Relevado de la obligación de guardar secreto el expresidente deberá presentarse en la causa para ejercer su derecho a defensa en torno a seis acusaciones concretas de hechos de espionaje ilegal a familiares de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino Ara San Juan en 2017.
El expresidente Mauricio Macri deberá presentarse este miércoles 3 de noviembre en el Juzgado Federal de Dolores a prestar declaración indagatoria en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, ya relevado de la obligación de guardar secreto.
Macri debe presentarse a las 12 en la sede del juzgado al que fue convocado por cuarta vez luego de que el jueves pasado la indagatoria se suspendiera sobre la marcha, por el planteo de su defensa que sostuvo que para poder declarar el expresidente necesitaba ser relevado del deber de confidencialidad.
Este hecho derivó en una segunda recusación presentada por el abogado del exmandatario, Pablo Lanusse, que el propio magistrado rechazó «in limine» tras señalar que no había ningún motivo para que prosperara su apartamiento del expediente.
El incidente de recusación ya se encuentra en manos de la Cámara Federal de Mar del Plata que, a diferencia de lo que hizo en el primer intento de la defensa de Macri, este martes convocó a una audiencia para el 12 de noviembre y recién después decidirá si confirma o aparta al magistrado.
Si bien la decisión adoptada por el tribunal de apelaciones no suspende la indagatoria prevista para este miércoles, en el ámbito judicial especulan con que la defensa de Macri podría intentar una nueva postergación bajo el pretexto de que la Cámara Federal de Mar del Plata no volvió a ratificar a Bava al frente del expediente.
La abogada Valeria Carreras, representante legal de una de las querellas, consideró que la decisión adoptada por “la Cámara en esta oportunidad es una clara señal contra el juez Bava” y lamentó que implicara una “nueva pérdida de credibilidad de la Justicia”.
“Al hacer lugar al pedido de prueba del imputado Macri, la cual incluye sea remitido el video de la audiencia de indagatoria del día 28/10/21, está poniendo en duda los dichos del juez volcados en el acta de indagatoria de ese día que fuera firmada tanto por Macri como por su defensor particular Lanusse”, sostuvo la abogada.
La misma querella había denunciado el lunes que el expresidente está actuando en el expediente con “mala fe” procesal al señalar que desde que fue llamado a indagatoria el 1 de octubre pasado recurrió a distintas “chicanas” para evitar tener que rendir cuentas ante la Justicia.
La última de esas argucias enumeradas por la querella fue el pedido que hizo el lunes la defensa del exmandatario para que se lo autorice a viajar el 15 de noviembre a Arabia Saudita ante una supuesta invitación que le cursara el príncipe de ese país y que no fue adjuntada en el pedido de autorización.
El mismo día que lo citó a indagatoria por primea vez, el juez Bava le impuso a Macri la restricción de salir del país y su situación procesal no cambió desde ese entonces (de hecho, aún no se cumplió de forma completa con la indagatoria), por lo que la querella que encabeza Carreras se manifestó en contra de que se le conceda el permiso solicitado.
El abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes del Ara San Juan, también manifestó su oposición al pedido de autorización formulado por la defensa de Macri para que lo autorice a salir del país y reiteró el pedido de que se le dicte prisión preventiva porque considera que su actitud representa un riesgo para el expediente.
Tagliapietra enumeró que Macri buscó de distintas formas eludir su indagatoria, que quiere irse a Arabia Saudita –“país con el que no hay acuerdo de extradición”- e hizo pública su intención de irse a dar clases a una universidad de los Estados Unidos
Sobre la polémica vinculada con el supuesto deber de confidencialidad de Macri, el juez Bava resaltó que lo citó a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de confidencialidad porque, a su criterio, no era necesario.
En la causa se investigan supuestos delitos de inteligencia «prohibidos por la ley» y no «actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional» ante lo cual «no resultaba necesario el relevamiento en cuestión», sostuvo.
Fuente: télam