Una evasión fiscal de al menos $155 millones es lo que llevó a la Fiscalía Federal de Resistencia a ordenar, ayer por la mañana, nueve allanamientos en distintos puntos de la provincia. Agentes secuestraron varios vehículos y embargaron inmuebles.
Por esta causa hay seis personas en la mira de la Justicia, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a la emisión de facturas apócrifas, tanto para bajar el monto de impuestos a pagar como para justificar gastos en organismos públicos. Entre los sospechosos está el secretario de un conocido dirigente piquetero.
El contador Walter P. está sindicado como presunto líder de esta organización criminal. También están imputadas su pareja, Diana D., abogada y empleada del gobierno del Chaco en el área del Instituto de Agricultura Familiar; la suegra de P., Juana B.; y sus hermanos, Álvaro y Carlos P. A estos se les suma Fernando A., secretario del dirigente social Raúl Tito L.; y la esposa de A., María José R.
En su requerimiento de instrucción judicial, el fiscal Patricio Sabadini estableció que los imputados habrían conformado una organización ilícita con la finalidad de generar crédito fiscal espurio, evidenciándose una estructura de personas físicas y jurídicas utilizadas como usinas de facturas apócrifas para disminuir el monto de impuestos a ingresar al fisco nacional por parte de terceros contribuyentes e integrantes de la misma organización, ello entre otras maniobras ilícitas de carácter tributario que se habrían perpetrado desde principios de 2019 con continuidad hasta la fecha.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) estimó en poco más de $51 millones para el IVA y $103 millones para Impuesto a las Ganancias el perjuicio fiscal provocado, tomando sólo como referencia tres de las personas jurídicas utilizadas para emitir facturación apócrifa.
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