Impulsada por la diputada nacional por el Chaco, Lucila Masin, la Cámara baja dio su media sanción a la modificación de dos artículos de la Ley Nacional 26130 de contracepción quirúrgica, que permite equiparar derechos para la vida sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Con cambios en dos artículos (2 y 3) se explicitaron las mismas garantías que para otros adultos en el acceso a una ligadura de trompas de Falopio o a una vasectomía en el sistema de salud pública.
«Con la redacción anterior, un familiar o personal del sistema de salud podía decidir por ellas», recordó la diputada nacional.
En sintonía con el nuevo Código Civil y Comercial, la aprobación en la sesión especial del 1 de julio fijó un régimen de aplicación para las prácticas, manteniendo la mayoría de edad y explicita el consentimiento libre e informado tanto para aceptar como para negarse.
La diputada Masin lamentó que aún existan casos en los que se cercena el derecho a formar una familia o a decidir el momento para hacerlo. «Nos encontramos con muchas personas, la mayoría mujeres, que no podían planificar su proyecto de vida porque les habían hecho una ligadura sin su consentimiento o sin haber sido informadas».
Como secretaria de la Comisión de Discapacidad, la legisladora además planteó que «saber en qué consiste una práctica es respetar los derechos consagrados en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, un tratado de rango constitucional en nuestro país».
Hace años que el proyecto de ley es impulsado colectivamente junto a asociaciones de personas con discapacidad, como Redi y Fusa, tomando como base el proyecto de la exdiputada Gabriela Troiano.
la necesidad de
estas reformas
En contacto con Radio Libertad, Masin además explicó: «Principalmente lo que buscamos es modificar el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad, porque tal cual estaba la ley, sin estas modificaciones, nos encontrábamos con situaciones, era que predominantemente en mujeres con discapacidad, que eran sujetas de toma de decisiones o de prácticas invasivas de su cuerpo sin su consentimiento», describió. «Lo que sucedía era que terceros terminaban tomando una decisión por encima de los derechos de personas con discapacidad, y cuando digo terceros, digo desde el sistema judicial hasta un familiar, un equipo médico que atendía la consulta», enumeró. «Lo que pretendemos es sostener los derechos de personas con discapacidad, principalmente su autonomía e independencia y, por supuesto, en consonancia con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la Convención de los Derechos Humanos y de las personas con discapacidad que la verdad que en nuestro país tiene rango constitucional desde 2004», recordó.
Más adelante recordó que «la ley determina dos prácticas que es la ligadura de trompas de Falopio o vasectomía, por eso decimos que la ley tiene alcance para todas las personas con discapacidad, más allá de identificar que hay una preferencia o casos más explícitos que suceden en mujeres, sobre todo en transitar determinados embarazos, hay casos que sucedieron en Jujuy que atribuyeron hasta una situación de genética para impedir el embarazo de una chica con discapacidad intelectual. Lo que sucedió en Río Negro, donde el Superior Tribunal de Justicia, también falló con las mismas características y el mismo alcance», ejemplificó. «Son casos en los que se avasallan los derechos de personas con discapacidad sobre todo también impide pensar o garantizar un proyecto de vida entonces, me parece que es importante que el Estado esté para regular y garantizar que aquellas prácticas que han sido internalizadas por la sociedad y la comunidad, pensando y entendiendo que la persona con discapacidad no son capaces», consideró. Al mismo tiempo analizó: «Siempre se antepone la discapacidad a la persona, y la verdad que esta interpretación debe ser al revés, primero está la persona y después la discapacidad», sostuvo. «Entonces me parece esencial que podamos garantizar el derecho fundamental, humano, para las personas con discapacidad que además está en consonancia con los distintos órganos y comités internacionales que han solicitado a los estados parte, en particular a nuestro país, modificar este tipo de artículos justamente porque implica una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad», consideró.
Por otra parte la legisladora destacó que «estas modificaciones también surge de las propuestas de las organizaciones para las personas con discapacidad, de un trabajo colectivo, conjunto, de retomar una propuesta que había hecho en su momento la diputada de mandato cumplido de Gabriela Troiano, que ha militado muchísimo esta iniciativa y esta modificación, mujeres con discapacidad que participaron y han sido escuchadas, como así también con especialistas como Alicia Herrera o Natalia de la Torre que han sido sustanciales en la elaboración y modificación de esta propuesta, y me parece que las mejores propuestas parlamentarias surgen de estas opiniones diversas», opinó.
«Siempre creo lo que queda es la legislación, pero lo cierto es que detrás de eso hay un montón de compañeros y personas de sectores que hacen posible que la ley pueda modificarse y tratarse en el recinto. Ese avance y ese logro se debe justamente en definitiva al trabajo colectivo de un montón de sectores que han aportado al debate», finalizó.