El Gobierno y la FAO trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria

Desde el martes y hasta hoy, miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del Ministerio de Desarrollo Social y otros estamentos del Poder Ejecutivo realizan una tarea institucional y recorridas por unidades productivas para materializar el memorando de entendimiento firmado hace poco tiempo por las partes.
La ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, señaló que en los tres días que durará el trabajo de los especialistas en la provincia, se abordarán aspectos vinculados a optimizar políticas alimentarias para comedores escolares, complementos que se otorgan a organizaciones de la sociedad civil, personas con celiaquía y aquellas presenta déficit nutricional.
Además, se analizarán acciones que permitan mejorar las prácticas agrícolas y trabajar en un sistema de medición tanto de seguridad alimentaria y el índice de precios de alimentos. En esa línea, en la mañana del martes se llevó adelante una reunión inicial de coordinación y luego la comitiva partió hacia San Martín para constatar la labor de consorcios rurales de esa localidad, con fuerte presencia de la agricultura familiar.
El trabajo en conjunto entre el organismo internacional y el Ejecutivo provincial apunta tanto a generar alimentos de calidad y seguros sobre la base de proyectos amigables con el cuidado del ambiente.
«Recorrimos los consorcios de donde salen las frutillas chaqueñas, donde hay una producción excelente, una mejor producción implica mejor calidad de vida», indicó Chiacchio Cavana por uno de los productos que como se sabe en los últimos meses se vende a marcas de lácteos líderes para ser utilizados como materia prima. Junto con la ministra participaron de la constatación del avance de estas unidades productivas María Laura Escuder, Alan González y Lorena López por FAO; el presidente del Instituto de Economía Popular y Agricultura Familiar, Mauro Andión; el intendente de San Martín, Mauro Leiva, y la coordinadora de la Unidad Ejecutora de Políticas Sociales, Manuela Ortiz.
El acuerdo implica acciones territoriales que permitan identificar en forma temprana trastornos en la alimentación priorizando zonas con poblaciones en situación de vulnerabilidad social, especialmente población rural.
La labor se realizará con perspectiva étnica y de derechos humanos, además de mejorar y diversificar la alimentación de las familias, escuelas y dispositivos de contención social.