Personal de la Policía del Chaco y Servicio Penitenciario seguirán un protocolo para acompañar a personas privadas de su libertad que sufran padecimientos mentales o intoxicación por consumo de sustancias psicoactivas, para garantizar el acceso a la salud y su integridad con la asistencia del personal de salud.
Como resultado del trabajo llevado adelante por la Mesa Intersectorial en políticas de Salud Mental y Adicciones (conformada por decreto 608/20) entre diferentes representantes del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia, y en acuerdo tanto con el jefe de la Policía como con el jefe del Servicio Penitenciario, se ha acordado la implementación de una serie de acciones conjuntas en la materia. «Este protocolo le servirá al Servicio Penitenciario para saber abordar los problemas que se nos presentan en contexto de encierro», explicó la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar. También destacó el trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, a cargo de Silvana Pérez y con quien la cartera de Seguridad y Justicia trabaja de manera articulada múltiples líneas de acción en materia de acceso a derechos de las personas privadas de su libertad.
En las próximas semanas comenzará un ciclo teórico-práctico de capacitaciones dirigidas al personal policial, con la finalidad de profesionalizar la intervención de las fuerzas de seguridad y otorgar herramientas específicas a fin de reducir los riesgos y preservar la integridad de las personas con presunto padecimiento mental, los integrantes de los servicios de salud o sociales, las personas presentes y el personal policial. «Desde nuestro Ministerio, nuestras subsecretarías, nuestra Policía y nuestro Servicio Penitenciario ponemos la mirada en el más vulnerable. Junto a otras áreas del Estado hemos podido elaborar proyectos con esa mirada. Las personas en contexto de encierro necesitan de un abordaje integral, tener que cumplir o pagar una deuda a través de perder un derecho como lo es el de la libertad, y la mirada hacia esas personas que son más vulnerables que solamente tenemos nosotros, desde el Estado», reflexionó Gloria Zalazar.
También se implementará un protocolo específico de articulación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Salud con el objeto de prevenir situaciones de violencia institucional asociadas a la intervención de las fuerzas de seguridad, con trato digno, humanitario y sin discriminación de los internos y las internas. Implementarán estrategias para la disminución del sufrimiento mental, y se adecuarán las intervenciones de policías y penitenciarios a la normativa internacional y a la Ley de Protección de la Salud Mental 26657.
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