La diputada provincial Jessica Ayala (Frente de Todos / PJ) destacó el proceso de selección para cubrir la vacante en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
«Es una instancia democrática que nos convoca a reflexionar con responsabilidad institucional para elegir a la persona más idónea que ejercerá una de las funciones públicas más esenciales para asegurar la paz social, preservar la democracia y asegurar los derechos humanos», sostuvo Ayala, una de las dos representantes titulares del Poder Legislativo en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, organismo encargado del concurso para seleccionar al quinto integrante del STJ.
Actualmente se encuentra abierto el certamen para designar al que reemplazará a Rolando Toledo, quien se jubiló en diciembre de 2022 y dejó libre la quinta silla del máximo tribunal.
La diputada explicó que «se encuentra en marcha el procedimiento de selección mediante concurso público de antecedentes y oposición, como mandan los artículos 158 y 167 de la Constitución del Chaco y de acuerdo a la reglamentación establecida mediante la Ley 2082-B».
«Por tercera vez consecutiva el Consejo de la Magistratura que integro en representación de la Cámara de Diputados y por el bloque de la mayoría tiene la enorme responsabilidad institucional de llevar adelante un procedimiento de selección para cubrir una vacante en el máximo tribunal provincial, cumpliendo así la manda constitucional que impone este método de selección para proponer y designar a las y los magistrados provinciales», enfatizó Ayala.
«Este procedimiento de selección es sin dudas uno de los arreglos institucionales más destacables de la Constitución y que, con alguna demora afortunadamente resuelta hoy, también ha contribuido a perfilar y hacer efectiva la Legislatura mediante la sanción de la Ley 2082-B reglamentaria del mismo procedimiento.
Me refiero a la exigencia de que toda designación de un o una magistrada se encuentre precedido de la instancia del concurso público que además debe integrar las etapas de valoración de los antecedentes y de la oposición, finalizando con una audiencia pública», sostuvo la legisladora del oficialismo.
«Es común e incluso así sucede a nivel nacional, que las magistraturas inferiores sean seleccionadas mediante procedimientos semejantes, pero en cambio son escasos los ordenamientos de derecho público provincial que incorporan procedimientos de selección que incluyan las instancias objetivas de valoración de los antecedentes de los/as postulantes, así como la oposición destinada a acreditar su idoneidad.
No es tampoco por lo extraordinario o peculiar de esta evidencia que es destacable nuestro ordenamiento provincial en este punto, sino por los trascendentes fines que persigue el establecimiento de procedimientos objetivos de selección de magistrados/as y su eficacia fundamental para garantizar uno de los principios más elementales del Estado democrático de derecho que es la independencia del Poder Judicial», reflexionó.
CONCURSO ABIERTO PARA LA QUINTA SILLA DEL STJ
Ayala destacó el proceso de selección que rige en la provincia y que permitió en los últimos años la designación de tres de los cuatro actuales jueces del STJ.
«No es la decisión discrecional ni solitaria de un solo representante ni el simple juego de una mayoría legislativa la que termina por consagrar a quien ocupará la alta magistratura provincial, siendo por el contrario el resultado final de un meditado procedimiento de selección, compuesto de sucesivas etapas de valoración de antecedentes, instancia de oposición ante el propio Consejo de la Magistratura, otorgamiento de puntaje definitivo basado en criterios tasados por la propia Ley 2082-A y finalmente una instancia de audiencia pública abierta a la participación ciudadana», mencionó.
También consideró que «otro aspecto que democratiza el procedimiento de selección así establecido es su carácter público y abierto a todos aquellos que reúnan los requisitos establecidos por la Constitución y las leyes vigentes, quienes libremente pueden postularse para ser considerados/as, en condiciones objetivas y transparentes que los pone en un mismo plano de consideración igualitaria.
Esa posición igualitaria de postulación y participación no existe cuando la decisión de designación reposa solamente en los órganos democráticos que realizan su pre-selección sin necesidad de considerar a quien no se encuentra en su órbita de conocimiento».
Para la diputada del PJ «estas sucesivas instancias que deben sortear las y los concursantes permiten a los miembros del Consejo de la Magistratura que deben tomar la decisión de selección, conocer en profundidad la aptitud, las condiciones y la idoneidad del/a candidato/a que finalmente seleccionan para apoyar con su voto. No es una decisión totalmente liberada de racionalidad, sino una decisión política surgida de espacios de reflexión deliberativa, crítica objetiva y planificación institucional».
Finalmente, Ayala subrayó que «es una instancia democrática que nos convoca a reflexionar con responsabilidad institucional para elegir a la persona más idónea para ejercer una de las funciones públicas más esenciales para asegurar la paz social, preservar la democracia y asegurar los derechos humanos».