Será a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, buscando ser parte activa del proceso y continuar con una línea tendiente a lograr la recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad, y la redignificación de las víctimas y las etnias a las que pertenecían.
El Gobierno provincial solicitó a la Justicia Federal que la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se constituya como querellante particular en la causa conocida como “Masacre de Napalpí”, a fin de ser parte activa de este proceso inmerso dentro de los llamados “Juicios por la Verdad”.
A partir de este pedido, el Estado chaqueño busca establecerse como un partícipe activo durante el proceso judicial que se realizará a partir del requerimiento de la fiscalía de juicio por la verdad, debido a que se entiende que la Masacre de Napalpí constituye un crimen de lesa humanidad cometido por el Estado Argentino. De esta manera, se podrá intervenir con pruebas fehacientes de los hechos, facilitar los medios para garantizar la producción de testimonios, realizar recomendaciones, y otros tipos de aportes como la apertura de los archivos provinciales, que estarán a disposición del juicio.
“Entendemos que es fundamental presentarnos como querellantes, a fin de generar una instancia en la cual se recupere la Memoria, la Verdad y la Justicia, buscando ampliar el campo de los derechos humanos y tomar al genocidio indígena como un eje central para alcanzar esas metas. Esto representa un reconocimiento histórico, que permite sin dudas una transformación en el presente, tendiendo a una sociedad menos racista y más plural, inclusiva y equitativa”, destacó la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Nayla Bosch, explicó que “lo que pedimos es ser parte de la causa, ya que hoy en día no lo somos. Nos parece fundamental por varias cuestiones: el compromiso con la verdad histórica, el reconocimiento de cuáles fueron los hechos; y una reparación hacia las comunidades y sus víctimas”.
En esta línea también se mantiene el Fiscal Federal Ad Hoc en Derechos Humanos, Diego Jesús Vigay, quien sostiene que la decisión “es importante, porque consolida y confirma un compromiso que se ha tenido en otras causas de lesa humanidad. Creo que la relevancia del Juicio por la Verdad que se propone reside en la reparación que se intenta a partir de que se puedan conocer todos los hechos, testimonios y documentos de la causa. Esa reconstrucción de la verdad forma parte de esta reparación”.
El pedido formulado por las áreas gubernamentales responde a una decisión política que se viene desarrollando desde los últimos 13 años, realizando acciones tendientes a lograr la recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad, y la redignificación de las víctimas y las etnias a las que pertenecían.