El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Fernando Berecoechea, entrevistado por LA VOZ DEL CHACO, describió el estado de balance del que partió el organismo en 2024 como «devastado». Precisó que su gestión halló a más de 700 familias viviendo en viviendas sin terminar y sin infraestructuras esenciales como agua y luz.
Detalló que, aunque los programas nacionales financiaron parcialmente construcciones en la provincia, el Estado provincial dejó de financiar las infraestructuras en marzo del año anterior, resultando en que solo el 20% de las obras tuviesen licitaciones completas, situación que calificó como una maniobra política perversa destinada a complicar la nueva gestión del gobernador Leandro Zdero.
- ¿En qué condición encontraron la gestión?
- En principio, habíamos encontrado un organismo devastado desde lo financiero, desde lo económico y con muchas deudas desde el punto de vista moral, con más de setecientas familias que habían sido obligadas a ingresar sin obras terminadas. Las viviendas estaban en avances de obras, pero no tenían ni siquiera previstas las redes de infraestructura. Esto provocó una situación insostenible y una de las primeras cuestiones que nos planteó el gobernador fue comenzar a dar soluciones en estos barrios que están distribuidos.
¿Ese escenario responde a un conflicto por ausencia de fondos provinciales y nacionales? - Los programas nacionales de construcción de viviendas tienen financiamiento por parte del Estado Nacional y la red de infraestructura se financia a través de la provincia del Chaco. La Nación continuó financiando con problemas y esto hizo que muchos barrios de la provincia lleguen a la culminación de la vivienda. En el mismo momento, la provincia del Chaco desfinanció la construcción en marzo del año pasado. Esto hizo que solamente el 20 por ciento tengan licitaciones hechas. La provincia desfinanció la construcción de las obras de infraestructura y esto llevó al gobierno provincial de la gestión pasada a tener viviendas terminadas sin tener infraestructura para entregarlas. Hicieron esta maniobra entregando altas de ocupación en donde se intimaba a las familias a habitar las viviendas. A pesar de esto, las familias ocuparon estas casas sin agua y luz. La tarea fue comenzar a trabajar coordinadamente con otros organismos del Estado, Sameep y municipios.
«FUE UNA MANIOBRA POLÍTICA»
-¿Por qué se llegó hasta esa instancia?
- Básicamente fue una operación política. Las familias que se vieron obligadas a ocupar estas viviendas sin servicios vieron la cara perversa de la política. No importó si había adultos mayores o niños; el único objetivo era complicar la gestión del gobernador que iniciaba, porque esta maniobra comenzó a principios de septiembre y se acentuó en la elección pasada, cuando ya se sabía que había un nuevo gobernador. Fue una estafa moral a los ciudadanos y eso pasó a ser una bandera: ordenar el instituto de viviendas y comenzar a articular.
- En números, ¿a cuánto asciende este balance?
- En principio, nosotros cancelamos una deuda histórica con el empresariado chaqueño de poco más de 1700 millones de pesos, con colaboración del Ministerio de Hacienda de la provincia. Con respecto a las obras de infraestructura, son más de 40 mil millones de pesos los faltantes para dar continuidad.
Ordenar el Estado, premisa fundamental
- Este escenario es casi idéntico, en algunos puntos, al que se señalaba en Corrientes, hasta que se planteó la necesidad de que las obras las financie solo la provincia, para no depender de la Nación. ¿Qué opina al respecto?
- En una maestría de gestión de vivienda social, me tocó comparar desde los programas nacionales de construcción de vivienda las realidades en distintas provincias, y me tocó comparar la política habitacional que desplegó la Nación en Corrientes desde 2004 hasta 2015 y la que aplicó en Chaco. La relación que recibió Corrientes apenas alcanzaba el 10 por ciento del volumen de obras. Es decir, Corrientes recibió en 12 años el 10 por ciento de viviendas en relación con Chaco. Esto hizo que Corrientes apelara a la creatividad con recursos propios. En Chaco ocurrió lo inverso: fue tanta la dependencia de la provincia a la Nación, que ahora cuando se modifica la gestión de obra pública, nos deja en una situación bastante crítica. Es decir, los recursos propios que cuenta el instituto para dar infraestructura no alcanzan para poder afrontar la demanda habitacional que tiene la provincia. Por eso, ordenar el organismo fue una premisa fundamental del gobernador.
«Los problemas son comunes en todas las jurisdicciones»
- ¿Cómo hará su gestión para alcanzar y sostener sustentabilidad en la gestión de viviendas?
- Por los próximos cuatro años, son los recursos con los que vamos a contar. Vamos a generar políticas de recupero por cuotas de viviendas. Hicimos una actualización, pese a que no se actualizaban con inflación, se licuaban con inflación. Esto nos llevó a tener una recaudación récord, montos que a la hora de planificar la política de vivienda siguen siendo insuficientes, pero nos ayudan. Y estamos realizando gestiones ante las autoridades nacionales para que se continúe actualizando el fondo FONAVI, que estaba congelado en todo el país desde 2022. Realizamos gestiones con todos los presidentes de Institutos. Ya logramos que se actualicen el segundo semestre de 2022 y estamos en trámite de 2023. Esto nos va a llevar a una recuperación importante del fondo FONAVI, y es el fondo con el que estamos trabajando para resolver.
- ¿Apuntará a la gestión de obras con recursos propios?
- Tengo una opinión personal muy clara con relación a este financiamiento, pero cuando uno depende de un financiamiento de un tercero, queda supeditado a las políticas del tercero. El último barrio con recursos propios fue el plan Aipo cuando Ángel Rozas era gobernador. Esto es un aprendizaje de todos los días, prácticamente. Las gestiones en Buenos Aires se hacen de dos maneras, presencial y virtual, con la Secretaría de Vivienda de la Nación, llevando el reclamo de la deuda con las empresas constructoras chaqueñas y buscando alternativas para continuar las obras paralizadas. Eso de manera personal, pero también los Institutos estamos agrupados en el Consejo de Vivienda, y en cada asamblea que se realiza, la próxima será en Salta, llevamos todos los IPV del país los reclamos a la Nación. Hemos logrado buena receptividad y es importante ver que el presupuesto de la Nación es de 2023, no es de 2024. Así que esta situación de ajuste también afecta al Estado Nacional y tenemos buena receptividad. Damos un paso hacia adelante. Los problemas son comunes en todas las jurisdicciones, pero los contextos son distintos.