Tras un cartel de arrastre con la leyenda «Basta de violencia institucional, no a la impunidad», organizaciones sociales de Libres del Sur, marcharon por la ciudad y se manifestaron frente a Casa de Gobierno, repudiando así el hecho registrado días atrás, que implica a dos policías de San Martin, sorprendidos por un vecino abusando de una menor de edad dentro del móvil oficial, lo que fue registrado en un video. Esto, a poco más de un mes del asesinato del joven Josué Lagos, en un hecho de gatillo fácil en la misma ciudad, por el cual fueron absueltos los cinco efectivos imputados.
Por esto además de carteles con consignas sobre justicia y castigo a los responsables del abuso a la menor, también se pudo ver la fotografía del joven qom (23), que todavía tiene pendiente el esclarecimiento de su muerte en circunstancias donde también tuvo participación la fuerza de seguridad de la localidad.
Por su parte, Ricardo Urturi, titular del Órgano de Control Institucional (OCI), ofició de vocero, al ser el organismo estatal designado para la investigación administrativa. El referente aseguró que fueron identificados los agentes implicados, como Rodolfo Ariel Luna, sargento con quince años de antigüedad en la fuerza policial y Martín Pera, cuatro años, quienes son investigados por la Justicia, y afrontan el proceso de sumario administrativo por el OCI, del cual, por la gravedad del hecho, amerita la expulsión de la fuerza, según resaltó.
También anticipó que este proceso administrativo se desarrolla en menor tiempo que una causa judicial, por lo que aseguró que en aproximadamente 15 días podrán tener una definición, ratificada por decreto del Ejecutivo.
la marcha
Mientras Urituri tomó ayer contacto con diferentes medios de prensa, también se desarrolló la manifestación en repudio de los hechos. «Salimos a marchar desde distintos frentes de Libres del Sur: Mumalá, Barrios de Pie y Jóvenes de Pie, y distintas personas que pertenecen a la fuerza, fue una marcha muy convocante», explicó Paula Ojeda dirigente de Mumala a LA VOZ DEL CHACO.
«Nos juntamos para salir a repudiar la violencia institucional y la impunidad policial, en el marco de estos hechos ocurridos en la misma localidad, de la mano de la policía, salimos con esa consigna, pidiendo que pare la impunidad policial. Porque lo último que se supo del caso de Josué es que los cinco policías que estaban implicados quedaron libres», recordó.
Al momento de analizar el desarrollo de esta causa, Ojeda cuestionó las primeras versiones oficiales: «Sabemos, según lo informado por los medios de comunicación, en el caso de la chica violada por los dos policías, que solamente le abrieron un sumario a los policías, pero que no podían todavía meterlos en prisión porque no había una denuncia», indicó la exigencia de esta instancia: «Sabiendo lo que conlleva para una víctima realizar una denuncia por violencia de género o violación, y en esta oportunidad teniendo el agravante que es la misma policía la que la violó, cómo esta chica, o la familia va a tener la seguridad de denunciar la violación por parte de la policía, sin son ellos mismos los que la violaron».
«Hay cosas que hay que tener en cuenta cuando suceden estos hechos, sobre si los hechos de violencia son perpetrados por personal policial», sostuvo.
«Nosotros remarcamos muchas veces la falta de una mirada de género del estado hacia este tipo de situaciones, porque es muy complicado que una víctima vaya a realizar una denuncia rápido siendo que fue violentada por policías. En casos como estos tanto las familias como las víctimas están en un proceso de aceptar y ponerle un contexto a lo que pasó», describió.
El proceso
No obstante, Urturi brindó mayores precisiones del avance de la causa: «Se inició el sumario administrativo que es paralelo e independiente de lo que se lleva adelante como investigación en la causa judicial de la fiscalía de investigaciones. En lo que tiene que ver con la causa administrativa, una vez identificado los dos empleados, fueron suspendidos de funciones preventivamente con retención de haberes, conforme lo establece los artículos 146 y 147 de la RRP, son apartados de la fuerza».
Al tiempo que dimensionó que «esté involucrada una menor de edad por supuesto que agrava mucho más la inconducta, pero el personal policial que está abocado a un patrullaje no puede tener este proceder, ni con adultos, ni con nada, ellos tienen que estar prestando el servicio de patrullaje y proveer la comunidad la prevención del delito de esta manera. Y no incurrir en delitos, y menos de la gravedad de los hechos».
Al tiempo que aseguró que «se tomaron los testimonios de la madre de la niña, de la niña y el testigo que filmó, se les tomó la denuncia en la Dirección de Violencia Familiar y de Género, inclusive la fiscal interviniente de en la causa, dispuso la inmediata detención de los dos empleados policiales, que se encuentran alojados desde el viernes en la comisaría de Capitán Solari».
También destacó las tareas de contención a la víctima y su entorno: «En lo que tiene que ver con la niña estaba abocada la secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en una acción que interpuso el Juzgado de Niñez y Menores de San Martín conjuntamente con el asesor del área de la localidad.
También está interviniendo el asesor de violencia de género de San Martín, en lo que tiene que ver con la contención física y sicológica, y por otra parte esto tiene que ver con la investigación penal, la fiscalía dispuso también la custodia del testigo que filmó y de la familia de víctima, que viven distantes a 70 metros uno de otros. Ahí sigue la investigación penal y si hubiese habido otros hechos previos, va a formar parte de lo que surjan de las declaraciones de los testigos».
Seguidamente detalló las acciones de las que interviene: «Lo que tiene que ver con lo que llevamos delante desde la Dirección General del Órgano de Control Institucional, el sumario sigue avanzando, pero por la gravedad de la falta que ameritó la suspensión preventiva de funciones, también trae aparejado la cesantía, la expulsión de la fuerza policial, pero la constitución del Chaco establece la estabilidad de todos los empleados públicos, que sólo pueden ser removidos previo sumario administrativo, que se está llevando adelante».
«Estimamos que para 15 o 20 días vamos a estar cerrando el sumario, estamos entrevistando, s tratando de sumar las pruebas en el transcurso de la semana, y tienen cinco días hábiles para ejercer la defensa los empleados policiales, ofrecer pruebas, impugnar los hechos y las faltas que se le imputan y ahí estamos en condiciones de emitir la opinión a que requiere el sumario», describió.
«En este caso solicitando claramente, en virtud de esta falta, que trae aparejado la cesantía, ratificado por decreto del Poder Ejecutivo», finalizó.
Viralización del video, la revictimización
Por otra parte, desde Mumala Chaco, su coordinadora Paula Ojeda, también analizó el tratamiento periodístico que se le dio a la noticia. «Lo que vimos y debatimos entre las compañeras es que el tratamiento que se le dio al caso de parte de los medios de comunicación tal vez no fue la mejor, en el sentido de que el video en el que se ve la situación, fue subido por muchos portales de noticias, en dónde se ve a la víctima, y se ve la situación, es muy gráfico», sostuvo.
«Este tipo de situaciones en el que se sigue reproduciendo el video revictimiza a la víctima, porque se la ve, la gente sabe quién es y también da lugar a que la gente opine cosas muy feas, estuvimos viendo comentarios muy fuera de lugar, que se da a raíz de la gente haciendo análisis de lo que se ve en el video, no poniéndose en el lugar de la víctima, no solamente que es una mujer que está siendo violada, sino que es una menor de edad», dimensionó las consecuencias de este tipo de difusión.
«Entonces esta mediatización del video, para nuestra visión fue problemática y es algo que no se debería hacer, porque constantemente se la está revictimizando. Lo que sí deberían haber hecho, los medios de comunicación para evitar esta situación, es narrar los hechos», dijo.
Al tiempo que destacó: «Lo positivo es que hasta ahora no trascendió los datos personales de la víctima, que es algo que lamentablemente pasa mucho, uno conoce más a la víctima que a los abusadores, esta vez ya se sabe quiénes son, se tienen los nombres y los cargos, en ese aspecto estuvo bien que no se la haya expuesto a ese nivel a la víctima, pero sí estuvo mal exponerla en el video, o sea que los medios de comunicación sigan reproduciendo ese video».
«Estamos hablando que quedó grabado una situación de violación, con una menor de edad involucrada, y es un material muy fuerte para difundirlo en los medios, que una persona entre en un portal de noticias y encontrarse con un video así, lo único que hace es alimentar el morbo de la gente y esto no está bien», finalizó con su reflexión.