Por Resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, se creará una unidad de operativos en todas las jurisdicciones del Chaco.
Como ya sucede en Resistencia desde el pasado fin de semana, habrá cortes de luz para quienes realicen fiestas clandestinas en toda la provincia del Chaco. Los operativos serán llevados a cabo por la Policía, la Fiscalía Covid-19 y Secheep. Además de la detección e interrupción de reuniones, se aplicarán severas sanciones a los organizadores y/o propietario del inmueble donde se realice la misma.
Considerando que se encuentra restringida la circulación desde la medianoche hasta las 6, y prohibidas las reuniones de más de 20 personas al aire libre, el Ministerio de Seguridad y Justicia determinó que tras la detección de fiestas clandestinas, se podrá detener al organizador o dueño del lugar donde se realicen, cobrar una multa, cortar el suministro eléctrico e iniciar una actuación penal por los delitos enmarcados en los artículos 202, 203, 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
Durante una reunión, autoridades y funcionarios coordinaron las acciones a llevar a cabo en línea con las medidas de la Resolución ministerial N°509.
A través de esta resolución se crea un equipo de coordinación de acción temprana, y unidades de ejecución en cada dirección de Zona y comisaría de la provincia del Chaco. En la reunión también establecieron el procedimiento judicial, por la detención del organizador y/o del dueño del inmueble, al secuestro de equipos de sonido, iluminación, instrumentos musicales, elementos para la venta de comida y bebidas alcohólicas, vehículos.
El medidor de energía eléctrica retirado se pondrá a disposición de la Fiscalía para determinar cuándo corresponde la reconexión. Una vez radicada la causa, se solicitará a los bancos información sobre las cuentas bancarias y el embargo preventivo de las mismas.
Cabe mencionar que el Decreto 15/2021 impone una multa de hasta diez salarios mínimos, vitales y móviles para quienes convoquen, generen, inviten y concurran a eventos sociales que violen los protocolos vigentes, y de hasta 20 salarios para los propietarios, locatarios, tenedores u ocupantes de los inmuebles donde se realicen dichos eventos.