Por Resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia, se creará una unidad de operativos en todas las jurisdicciones del Chaco.
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Como ya sucede en Resistencia desde el pasado fin de semana, habrá cortes de luz para quienes realicen fiestas clandestinas en toda la provincia del Chaco. Los operativos serán llevados a cabo por la Policía, la Fiscalía Covid-19 y Secheep. Además de la detección e interrupción de reuniones, se aplicarán severas sanciones a los organizadores y/o propietario del inmueble donde se realice la misma.
Considerando que se encuentra restringida la circulación desde la medianoche hasta las 6, y prohibidas las reuniones de más de 20 personas al aire libre, el Ministerio de Seguridad y Justicia determinó que tras la detección de fiestas clandestinas, se podrá detener al organizador o dueño del lugar donde se realicen, cobrar una multa, cortar el suministro eléctrico e iniciar una actuación penal por los delitos enmarcados en los artículos 202, 203, 205 y 239 del Código Penal de la Nación.
Durante una reunión, autoridades y funcionarios coordinaron las acciones a llevar a cabo en línea con las medidas de la Resolución ministerial N°509.
A través de esta resolución se crea un equipo de coordinación de acción temprana, y unidades de ejecución en cada dirección de Zona y comisaría de la provincia del Chaco. En la reunión también establecieron el procedimiento judicial, por la detención del organizador y/o del dueño del inmueble, al secuestro de equipos de sonido, iluminación, instrumentos musicales, elementos para la venta de comida y bebidas alcohólicas, vehículos.
El medidor de energía eléctrica retirado se pondrá a disposición de la Fiscalía para determinar cuándo corresponde la reconexión. Una vez radicada la causa, se solicitará a los bancos información sobre las cuentas bancarias y el embargo preventivo de las mismas.
Cabe mencionar que el Decreto 15/2021 impone una multa de hasta diez salarios mínimos, vitales y móviles para quienes convoquen, generen, inviten y concurran a eventos sociales que violen los protocolos vigentes, y de hasta 20 salarios para los propietarios, locatarios, tenedores u ocupantes de los inmuebles donde se realicen dichos eventos.