La vicegobernadora Analía Rach Quiroga presentó ayer mañana el Plan Provincial para Prevenir y Erradicar las Violencias por Motivos de Géneros.
«De esta forma estamos dando cumplimiento a una manda, a una obligación que establece la constitución y los tratados internacionales», subrayó la vice tras ratificar el compromiso del Estado para llevar respuestas concretas a la comunidad.
El plan es una herramienta de planificación estratégica, que reúne una serie de acciones concretas, positivas y transversales que la provincia deberá llevar a adelante, de forma articulada, para velar en todo el territorio por una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBTIQ+. Implica una participación activa de los tres poderes del Estado.
«Es un trabajo entre áreas, ministerios y entre poderes; se necesita del Estado a pleno, de los municipios y la sociedad civil», afirmó Rach Quiroga.
La propuesta establece diez ejes programáticos: acceso a la información y comunicación no sexista; acceso a la justicia y a la seguridad; acceso a la infraestructura y la vivienda; acceso a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva; acceso a la salud mental; educación, cultura, ciencia y tecnología; discapacidad; acceso a la seguridad social y acceso al trabajo y recursos materiales.
«Este 11 de junio nos despertamos en un país un poco más justo, que marca una agenda de avances que tienen que ver con la igualdad y la reparación histórica», subrayó la vice en referencia a la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que establece cupo laboral travesti-trans y en referencia a la Ley de Equidad de géneros en los medios de comunicación.
«Estamos transitando un momento histórico que tiene que ver con conquistas y ampliación de derechos y es fruto de la lucha de los colectivos», enfatizó.
A ello se suma en el ámbito provincial la puesta en marcha de este plan que establece pasos a seguir para atender en forma integral la problemática de la violencia de género. «Todo esto es por quiénes nos faltan, por quiénes no están y por quiénes vendrán», enfatizó Rach Quiroga.
De la presentación participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Sager, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo.
Toledo destacó la importancia de este plan que involucra a los tres poderes del Estado y aseguró el máximo compromiso por parte de la Justicia chaqueña en su implementación. Recordó así que desde 2009 se viene trabajando en el acompañamiento, ayuda y custodia a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia. «Estamos agradecidos de ser coparticipes de esta actividad trasversal e interdisciplinaria que acompañaremos con gran compromiso», remarcó.
En tanto que Sager dijo que «hoy nuevamente el Chaco da un paso adelante para garantizar derechos», y rememoró algunos hechos trascendentales de la historia como la aprobación, 27 años atrás, de la ley que garantizó la participación de mujeres en cargos electivos y el ingreso de mayor cantidad de mujeres al Congreso nacional. «Hoy no estaríamos hablando de estos avances en género si no hubiera existido una representación igualitaria de mujeres y varones en Diputados», reflexionó.
Detalles del plan
Los órganos de aplicación son la Unidad de Coordinación, Monitoreo y Seguimiento de Políticas para la Igualdad de la Vicegobernación y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros. Incorpora los lineamientos básicos que se tendrán que tener en cuenta para un abordaje integral de las violencias: interdisciplinariedad, integralidad, trabajo en red, decolonialismo e interseccionalidad.
También cuatro anexos: el primero referido a la construcción colectiva de la iniciativa; el segundo al compendio normativo internacional, nacional y provincial que obliga al Estado a abordar integralmente la problemática; el tercero es la guía de funcionamiento del Sistema Provincial de Protección a Mujeres y Personas LGBITQ+ en Situación de Violencias por Motivos de Géneros (decreto 449/20 y su funcionamiento ampliado); y el cuarto anexo agrega el Modelo de Acta Acuerdo para la ejecución de las acciones concretas que se establecen, la que deberá suscribirse con las autoridades competentes.