Este viernes a la mañana, continuó el juicio contra la ex intendenta Aida Ayala y el secretario general del sindicato de trabajadores municipales, Jacinto Sampayo, en el marco de la causa «Lavado II» por su presunta vinculación a un negociado millonario con la recolección de residuos en Resistencia. En la ocasión, la Fiscalía Federal solicitó 10 años de prisión para ambos y ocho años de prisión para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez por «defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado».
Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de siete años de prisión para Patricia Vázquez por ser partícipe necesaria en los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado. Rolando Acuña, exdirector de la empresa Pimp, enfrenta una solicitud de igual duración de prisión como partícipe necesario en estos mismos delitos.
Asimismo, Eulalio Bouza se enfrenta a una solicitud de cuatro años de prisión por su rol como partícipe necesario en el delito de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
Por otro lado, el fiscal Carniel también solicitó una condena de tres años de prisión para Fátima Rigassio por su participación necesaria en estos delitos, al igual que para Luis Escobar y Diego Martínez Guarino, considerados partícipes secundarios.
En cuanto a Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiróz, Mónica Centurión, Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez, se propuso una pena de tres años de prisión como partícipes secundarios en el delito de lavado de activos agravado. Finalmente, se solicitó la absolución de Natalia Martínez Guarino debido a dudas sobre su participación en los hechos.
NEGOCIADOS MILLONARIOS
Según la acusación, Ayala habría asignado de manera irregular el contrato de recolección de basura a la empresa «Pimp S.A.», presuntamente vinculada al secretario general del gremio de empleados judiciales de Resistencia. Se estima que este negocio ilícito habría involucrado alrededor de 260 millones de pesos, que luego se habrían lavado a través de diferentes mecanismos.
El juicio reveló detalles sobre la presunta trama corrupta, argumentando que la empresa «Pimp S.A.» fue creada con el único propósito de asegurar la licitación de la recolección de residuos en Resistencia. Los fiscales sostienen que Ayala y el secretario general del sindicato de empleados municipales, Jacinto Sampayo fueron «los arquitectos» de esta operación, que se habría llevado a cabo entre 2014 y 2018.
A pesar de las acusaciones, Ayala negó cualquier irregularidad y se autodenominó como una «intendente exitosa». Sin embargo, su paso por el gobierno local y su posterior desempeño como diputada nacional fueron empañados por estas graves acusaciones de corrupción. }