Caso Bravo: Derechos Humanos será querellante

Tras la solicitud presentada ante la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituyó ayer como querellante en la causa que investiga la violencia policial ejercida por agentes policiales de Charata contra Leandro Bravo, fallecido durante ese accionar.
De esta manera, el Gobierno busca impulsar y aportar a la investigación que se encuentra en sede judicial bajo la órbita de la Fiscalía de Derechos Humanos.
«Creemos que la constitución en querellante de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros en el caso Bravo es fundamental para garantizar en la investigación un enfoque guiado por la perspectiva de los derechos humanos. Esto nos permite ser parte del proceso judicial, aportar pruebas, incorporar protocolos de actuación que tienen que ver con una investigación desde este abordaje», afirmó ayer la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch.
La funcionaria recordó que el Poder Ejecutivo es pionero en la constitución como querellante en causas de graves violaciones de derechos humanos en democracia. «Con esto se garantiza el acompañamiento integral a la familia, entendiendo que la querella no es solo parte de un proceso judicial, sino también parte de un proceso complejo y amplio, es un compromiso del Estado con la verdad», sostuvo.
Los hechos que investiga la causa sucedieron el pasado 26 de febrero. Ya en horas del mediodía, la víctima había advertido a un allegado que tenía temor, puesto que los días previos, según su relato, fue hostigado por efectivos policiales. Durante la siesta, alrededor de las 14.30, Bravo, estando albergado en la casa de un vecino, se comunicó con su hermana a quien le hizo una advertencia similar y hasta llegó a pedir que tenga en consideración realizar una denuncia.
Posteriormente, de acuerdo a relatos de testigos, Leandro se dirigió al domicilio de una mujer, pero no pudo ingresar ya que en la esquina de las calles Patricios y 9 de Julio de Charata, fue aprehendido, esposado, golpeado salvajemente y subido a un móvil policial, donde tres agentes de la Policía del Chaco continuaron con la golpiza. Luego fue trasladado hasta la División de Medicina Legal, donde se solicitó que sea llevado al hospital Enrique V. de Llamas, lugar en que finalmente se constató que se encontraba sin vida.
Según se pudo saber, Bravo en ningún momento ofreció resistencia, sumado además a los constantes y reiterados hechos de persecución que sufría. Hasta el momento se conoce que habrían participado cuatro móviles policiales con efectivos uniformados de las comisarías Primera y Segunda, y la División 911 de Charata.
La abogada Romina Duarte remarcó que el fallecimiento del joven se encuentra bajo la carátula de muerte dudosa.
«Desde Derechos Humanos decidimos constituirnos como querellantes en la causa que investiga la muerte de Leandro ya que su muerte se produjo bajo custodia policial, nuestra intervención en este este tipo de investigaciones otorga un acceso real a la Justicia a las familias de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos», expresó. Derechos Humanos instó además a que se aplique de forma urgente en todo el marco de esta investigación penal preparatoria el protocolo modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, también conocido como Protocolo de Minnesota, procurando en las diligencias investigativas abocar personal judicial.