A partir del oleaje delictivo en el cual se vio inmersa Sáenz Peña, el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco diseñó un plan integral de Seguridad Pública basado en la descentralización y transferencia estratégica de recursos humanos, la innovación tecnológica y máxima organización posible.
Este plan se configura sobre la base de cinco ejes de trabajo: mesa de coordinación investigativa, otra de coordinación institucional, estrategia multiagencial para la reducción de la violencia, fortalecimiento de los recursos materiales y estrategias de seguridad preventiva.
«Entendiendo que cuando hablamos de prevención estamos haciendo referencia a las acciones vinculadas a impedir, evitar, obstaculizar o limitar aquellos hechos que dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y concurrentes, pudieran resultar delictivos o pudieran configurar actos atentatorios dela seguridad pública», se recordó desde esa cartera que conduce Zalazar, al recordar lo establecido en el artículo 3, inciso A, de la Ley de Seguridad Pública de 2011-2012.
Así, este eje pretende promover la formulación, implementación y/o evaluación de las estrategias de prevención social de la violencia y el delito, generando programas que actúen en forma directa o indirecta sobre las condiciones y los factores sociales determinantes de hechos de violencia que favorecen o apuntalan conflictos y hechos delictivos.
Por eso, y a los efectos de implementar esta estrategia, se diseñará e implementará un sistema de núcleos de carácter netamente analítico-operacional. El mismo se denomina Centro de Análisis y Operaciones Policiales (COP) con la misión de analizar y planificar las operaciones e intervenciones policiales focalizadas y evaluar el desempeño operacional policial posterior. Para esto, se llevarán a cabo diversos programas: más policías en tareas de prevención, estrategias de policiamiento focalizadas, interceptación de delitos predatorios (IDP) e intervención estratégica situacional (IES).
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
A partir de esta Mesa de Coordinación Institucional se pretende generar un espacio de colaboración, complementación y trabajo conjunto entre las autoridades provinciales del Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y las autoridades municipales para abordar la seguridad local, como un aspecto fundamental de la seguridad pública provincial.
Entre sus objetivos se destaca el promover la gestión integrada y coordinada de la información; como así también establecer criterios, lineamientos y respuestas comunes de parte de los gobiernos provincial y municipal para el abordaje integral de los fenómenos delictivos.
A su vez, impulsar una institucionalidad local y regional que consolide los criterios unificados de intervención por parte de los diferentes municipios en materia de delitos complejos, letales o de violencia altamente lesiva y articule con todos los organismos y niveles del Estado para garantizar intervenciones eficientes y eficaces. Tiene como objetivo construir enlaces e instancias de colaboración, comunicación e intercambio. Además, se busca generar modelos de gestión flexibles de articulación provincial y local, centrados en esquemas de colaboración y cooperación conjunta que permitan evitar la fragmentación de las políticas públicas con las que se busca dar respuesta a las violencias extremas.
Más acciones
El plan integral de Seguridad Pública también contempla estrategias para reducir y controlar la violencia altamente lesiva y con elevados niveles de letalidad focalizada en espacios territorialmente delimitados en las ciudades del Chaco, mediante políticas multiagenciales integrales de reconstrucción del entramado social y estatal barrial.
COORDINACIÓN
Por último, este plan integral propone una mesa cuyos integrantes sean representantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.
En este sentido se busca impulsar: Persecuciones Penales Estratégicas por medio de la cual se integre el trabajo de los fiscales en el marco de una estrategia global de comprensión de cada una de las formas específicas de la criminalidad.
La Persecución Penal Comunitaria tiende a promover una integración del trabajo entre las fuerzas de seguridad y los miembros del Ministerio Público Fiscal en cada uno de los sectores conflictivos de la ciudad en forma específica, buscando generar alianzas, convenios y mesas de abordaje interinstitucionales con otros actores sociales y estatales para responder de forma integral (no sólo con persecución penal) a una determinada área de la criminalidad.