Legisladores median para que familias en riesgo de desalojo no queden en la calle

Cerca de 70 familias de asentamiento 31 de agosto, recibieron el lunes una orden de desalojo de la Fiscalía 10, lo que generó la preocupación y la intervención del movimiento Túpac Amaru, con el que comenzaron gestiones en la legislatura para mediar en este conflicto, y encontrar una solución.
En este sentido, un grupo de legisladores se habría comprometido a reflotar un proyecto de expropiación que fue presentado en 2018 por el diputado con mandato cumplido Aurelio Díaz, que ante la falta de tratamiento fue archivado.
Tras presentarse en el anexo legislativo en busca de novedades, el dirigente de la organización, Héctor Pelado Gómez, en contacto con LA VOZ DEL CHACO, explicó: «En este caso hemos estado en contacto con la Cámara de Diputados y le pedimos también a la doctora Lourdes Polo que está en el Ministerio de Justicia para que medie en esta situación.
Por lo menos que tome en consideración a las 70 familias que van a ser desalojadas, la doctora Polo habló con la fiscala 10 y nos dieron una prórroga por 30 días, queríamos informar eso y que acompañen la propuesta para la presentación de un nuevo proyecto de zonificación de la expropiación del asentamiento 31 de agosto».
En este sentido, destacó que cuentan con el compromiso de los legisladores Rodrigo Ocampo, Griselda Ojeda, Andrea Charolé, Gustavo Corraldi, Jesica Ayala y Juan José Bergia, y también la presidenta de la Cámara, Elida Cuesta.
«Desde la organización nacional Túpac Amaru estamos muy preocupados porque este asentamiento tiene más de seis años y tiene construcciones en estado avanzado, son casas que se hicieron con el sacrificio y el trabajo de esas personas, sin la ayuda del estado, hicieron de material su casita, y el desalojo compulsivo implica tirar abajo con topadora todo lo que se construyó en el terreno, por eso hoy nosotros queremos poner al tanto a la sociedad que hay una fiscal que dio lugar a eso, que nos dio la posibilidad de 30 días para poder poner en orden este tema», indicó.
Asimismo, recordó que «este fue un asentamiento espontáneo en la calle Timbó y casi Soberanía Nacional, son asentamientos que tiene seis o siete años de existencia».
Gómez recordó que ya existe un proyecto de expropiación presentado por el diputado con mandato cumplido Aurelio Díaz, «que no fue tratado y fue archivado. El compromiso es actualizarlo y tratarlo nuevamente en la próxima reunión de comisión de tierras, y lo que dicen es que se le va a dar un tratamiento preferencial con resultado favorable, nos dicen los diputados, que están de acuerdo todos los integrantes de la comisión de tierra para sacar la ley de expropiación», anticipó.
En este sentido, explicó que «los terrenos son privados, tiene una deuda impositiva muy fuerte, y estuvo todo este tiempo en total estado de abandono, por eso ese lugar se usaba de basural, y a partir de la formación del asentamiento, como tantos otros, se empezó a ocupar por familias que no tenían lugar donde estar».
«Una crítica constructiva que hacemos es que hay una oficina de expedición con respecto a este tema en el ministerio de tierra pública, donde hay una oficina que justamente es para conocer en profundidad los problemas y este tipo de dificultades para poder mínimamente empezar a ver de qué manera ayudan a resolver el problema, por eso nos parece relevante poner de manifiesto que no se hizo lo que correspondía hacer», finalizó el dirigente.