Las secuelas sociales de la pandemia

Las secuelas sanitarias que va dejando el coronavirus se reflejan en la cantidad de muertes y de contagios que se han registrado desde que la pandemia se declaró en la Argentina, a mediados de marzo del año pasado.
A ese contexto epidemiológico, que aún continúa y que la propia ciencia no está en plenas condiciones de pronosticar su final, se suman las consecuencias sociales y económicas a raíz de una prolongada cuarentena por la pandemia que paralizó durante meses la mayoría de las actividades comerciales y de la producción.
La situación obligó a centenares de negocios de distintos ramos a cerrar definitivamente sus puertas, y con ello provocó la otra debacle: desaparecieron miles de empleos. Traducido a la cruda realidad, miles de familias se quedaron sin el sustento diario para cubrir las necesidades básicas de un hogar; entre ellas, el pago mensual del alquiler de una vivienda.
De esa forma, comenzó el fatigoso éxodo hacia las villas y los asentamientos populares, cuya expansión creció en los últimos meses en los grandes conglomerados del país.
Es el deterioro de los derechos sociales, que venía con indicadores negativos desde antes de la pandemia y que los Estados no pueden atenuar ni siquiera con los planes asistenciales.
Como informamos días atrás sobre la base de testimonios de referentes de agrupaciones sociales, se trata de un fenómeno que creció de manera constante en los últimos meses. La gente ya no tiene dónde vivir y apela a la penosa solución de construir un refugio precario, a veces con bolsas de nailon y cartones. La vulnerabilidad en grado extremo.
Para completar el cuadro de marginalidad, los mismos dirigentes dan cuenta del incremento exponencial de los comedores comunitarios y de las ollas populares, espoleado por la llegada a esos asentamientos de familias que se cayeron de la clase media baja para pasar a engrosar los índices crecientes de pobreza en todo el país.
Son cuantiosos los registros de organismos oficiales y no gubernamentales que advierten sobre la crisis alimentaria que golpea a grandes franjas de la población. Pero no hay excusas oficiales que valgan cuando ese flagelo afecta a la niñez en desamparo.
Del mismo modo, la crisis habitacional es una deuda de viejo arrastre. Falencias que tanto la administración nacional como los gobiernos provinciales no han logrado zanjar en función de programas de ejecución y de promoción accesible en materia de financiación para la clase media.
Ni que hablar de las familias que ahora viven en predios donde no hay servicios de electricidad ni de agua, por enumerar las carencias más elementales. ¿Tiene el Estado un registro de la cantidad de gente que habita en condiciones de flagrante indignidad?
Es imperativo que a la par de las contingencias sanitarias, el Estado acuda en auxilio de esa franja de la población que ha quedado a la intemperie.