Desde el miércoles se comenzó a escuchar a los testimonios, donde la tortura y los tratos degradantes por parte de los imputados eran la norma, y de lo cual no se salvaron ni siquiera las detenidas embarazadas.
En las audiencias del juicio oral denominado causa Brigada / Caballero III, por torturas y crímenes de lesa humanidad entre 1974-1979, donde se encuentran 8 imputados del Ejército, Policía y SPF, se comenzaron a escuchar duros y detallados testimonios de 17 sobrevivientes, como los que brindaron Susana Graciela De los Ríos, Silvia Robles, Carlos Aranda, María Elena Rossi, Diego Romero, Oscar Varela, Gerardo Delgado, Roque Benítez y Alberto Testa.
En estas audiencias, que se desarrollan bajo una modalidad mixta (parte del tribunal y testigos presenciales en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia y presidente y resto de las partes, imputados y testigos por vía remota) los testimonios versaron sobre detenciones sin un mínimo marco legal, y cautiverio en la Brigada de Investigaciones/ Alcaidía/U7, donde la tortura y los tratos degradantes por parte de los imputados en la causa eran la norma, y de lo cual no se salvaron ni siquiera las detenidas embarazadas .
El elemento novedoso consistió en acusaciones al jefe penitenciario de la U7, Pablo Casco, quien no había sido nombrado hasta ahora, y el testimonio de Gerardo Delgado en el cual se confirmó haber visto en la Brigada de Investigaciones a varios detenidos desaparecidos a la fecha (forma parte del objeto procesal de la presente causa).
También se tomaron testimonios que evidencian el «daño colateral» de las detenciones al margen de la ley; lo que sufrieron familiares de detenidos, las secuelas en la salud mental, y por último los robos y saqueos en las viviendas, de donde se llevaban primero gente, y luego bienes, «los jefes las alhajas y objetos de valor, y la tropa los muebles, ropa, cubiertos…».
El juicio abarca las denuncias de 33 sobrevivientes bajo prisión por razones políticas entre 1974 y 1979, siendo la mayoría de los casos bajo investigación son hechos calificados como privaciones ilegítimas de la libertad, concretadas mediante secuestros cometidos por grupos de tareas de fuerzas conjuntas -Ejército y la Policía del Chaco-, cuyas víctimas luego sufrieron todo tipo de tormentos, y también, en algunos casos, en la Alcaidía Policial y la Cárcel Federal U7, asimismo la causa comprende un nuevo caso de violencia sexual juzgado como crimen de lesa humanidad.
Para hoy se esperan los relatos de 10 testigos más.
Para seguir los juicios por videoconferencia se debe ingresar al sitio de Facebook de HIJOS CHACO (HIJOS Chaco) o de la CPM Chaco CasaporlaMemoria Chaco, https://www.facebook.com/cpmchaco.
LAS VOCES DE
LA TORTURA
En prácticamente la totalidad de los testimonios, los imputados Gabino Manader, José Rodríguez Valiente, José Marín y Luis Patetta fueron retratados como los represores de «mayor protagonismo» al momento de desplegar una crueldad sin límites y una pasmosa ineptitud en los «interrogatorios».
Gerardo Delgado, secuestrado con 20 años en la Brigada, señaló al respecto: «Era una tortura permanente, golpes, picana, en todo el cuerpo, y amenazas con traer nuestras familias. Lo más triste era escuchar que se reían por el dolor que uno sentía. Y preguntaban cosas que ni sabíamos, y por personas que nunca había visto».
Aseguró identificar a sus torturadores en el grupo de acusados: «Los veo y sé quiénes son porque a pesar del tiempo transcurrido de esas voces no me voy a olvidar nunca, ojalá pudiera».
Además confirmó la presencia en los calabozos de la planta alta de la Brigada de varias personas que a la fecha se encuentran desaparecidas (desde fines de 1977); se trata de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) Enzo Lauroni, Mónica Almiron, José Oviedo y el conscripto Abel Arce, todos en un estado físico calamitoso. «Me decían que me quede tranquilo, que yo iba a sobrevivir, pero que no me olvidara de sus nombres, que por nada del mundo me olvidara, porque ellos no», afirmó Delgado, cumpliendo su promesa.
TORMENTOS
«Te estás muriendo y no te das cuenta», le dijo el médico que la atendió luego de constatar un cuadro de desnutrición, sarna y escasísimos niveles de glóbulos rojos en sangre, con una hija recién nacida también en un estado grave al punto que debió ser reanimada, Susana Diez De los Ríos fue detenida con 18 años. Describió el hostigamiento psicológico en una atmósfera saturada los gritos de los torturados.
«Había una política represiva definida por la Junta Militar que planteaba la necesidad de exterminio de militantes, adherentes e incluso simpatizantes o indiferentes», dijo. Reconoció a Bettolli como uno de los oficiales de Ejército que la forzaba a firmar actas con declaraciones falsas.
Alberto Testa, su pareja de ese entonces, también fue detenido, y en su declaración completó la descripción de Diez De los Ríos. Luego de pasar un mes recluidos en la Brigada, pero separados, los sometieron a un careo: «Estaba muy deteriorada, muy flaca, su embarazo era como un gorrioncito, se le notaba en su rostro, su gesto, el color de su piel».
Hasta ese momento toda la información que Testa recibía por parte de Manader y compañía era que había perdido el embarazo. «Lo perdió… no vas a ser más papá, me decían como tortura psicológica.
Las secuelas del terror
María Elena Rossi fue a ver su marido, detenido en la Brigada y allí mismo fue detenida ella también, donde conoció la «Sala Negra» y recibió su ración de golpes y atropellos. Pasó por una detención domiciliaria, para volver a ser llevada a la Brigada y obligada a declarar y de allí a la Alcaidía.
Concluyó su declaración con las siguientes palabras: «La casa de mi abuela fue ametrallada. La casa de mi mamá fue allanada y la maltrataron. Luego lo detuvieron a mi marido. Luego a mi papá. Fue torturado estando enfermo y esa circunstancia se agravó y luego murió. Por último, me detuvieron a mí. Nunca nos dieron una explicación. Y mi hermano menor fue secuestrado y desaparecido en Santa Fe. Y casi 50 años después de los hechos tengo la oportunidad de decirlo en nombre de toda mi familia».
El testimonio de Diego Martín Romero también subrayó lo sufrido por familiares y el lastre para la democracia que implicaron los años de impunidad. Siendo niño sus padres Romero y Cristina Figueredo le pidieron que evitara a un vecino que vivía en la planta alta de la comisaría Primera, en Barranqueras, porque se trataba del hijo de José Rodríguez Valiente, quien, junto con Cardozo, Manader, Caballero, y fue responsable de la detención y torturas que sufrieran.
Ocurrió un 26 de mayo de 1977, él tenía 6 meses de vida, y también fue a parar a la Brigada de Investigaciones. Pasó varios días allí, incluso su madre perdió la capacidad de amamantarlo por el trauma sufrido. Fue rescatado por un tío y dado en guarda a familiares hasta que su madre fue liberada en agosto de ese año.
Por mucho tiempo sintió temor de verse alejado de su madre: «Padecí crisis de llanto de niño, creo que con los años esos temores se fueron transformando en otro tipo de miedos. Me tocó compartir el secundario con el hijo de Rodríguez Valiente, que en esa época era jefe de la División de Drogas Peligrosas.
Veía cómo los vehículos policiales que usaba para llevar a su hijo a la escuela solían hacerme seguimiento a mí cuando caminaba por la ciudad. Durante el periodo democrático estas personas siguieron en funciones y eso me generaba mucho miedo, mucho temor y mucha impotencia».