El Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG), Eugenio Semino, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, celebró que el Senado nacional haya incorporado en orden de preferencia a la movilidad jubilatoria,
Remarcó que se trata de una cuestión crucial ante la continua devaluación económica y su impacto sobre jubilados y pensionados.
Advirtió que la inflación ha devastado los haberes del sector, y la situación se agrava con la pérdida de valor adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, con alcance a cinco millones de personas, incluyendo a los beneficiarios de pensiones no contributivas para personas con discapacidad.
El especialista indicó que para revertir este escenario, se necesita una reformulación profunda del sistema político y económico, considerando nuevas fuentes de financiamiento y abordando el trabajo no registrado.
Existe un alto grado de probabilidad que en la próxima sesión el Senado trate la mobilidad jubilatoria.
Esperemos que se trate. Yo creo que no se percibe en su dimensión la situación real del sector, porque los haberes al día de hoy se siguen licuando. Fue brutal lo que pasó con la administración anterior, donde la inflación lo devastó definitivamente, y en esta administración tuvimos la devaluación de los primeros días, que empeoró esa situación grave que tenía en términos económicos, jubilados y pensionados. A posteriori, vemos que la inflación le sigue ganando holgadamente a los haberes jubilatorios. En los primeros cinco meses de este año, los haberes de las jubilaciones y pensiones mínimas, que son la gran mayoría, desgraciadamente, cinco millones, y las que son submínimas, que son los ingresos de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, el 70 por ciento de los haberes mínimos, entre otras, perdieron alrededor de quince puntos respecto a la inflación anterior.
¿Cómo se encuentra el día a día del jubilado, del pesionado, hoy?
Para analizar concretamente qué está pasando hoy, en el mes de julio, con la aplicación del IPC, que obviamente aparece como un índice indubitable, por la procedencia, proviene de un organismo que viene haciendo bien las cosas, que es el INDEC, sin embargo, hay que analizar este mes, porque lo que reajusta en este mes, el IPC es el 4,2 por ciento para todos los jubilados y pensionados, pero sobre esas mínimas se aplica sobre el haber, que pasa de 207 mil pesos a 215 mil pesos. Pero existe algo que venimos cuestionando desde su inicio, un año y siete meses, que es ese pago no remunerativo, que es un pago en negro a los cinco millones de jubilados, que se conoce con el término de bono. Ese bono es discrecional. Por ejemplo, en 2023 subía o bajaba conforme a la cercanía o al post elección o el período posterior a la elección. Y este año, ¿qué está pasando? En el mes de junio, ese bono va a ser de 70 mil pesos, es decir, los mismos 70 mil pesos que cobraron en el mes de marzo, es decir, se repite, sin ser considerado en términos de reajuste, nominalmente, por lo cual jubilados este mes, por la mínima, hubo un reajuste menor a 8 mil pesos, y eso no mueve el amperímetro en el estado de postración que vienen viviendo en estos años y acrecienta su fragilidad. Porque cuando uno toma el total que está percibiendo de bolsillo, sobre el total, el reajuste no fue del 4,3, sino que apenas llega al 3 por ciento. Esos setenta mil pesos no son los mismos que recibió en marzo en términos de poder adquisitivo.
«Los haberes se han degradado brutalmente»
– ¿Fue convocado a los debates en el Congreso? – Sí. En paralelo, el Congreso de la Nación vino debatiendo en comisiones. Fui invitado algunas veces, trabajamos con el sector, y tuvo media sanción en Diputados un proyecto de la oposición que establecía y establece una recomposición de ocho puntos, que son, dicen literalmente los diputados, cuando uno lee lo que se votó, en realidad son 7,2, en razón de lo que hubieron perdido los haberes, en relación a los veinte puntos del mes de enero, que recordemos, que ya por el decreto vigente, establece un reajuste del 12,5 de pérdida sobre veinte puntos. Estos 7,2 puntos en la práctica no toman en cuenta en absoluto esta historia a la cual yo refería, donde los haberes se han degradado brutalmente durante la administración anterior y continúan haciéndolo al día de hoy. ¿Cómo evalúa ese panorama? – Para ser más claros, hablábamos de 280 mil pesos, en una canasta de jubilados que al mes de marzo estaba con gastos de viviendas en 685 mil pesos. Si uno actualizara esa suma solo por IPC estaría superando los 750 mil pesos. Estamos hablando de un sector que no llega a cumplir un 30, 40 por ciento, de esas necesidades básicas. Hay que recordar que en insumos de medicamentos la inflación fue de 112 por ciento, los jubilados ajustaron en 40 por ciento, pero en particular en medicamentos, que tienen gran peso en la vida cotidiana, les ajustaron precios regulados ese año y en lo que va de este año está en alrededor orillando el 200 por ciento. Dentro de este panorama, creo que será bienvenido cualquier peso que tenga el jubilado, pero la crisis humanitaria del sector sigue profundizándose mientras el debate continúa. El Ejecutivo había anticipado que de aprobarse y convertirse en ley lo vetaría. Sería un disparate vetarlo. Ahora parece que da marcha atrás en esto. Simplemente, es algo así como si alguien que está en musculosa en la Antártida agregarle una musculosa más.
«No se cuenta con los decisores sociales
para modificar el escenario de inequidad »
¿Cuál deberìa ser la medida que idealmente debería tomar el Ejecutivo para revertir este escenario?
Lo que señalo va en relación a lo que ha pasado en otros países, que sin llegar a una crisis estructural tan profunda, al advertir la crisis, hoy parece que lo que hace es convivir y cronificar las crisis, los que reaccionan son los sistemas políticos como tal, es decir, reformular un sistema que está totalmente agotado. Es decir, que en principio ese sistema político, de todos los actores y decisores, inclusive los sindicales, gremiales, es establecer cuáles son las reales pautas de financiamiento del sistema a partir de ahora, ya que el trabajo no registrado en negro sigue en aumento, que está en aumento la desocupación, por lo cual el financiamiento desde el trabajo de instituciones, empeora diariamente. Ahora tenemos una de las dos fuentes de financiamiento, y la otra es el acuerdo fiscal, que es un debate pendiente. Solo el IVA y el impuesto al consumo lo pone el león en ese financiamiento, y me parece que hay que establecer qué otras fuentes hay para sanear el sistema, teniendo en cuenta el trabajo no registrado. Insisto con el tema del bono porque es representativo de un instrumento absurdo que usa el propio estado. Si no se cambia esto, no se modifica esto, el ajuste, como corre en cada una de las administraciones, la siguen pagando los mismos. Hoy cuando se habla de superávit, es la contribución en un 35 por ciento de la seguridad social, no lo digo yo sino los altos funcionarios del propio gobierno. Esto está retorcido y alguien supone que con 285 mil pesos se puede subsistir, estamos hablando de un disparate. Hablo de apenas 230 mil para una persona con discapacidad, también con ese bono. Estamos hablando de más de seis millones de argentinos que están en esta situación de hambre. Sumado a esto en términos de prestaciones de salud. Insisto con un término que vengo repitiendo en organismos internacionales: el sector de personas mayores, jubilados y pensionados, y discapacidad, están sumergidos en una crisis humanitaria que no cuenta con el sistema de decisores políticos y sociales para modificarlo.