Un relevamiento mensual del costo de alimentos marcó en mayo un aumento del 5,86%. En los primeros cinco meses del año, la suba ya alcanza el 21,9%.
Todos los meses se controla el precio de la misma canasta de alimentos en las mismas cadenas de supermercados y se calculas el gasto mensual de una familia de clase media de cuatro integrantes: en mayo, necesitó unos $31 mil para adquirirla; hace un año, necesitaba unos $10 mil menos.
La progresión permite observar cómo se aceleró la inflación. Con la excepción de abril, este año los incrementos mensuales siempre superaron el tres por ciento. El dato de mayo es el más elevado de 2021: hasta superó el sorprendente 5,6% de enero.
Medir la evolución de una serie de alimentos no equivale a calcular el índice de precios al consumidor, que es más complejo. Pero nos ilustra en varios sentidos.
Por un lado, permite advertir que la proporción del salario que se destina a alimentos crece de manera inexorable. Hace varios años que los ingresos de los trabajadores argentinos pierden frente a la inflación. Pero esa brecha crece más si el aumento que registran los alimentos es superior al índice de precios al consumidor. Por lo tanto, la economía familiar tiene que reajustarse periódicamente: o se baja el consumo de alimentos o se reducen otros consumos para mantener aquel más o menos constante, inyectándole más dinero.
Por otro lado, sirve como argumento para reafirmar el fracaso de las políticas intervencionistas elegidas por el gobierno nacional para congelar los precios de la canasta alimentaria. Los controles de precios y los planes como Precios Cuidados no frenaron ni revirtieron la tendencia al alza. Por el contrario, hasta provocaron desabastecimiento de varios productos. O incentivaron a las empresas a modificar su presentación para poder fijar nuevos precios.
El Gobierno llegó al extremo de querer controlarles los niveles de producción. ¿Qué logró? Nada. O peor aún, el efecto contrario al buscado: los precios no bajaron, siguieron subiendo.
El presidente Alberto Fernández dijo el martes que la inflación es un problema que «apremia» y que «está pendiente de resolver», que «trabaja todos los días para intentar resolverlo».
Si así lo hace, va por el rumbo equivocado. Así, el Gobierno prohibió la exportación de carne, esgrimiendo que los productores especulaban y que pretendían fijar en el mercado local el equivalente de los precios internacionales. De nada sirvió que se demostrara que casi todo lo que se exporta son cortes que los argentinos no consumimos, de modo que estaríamos frente a dos mercados con demandas muy diferentes.
El resultado es que los cortes de carne que integran la canasta alimentaria aumentaron en mayo, en promedio, 7,2%. El programa oficial Cortes Populares, que se había implementado en abril y que no alcanzaba a las carnicerías sino a los supermercados, al mes siguiente ya no regía.
Argentina necesita un plan antiinflacionario de verdad. De nada sirve seguir culpabilizando a los productores de alimentos. Los diagnósticos errados sólo generan el agravamiento del problema.
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