Constructora desistió del proyecto inmobiliario en la laguna Francia

El juez Civil y Comercial 21 de Resistencia, Julián Benito Flores, resolvió suspender la consulta vecinal que estaba prevista para el próximo jueves 18, en la cual los vecinos de villa Altabe debían votar por la aprobación o no de un proyecto inmobiliario que la empresa Patagonia Construcciones SRL pretendía llevar adelante en la zona de la laguna Francia.
La decisión del magistrado se da en el marco de la acción de amparo impulsada por los vecinos de villa Altabe contra la Municipalidad de Resistencia, que había aprobado el proyecto inmobiliario de la empresa Patagonia Construcciones SRL que argumentó que contaba con todos los estudios técnicos y aprobaciones de autoridades competentes.
A pesar de la oposición de la empresa constructora, el juez Flores decidió avanzar igual con la convocatoria a votación vecinal respecto del emprendimiento, lo que obligó a los representantes legales de Patagonia Construcciones SRL a retirar el proyecto y dejar sin objeto la votación que debía realizarse el próximo 18.
En su presentación, Patagonia Construcciones SRL señaló que «nos vemos obligados a adoptar esta decisión, puesto que existe un verdadero avasallamiento, ya que de ningún modo se puede hacer prevalecer una consulta (desinformada) de un grupo limitado de personas (elegidos por el tribunal que indicó quienes pueden votar), con un inseguro sistema de escrutinio, por sobre todos los estudios técnicos, y aprobaciones de autoridades competentes, previamente obtenida».
En ese contexto, Flores resolvió que «atento el desistimiento formulado por la empresa Patagonia Construcciones SRL respecto del proyecto sometido a votación, considero correcto suspender la Consulta Vecinal Jurisdiccional fijada para el día 18/04/2024, atento a que no existe proyecto sobre el cual deba expedirse la ciudadanía».
Vargas: «No se puede construir donde no se debe»
El referente de la Fundación Encuentro por la Vida, Ramón Vargas, argumentó ayer que «fue muy evidente que los vecinos no estaban de acuerdo con la ejecución de ese proyecto» y aclaró: «El tema de fondo aún no se ha resuelto».
«El Código de agua establece que la línea de ribera no se puede modificar hasta que pasen 30 años y en este caso se modificó mucho antes», explicó.
En diálogo con LA VOZ DEL CHACO, el ambientalista detalló que «lo que dice el Código de agua y el Código Civil es que el agua y sus cauces son de dominio público fuera de comercio, inalienable e imprescriptiblemente y en este caso se están comprando y vendiendo tierras que tienen una laguna adentro».
Explicó que «todas las acciones y conflictos ambientales surgen porque la población se levanta y se organiza para que se respete la ley.
Si se eligen buenos asesores para la concreción de un proyecto no van a construir en un lugar donde no se puede. El estudio de impacto ambiental que presentaron, que no lo es, dice que la cota del terreno natural en ese lugar es de 51 metros, cuando ni en la plaza central existe esa cota».
«Vamos a festejar cuando la justicia se aboque a resolver las acciones legales que hemos presentado para que se reconozca la ilegalidad», agregó y sostuvo que «la empresa miente al decir que cuenta con el apoyo del Conicet».