara a la responsabilidad por parte del personal policial que tenía al joven bajo su custodia.
El informe del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) determinó, mediante la aplicación del Protocolo de Minnesota, que el deceso de Ponce de León estuvo directamente relacionado a la tortura que se le infligió y por esto, el Comité solicitó que se proceda a la imputación por el delito de torturas, aportando el marco normativo para poder fundamentar la acusación.
Por otra parte, se advirtió de la existencia de diferentes falencias en el accionar del personal de Medicina Legal de Sanidad Policial, en virtud de las cuales se solicitó a la Fiscalía correr vista al Fiscal de turno a fin que se investigue la comisión del delito de “Falsedad Ideológica y Encubrimiento”. En ese proceso, el organismo también instó a la intervención de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
La causa, que había sido caratulada como tortura seguida de muerte a pedido del Comité, fue abruptamente modificada por el fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos provisorio, Luciano Santos, quien presentó el requerimiento de elevación a juicio en octubre de 2021 caratulándola como homicidio preterintencional.
Las querellas, tanto de la familia como la del Comité y de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, apelaron este requerimiento, considerando que se debe imputar a los agentes Cristian Chamorro y Sebastián Romero por tortura seguida de muerte, como así también a Carlos Rodríguez por encubrimiento agravado. La apelación se definirá en abril en el Juzgado de Garantías 2 de Resistencia.
El caso
Sebastián Ponce de León fue detenido el 31 de enero de 2019 en una casa de la localidad de Barranqueras y sometido a torturas. Diez días después, falleció en el Hospital Perrando como consecuencia de los golpes recibidos. El procedimiento, realizado por personal de la Policía de Chaco, generó dudas y sospechas que desencadenaron la investigación.
Para el Comité resulta de suma importancia el litigio estratégico en hechos de tortura que resultan sistemáticos y reveladores de prácticas de violencia institucional recurrentes en las fuerzas de seguridad. A su vez, el organismo acompaña a familiares, amigos y amigas en las movilizaciones de reclamo de justicia.